En la pandemia del Covid-19 que sufrimos, que requiere hoy por hoy más autodisciplina que medicinas, hay algunos sinvergüenzas que, en lugar de restringir sus salidas domésticas, salen de su guarida para aprovecharse de la situación.

Por una parte, tenemos a los espabilados habituales que ven en el confinamiento más o menos laxo de la población una buena oportunidad de enriquecimiento ilícito. Así, se presentan en los domicilios de personas o familias que consideran indefensos y ponen en práctica dos estrategias. La base de ambas es generalmente la misma: hacerse pasar por personal sanitario que viene a verificar su salud.

Una vez se les abre la puerta, optan por una de estas dos alternativas: la sustracción de bienes o la estafa. El hurto, es decir, robar sin fuerza ni violencia, se practica sobre la marcha sobre objetos que se ven. Más serio es el atraco domiciliario: una vez dentro, se amenaza, se deja inconsciente o se ata al residente y, con cierta tranquilidad, se procede a hacerse con los objetos más valiosos posibles.

El otro método radica en la estafa: exigir dinero aparentando la prestación del servicio sanitario del tipo que sea, desde una mera inspección de la vivienda o medir la temperatura. Son conductas defraudatorias, constitutivas de delito, pero parece que cada día son más infrecuentes.

Una serie de negocios establecidos formalmente, nada de mercado negro como antes, sustraen bienes de primera necesidad con un doble objetivo: encarecerlos y/o racionarlos a voluntad

Lo que sí que resulta gravísimo, y nos retrotrae a tiempos muy negros, es el estraperlo.

Ahora, una serie de negocios establecidos formalmente, nada de mercado negro como antes, sustraen bienes de primera necesidad ―medicamentos y productos sanitarios y/o algunos productos alimentarios― con un doble objetivo, que puede ser acumulativo: encarecerlos y/o racionarlos a voluntad.

Antes eso lo hacían los canallas, los piratas de tierra, los del haiga. Ahora lo hacen, con productos sanitarios y medicamentos, por lo que me llega, empresas oficialmente establecidas en el mercado, por ejemplo, doblando el precio de ayer a un pedido hecho hoy. Así, por la cara. Hablo de algunos suministradores de productos para la salud. Pero dentro de poco podemos estar hablando de otros productos igualmente esenciales. Este tipo de estraperlo se ha convertido en un delito de guante blanco y no de uñas sucias, hecho desde despachos bien amueblados y no desde oscuros cuchitriles.

En su declaración post Consejo de Ministros de hoy, el presidente Sánchez ha mencionado estas prácticas anticonsumidores, afirmando que serían puestas en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Buen gesto, pero poco efectivo, ya que el aparato investigador y sancionador de esta comisión hacia las conductas ilegales quedará, por la naturaleza de la comisión, en papel mojado. Los ayuntamientos, sin embargo, a través de las oficinas de consumo, tienen una tarea importante, y para la cual, en teoría, están medianamente dotados. Ya veremos.

En cambio, sí que creo que hay que reactivar un delito histórico, que todos los códigos penales conocen. Me refiero al delito de acaparamiento de bienes de primera necesidad, como los productos sanitarios que requerimos en esta pandemia o los productos de aclimatación básica y común.

El vigente Código Penal en su artículo 281 castiga a quien sustrae del mercado materias primas o productos de primera necesidad para acapararlos con el fin de desproveerlo o forzar una alteración de los precios en perjuicio grave de los consumidores. La pena es prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Pero como el delito se lleva a cabo en época de grave necesidad o catastrófica ―¿qué es, si no, una pandemia?―, la pena sube algo: prisión de cinco a siete años y seis meses más multa de veinticuatro a treinta meses.

Pues, hay que estar muy atentos: alertar a las personas más vulnerables, tanto a los adolescentes como a las personas mayores menos avispadas y, nada más percibido el intento, denunciarlo. También sería recomendable que la Fiscalía destinara algunos efectivos a esta misión, quizás redirigiéndolos, pues parece que realmente interesa a la ciudadanía por lo perjudicial que puede resultar.

No sea que, al fin y al cabo, salgamos de esta con la salud poco afectada, pero con el bolsillo vaciado.