La visita, extraña visita —religiosocultural quizás—, del Rey a Catalunya hizo patente una vez más no sólo la distancia entre la Corona y una parte parece que mayoritaria de la ciudadanía del Principado. Reveló una nueva laceración ilegítima de derechos, a la cual prestó una gran colaboración la Conselleria d'Interior.

Así es. Cuando visita un país un jefe de estado o primer ministro tiene lugar una lógica coordinación entre los servicios de seguridad de la alta autoridad y las locales. Así pues, normalmente se construyen dos o tres anillos. El más próximo al dignatario está formado por su propio servicio de seguridad y las anillas exteriores, una o dos más, junto con los servicios de inteligencia, van a cargo de la autoridad visitada. Los agentes locales son los que mejor conocen el terreno.

En ningún momento, sin embargo, esta coordinación, absolutamente necesaria, supone una derogación del derecho vigente ni mucho menos de los derechos constitucionales y legales de la ciudadanía del territorio visitado, sea cuál sea su estatus jurídico.

El lunes, como pasó ya desde la coronación de Felipe VI, la policía, aquí los Mossos d'Esquadra, retiraban las banderas que no se parecían a la española actualmente oficial. En España se retira la enseña tricolor republicana; en Catalunya, la estelada. Es más, en la zona, exageradamente blindada —¿cuánto costó el montaje?—, según testigos presenciales, no se dejaba pasar a quien llevaba la estelada.

La libertad de expresión, de movimientos y de manifestación están muy por encima del Rey, de su cuerpo de seguridad y de los Mossos

De esta manera se producen, según mi opinión, tres vulneraciones de los derechos fundamentales. Por una parte, la interdicción sin ningún tipo de base de una enseña que no está prohibida —ni puede serlo— y que es de libre exhibición, como es la estelada. De este modo, el derecho público fundamental a la libertad de expresión fue aplastado. En segundo lugar, llevarla, por lo visto, era una invitación a cerrarle el paso al portador. Con lo cual, sus legítimos derechos fundamentales a la libre circulación y de manifestación se mandaron a paseo.

Esto, aunque reiterado aquí y allí y más allá, no deja de ser algo más que una flagrante laminación de los mencionados derechos fundamentales, que, hasta ahora, no han comportado ningún tipo de responsabilidad para quien ha actuado de esta forma ilegítimamente lesiva para el patrimonio jurídico democrático de los ciudadanos.

Como explicación, Interior hizo público este tuit, con intención claramente exculpatoria, pero que resulta del todo inadmisible.

En efecto, ni el rey de España o de donde sea, ni su cuerpo de seguridad, puede decidir quién pasa o no pasa por llevar una bandera o lo que sea, mientras no represente un peligro. El cuerpo de seguridad del Rey no puede, no tiene ningún tipo de legitimación constitucional, decir qué banderas pueden ser admitidas y qué manifestantes pueden pasar o no. Ni el cuerpo de seguridad del Rey ni el de Mossos d'Esquadra. La libertad de expresión, de movimientos y de manifestación están muy por encima del Rey, de su cuerpo de seguridad y de los Mossos.

Lo que acabo de exponer es una pura obviedad, tan obvia que da reparo exponerla. Y da más que reparo, que en lugar de hablar de coordinación de seguridad —absolutamente necesaria—, Interior venga a hablar de sumisión de los Mossos a la seguridad de la Casa Real.

Por estas tierras se diría que algunos necesitan todavía dar un repaso a las reglas mínimas de protección del ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos. Lo que le guste o deje de gustar al Rey no es, en una democracia, fuente de derecho. Al contrario, tendría que ser el primero en tener el afán para que los derechos de estos a quienes se debe incondicionalmente sean garantizados en todo momento. De primero de liberalismo.

En conclusión: la orden y la ejecución de retirar esteladas y de no dejar pasar a sus portadores es totalmente y radicalmente nula y no está cubierta por ningún tipo de jerarquía u obediencia. Por si quedaba alguna duda.