El cantado relevo del major Trapero al frente de Mossos ha culminado esta primera semana operativa del nuevo año con una nueva cúpula policial en Catalunya. No hay nada raro en ello. Se inicia una nueva etapa con nuevos mandos, algunos, sin embargo, ya conocidos, y con una teórica nueva filosofía tanto en lo referente a la estructura en sí misma del mando del cuerpo, como con relación a una remodelación en el sentido de profundizar o crear nuevos hitos de modernización. Dentro de este contexto, nada que decir. Dentro de un tiempo, habrá que valorar el acierto en la elección de los nuevos dirigentes policiales y la implementación de lo que se presentan como radicalmente nuevas políticas de organización con sus propios objetivos.

De todos modos, hay tres puntos que llaman la atención. Aunque, reitero, hay que esperar, pero no demasiado, pues hay que permanecer muy atentos. El primer punto se refiere a la lucha anticorrupción. De acuerdo con todas las informaciones publicadas y nunca desmentidas, el jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal, el intendente Toni Rodríguez, y que además directa y personalmente llevaba las investigaciones en materia de corrupción político-administrativa, fue destituido al día siguiente de la revocación del major Trapero.

Por todas las informaciones hasta ahora conocidas ―en gran manera, de mucho antes― estas investigaciones, como suele ser habitual, resultan incómodas si no peligrosas para quien detiene tanto el poder formal como el informal. Una de estas investigaciones afectaba al mismo conseller de Interior de la época, Miquel Buch, ahora reacomodado como presidente y consejero delegado de Infraestructures de Catalunya. Otros cargos, como la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, en su etapa de directora del Institut de les Lletres Catalanes, también fue investigada por Mossos.

La lista de actuaciones, en gran parte ya conocida, no es corta. Afecta, entre otros asuntos, a las constantes derivadas de lo que podríamos denominar entramados generados a partir del famoso 3%, que los patriotas pusieron por delante de la construcción del país. Sea como sea, en esencia, afectan a altos militantes de la antigua Convergència, ahora muchos de ellos, no todos, sin embargo, integrados en Junts per Catalunya.

La dirección lo más colegiada posible, la feminización del cuerpo o la digitalización son objetivos primordiales. Ahora bien, tienen que estar al servicio de la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la garantía de la seguridad ciudadana

La colaboración de Daniel Osàcar, extesorero de Convergència y abandonado por su partido después de la condena por el caso del Palau de la Música, ha sido primordial: se ha puesto luz sobre unos secretos, que no eran secretos, pero estaban desprovistos de pruebas contundentes.

Salvo un giro adecuado de las cosas, choca la actitud de ERC, ahora, al frente de Interior. No se entiende que, con una trayectoria inmaculada en materia de corrupción, lleve a cabo la política que parece ―reitero: parece― que lleva a cabo. O, quizás, espera que los presuntos corruptos se cocinen en su propio fuego. Veremos.

Pero rumbo a Ítaca ―¿todavía se va?― no puede haber viajeros que, dada su trayectoria, venderían muy fácilmente el barco y dejarían pasaje y carga al pairo del mejor postor. Cuidado, pues, con la tolerancia con la corrupción. Igual que la mujer del César ―bueno, todas las mujeres y todos los Césares, para ser rigurosos― tienen que ser y parecer honrados, la lucha contra la corrupción tiene que ser incansable, caiga quien caiga. El binomio ser y parecer es ineludible e irrenunciable.

De la anunciada profunda remodelación del sistema policial catalán hay dos cosas que no hemos oído hablar. Una es la necesaria y profunda remodelación de la preservación del orden público, es decir, de las actuaciones de los antidisturbios, se llamen como se llamen las unidades que intervienen. Tenemos que recordar que el derecho de manifestación pacifica y sin armas es incontestable. Se ejerce sin más limitaciones, no sometidas a ninguna autorización de ningún tipo, que el espacio físico. La actuación policial está legitimada para producirse contra las manifestaciones no pacíficas y/o con armas.

La experiencia, sin embargo, experiencia personal y videográfica, demuestra que, en muchas ocasiones, quien han recibido golpes y otros maltratos han sido manifestantes pacíficos. No oír la voz de desalojar un espacio o no atenderla no es ninguna conducta que merezca ser zurrado. Y si hay que zurrar, tiene que ser proporcionadamente: la coacción física mínima necesaria. En este terreno se presenta un buen campo para reflexionar y actuar en consecuencia: con precisión quirúrgica ante la protesta y no tildando a los protestantes de ratas.

El otro punto sobre el cual reflexionar y actuar con pleno sometimiento al derecho y a la ley es la defensa en juicios de los mossos implicados tanto como presuntos autores de delitos o como víctimas de presuntas infracciones penales. ¿Tiene que ser esta una defensa universal y asumida por los servicios jurídicos de la Generalitat? ¿Qué papel tienen que tener procesalmente los sindicatos policiales? Las acusaciones de la Generalitat no se caracterizan por la templanza precisamente.

La dirección lo más colegiada posible ―no para zafarse de las responsabilidades que el mando comporta―, la feminización del cuerpo o la digitalización son objetivos primordiales. Ahora bien, tienen que estar al servicio de la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y de la garantía de la seguridad ciudadana. No en vano los derechos y libertades van antes que la segunda en la dicción constitucional. Tampoco es en vano, para asegurar estas misiones, la independencia de los policías judiciales, que en tal función no pueden ser apartados de las investigaciones sin la autorización judicial.

Fijar metas a alcanzar con éxito tiene que ser el objetivo principal. Habría que hablar de ello, cambiar lo que haya que cambiar y obrar en consecuencia.