El coeficiente intelectual es una medida de la capacidad mental de las personas. Es lo que, por regla general, entendemos como un medidor de la inteligencia humana. Así podemos saber cuánto de listo, dicho en términos vulgares, es un sujeto. El coeficiente democrático será, pues, la medida de la inteligencia democrática de los políticos.
Veamos a los políticos. De los políticos, además de su eficiencia a la hora de resolver problemas ―a la hora de crearlos están sumamente acreditados―, queremos, si vivimos en un estado que se dice de derecho, que sean demócratas, demócratas a todas horas y en todo momento, sin restricciones.
La Sra. Álvarez de Toledo, candidata cunera por Barcelona, afirma correctamente que España no es una democracia militante; pero lo que no puede ser, continúa, es una democracia estúpida. Para ella, una democracia estúpida es una democracia que reconoce los derechos que tienen los ciudadanos, cuando son ciudadanos que no nos gustan. Denota, al fin y al cabo, un coeficiente democrático deficitario. Pero hay que ser optimistas: todavía tiene mucho recorrido para mejorar. No está todo perdido.
¿En qué se nota el déficit democrático de la candidata cunera? En tres aspectos fundamentales. Por una parte, le sienta fatal que los presos puedan intervenir desde la prisión, aunque con grotescas restricciones, en la campaña electoral. Lo encuentra un escándalo. En una democracia estúpida, poner a los contrincantes en la prisión es un buen sistema para reducir el número de oponentes en unas elecciones o, simplemente, en una (re)toma del poder, que se considera propio, hoy por hoy en manos de unos inquilinos díscolos y oportunistas, guiados sólo por su egoísmo y resentimiento. La gente que piensa como la candidata cree que los únicos que tienen derecho al poder son ellos, libres, como salen de las cunas, de todo lo que detestan. Eso sí que es una democracia estúpida.
Otra razón para considerar muy deficiente el coeficiente democrático es equiparar a los presos, recordemos provisionales, a la espera de sentencia, como si fueran como sus, ahora forzadamente ex, compañeros: unos corruptos sin parangón, que les han hecho ganar, con financiación ilegal, un montón de campañas. Las Gürtels serían una muestra, pero no la única. O los violadores, también se refiere a los violadores. Curioso ejemplo en boca de la candidata, del sí, sí, sí, hasta el final de los tiempos.
Desconocer la presunción de inocencia en democracia, a menos que sea una democracia estúpida, es un error gravísimo
La candidata cunera olvida que los presos políticos son presos, hasta el momento, provisionales. Eso quiere decir, en una democracia que no sea estúpida, que sólo tienen limitado el derecho a la libertad ambulatoria. Ningún otro derecho más. Por lo tanto, su derecho al sufragio pasivo ―ser candidato en unas elecciones― está incólume y hay que garantizarlo, aunque sea de la manera patéticamente grotesca que se ha hecho. La mayoría de los condenados, entre los cuales sus excompañeros de partido, adalides de la democracia estúpida, y los violadores, tienen, por sentencia firme, impedido ser candidatos a unas elecciones. O sea, además de estúpida, una democracia así sería también ignorante.
En tercer lugar, sin tener suspendidos estos derechos, tales presos no pueden hacer ruedas de prensa por una razón ridículamente estúpida: no son candidatos. Por lo tanto, quien no es candidato no puede participar en las campañas electorales para pedir el voto para él mismo.
En fin, en la forma tronada que se ha llevado a cabo, que los candidatos presos puedan hacer ―es un decir― campaña electoral, no es más que una consecuencia del hecho de que, todavía, la democracia española no es estúpida: formalmente, rige la presunción de inocencia, los presos o condenados sólo tienen restringidos el derecho de la libertad de movimientos y los que, de acuerdo con la ley penal, se establezcan en sentencia.
Desconocer la presunción de inocencia en democracia, a menos que sea una democracia estúpida, es un error gravísimo. Error que es un vicio, una forma de comportarse, cuando a cada minuto se repite aquello de que los presos son golpistas, son delincuentes... Eso es propio de una democracia estúpida, porque desconoce el artículo 24 de la Constitución que tanto dicen defender y garantizar, así como otras normas igualmente relevantes, como la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9-3-2016, por la cual son reforzados en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio. Esta norma está en vigor desde abril del 2018, aunque España todavía no la haya aplicado.
El artículo 4.1. de la Directiva es muy clarificador: "Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable". Cierto es que la señora marquesa todavía no es autoridad ―lo será si resulta elegida―, pero quien aspira a ser autoridad en una democracia que ella misma reconoce como no militante, no puede pretender acceder a ella como si fuera una democracia estúpida. Es necesario que empiece a entrenarse en materia de derechos fundamentales, empezando, seguramente, por el derecho a la presunción de inocencia.
No más airosos salen otros candidatos. La diputada Arrimadas se dedica ya desde hace tiempo con afán digno de mejor causa nada más que tildar a los presos y exiliados políticos de delincuentes ya condenados, su coeficiente democrático se diría el propio, también, de una democracia estúpida. Al déficit anterior hay que añadir que ella y su partido se han instalado en otro mantra: afirmar que el candidato Sánchez indultará a los presos.
La intención de la pregunta es obvia, pero no es la que corresponde a una democracia no militante. ¿Qué cabeza democrática puede cobijar la idea de indultar a unas personas que todavía no han sido ni juzgadas ni, por lo tanto, condenadas? ¿Personas que se declaran inocentes, declaración que, aunque sin fuerza jurídica, sostienen muchos millones de personas aquí y por todo el mundo? La señora Arrimadas ―o tendría que decirle chavala?―, ella, ya sí, es autoridad. Olvida el artículo 24 de la Constitución y pasa por alto la norma europea vigente y transcrita.
Coeficiente democrático, ¿pero de qué democracia? ¿De una no militante o de una estúpida?