Esta semana todos los medios, aunque no con la misma intención, han informado de la reinhumación del dictador golpista Franco. El calificativo "dictador" no siempre ha sido utilizado suficientemente, pero ha quedado claro que Franco fue un dictador. Dictador, sanguinario y cruel. Eso último, sin embargo, no ha quedado muy claro para los bustos parlantes del star system televisivo. Los medios del régimen no se ahorraron de calificarlo casi como un abuelo buenazo. Comportamiento bíblico: blanquearon un sepulcro hogar de gusanos. De golpista, por lo visto y oído, nada de nada. En ningún sitio. Mala memoria histórica. Otro día hablaremos de adoctrinamiento, sedición y amnesiación, si se me permite el paraulo, social.

Pues bien, finalmente, servido en bandeja por la familia del golpista con sus patéticos recursos –alegando vulneraciones de derechos fundamentales; sí, ellos, derechos fundamentales–, Sánchez ha tenido una de las pocas alegrías que puede tener un político. Cosa rara: ha podido cumplir una promesa electoral. Y lo ha cumplido en pleno periodo electoral de unas nuevas elecciones que ha tenido que convocar –ya veremos si con el resultado que ellos, en apariencia, esperaban– debido a su patente incapacidad de llegar a acuerdos con nadie.

Aparte de la ausencia de lo mencionado sobre el carácter de golpista sanguinario de Franco, tres aspectos más me llaman la atención sobre la reinhumación, convertida en un plató de un talk show que bien se hubiera podido titular !Viva la muerte!.

Los tres tienen relación más o menos directa con la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, que actuó como notaria mayor del reino, título tan útil como la lluvia encima del mar. El primer aspecto que me llama la atención es que, si se trataba de un acto privado, ¿qué hacía una representación del gobierno central como el de la ministra-notaria?

Se podría alegar, en segundo lugar, que estaba presente en relación con la reinhumación de un jefe de estado. Lo que entonces resulta extraño es que, en un acto privado (parcialmente excluido a la vista pública), el golpista que usurpó a sangre y fuego el poder tenga esta consideración y todavía no haya sido desposeído de todos los cargos y honores civiles y militares. Algunas corporaciones e instituciones ya lo han hecho en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (LMH), por convicción u oportunismo o porque estuvieron forzados a otorgarlos en vida del golpista.

En todo caso un acto privado y con la presencia de la ministra-notaria resulta conceptualmente incompatible. Hay que tener en cuenta además que esta altisonante denominación de notaria mayor del reino es pura faramalla: ni es ninguna notaria ni de sus actos se desprende ningún tipo de fe pública que se pueda llamar propiamente notarial. Es un puro atrezo en determinados actos públicos gubernamentales o de la casa real, que ya tienen los canales adecuados para dejar constancia.

En tercer lugar, la LMH deja claras algunas cosas. Así en su art. 15. 1. se declara: "1. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”. I l’art. 16, referit en exclusiva a Cuelgamuros, és triplement il·lustratiu: “1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. 2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo. 3. En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

Entendiendo que la reinhumación da cumplimiento, 12 años más tarde, eso sí, en lo que prescribe, está claro que fue una exaltación, bien patética, por cierto, y llevada a cabo por exaltados y familiares, del golpista y de su obra. Y la ministra-notaria hieraticamente presente y sin levantar acta de nada. Ante unas abiertas ilegalidades –no digo que sean delito ni que tengan que serlo–, Delgado, impasible, hizo como si todo el esperpento no fuera ni con ella ni con la democracia.

Cómo ha puesto de relieve Bea Talegón en estas mismas páginas, sorprende el desdoblamiento de conducta de la ministra-notaria. Ante proclamas, actuaciones y gestualidades ilegales, calla y sigue asistiendo a la, digamos, ceremonia. Esta exaltación la ministra-notaria quiere que sea delito (cosa que no comparto). Así lo ha declarado a la Agencia EFE. Indignación tardía.

Es tardía si la comparamos con la reacción que tuvo el 5 de mayo pasado, a Mauthausen, en un acto internacional en memoria de los deportados y mártires españoles y catalanes en aquel campo de exterminación. Pues bien, cuando la directora general de Memoria Democrática de la Generalitat, Gemma Domènech, mencionó a los presos políticos, la ministra abandonó, disconforme, el acto.

Así pues, se puede deducir fácilmente que Delgado querría incriminar las ilegales exaltaciones de Franco que aguanta de pie, la mención a los presos políticos, que no es ilegal –lo vimos en la vista del juicio en el procés en la Sala del TS– le sentó como un tiro.

Difícil de entender. O demasiado fácil.

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