Todavía no han sido prohibidas estas palabras por la Junta Electoral (JEC), pero no hay que desfallecer. Lo pueden ser en cualquier momento.

Exagerado, puede pensar un lector templado. Quizás, pero sería coherente con el tratamiento como menores de edad, además de mentalmente débiles. La defensa mental de la ciudadanía es lo que impulsa a los censores a convertirse en padres protectores de una ciudadanía minorizada por su edad político-biológica.

Entre otros, tiempo atrás ya se prohibió, por ejemplo, exhibir el "no a la guerra" en periodo electoral, es decir, desde que se convocan las elecciones hasta que se produce el escrutinio. O lo que es lo mismo, 56 días de censura con cada elección. Este año, sin embargo, encadenamos, por la acumulación de comicios, desde el 5 de marzo, fecha de la publicación de la convocatoria de las elecciones generales hasta el 26 de mayo, fecha del escrutinio de las municipales y europeas. Es decir, 12 semanas ―el veinte por ciento de las que tiene un año― bajo el consumero de la JEC.

Sin embargo, el problema no es un problema de la JEC. El problema se llama ley electoral, que su arquitectura maestra es de 1977, o sea, preconstitucional. Se construyó con un espíritu democrático de urgencia, lleno de miedos irracionales y desconfianza hacia la población por parte de la clase política saliente y entrante. Lo que podía tener una justificación para las primeras elecciones libres, no lo tiene en una, según dicen, plena democracia.

No se puede hacer más el ridículo, basándose en una neutralidad que no figura ni en la Constitución ni siquiera en la conservadora ley electoral vigente prohíbe símbolos como lazos amarillos, esteladas en edificios públicos. Ahora, la prohibición de emitir expresiones como presos políticos o exiliados. Esta última prohibición se limita a los informativos confeccionados por los profesionales de los medios que integran a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no a los invitados a los diversos programas.

El problema no es un problema de la JEC; el problema se llama ley electoral, que su arquitectura maestra es de 1977, o sea, preconstitucional

Encima, hay que reestructurar la parrilla para dar dos horas de cobertura al resto de agrupaciones que se presentan a las elecciones y que no fueron incluidas en la manifestación de Madrid del 9 de marzo. No fueron incluidas por una simple razón: ni estaban.

Al fin y al cabo, la autoridad electoral, en tiempo de comicios, dispone de un lápiz rojo y es la directora de antena. Un poco orwelliano todo. Pero como somos la Arcadia de la democracia, del estado de derecho y habitamos el paraíso ambicionado por todos, pobres y ricos, ¿el modelo hispano será abanderado en el mundo de las que pueden ser tildadas sin rubor de democracias libres?

Pues, mira por dónde, España es el único país del restringido club democrático donde los organismos que supervisan la pureza de las elecciones con el fin de hacer realidad lo más posible un hombre, una mujer, un voto y la exclusión del fraude electoral, disfrutan de esta posibilidad censora y de reorganizar las parrillas de medios de comunicación ―teóricamente todos, pero sólo centrados en los de titularidad pública―.

Una ojeada al Reino Unido, Alemania, los Estados Unidos, el Canadá o, incluso, en la reglamentista Francia demuestra que el encargo de estas autoridades de supervisión electoral se centra ―y no siempre de las tres― en la integridad del censo electoral, de las finanzas electorales y del escrutinio y su pureza.

¿Dónde reside la anomalía española? En la desconfianza de los elegibles respecto de los electores. Tienen miedo de que no voten a su gusto, es decir, que no los voten. Por eso, los electos, agrupados en partidos políticos en los parlamentos, son los que hacen y deshacen las leyes electorales. El único norte: su pervivencia. Del derecho democrático y fundamental de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas a participar mediante representantes en los asuntos públicos (art. 23 CE), nada de nada. Este es el derecho que de verdad está en juego en unos comicios, el derecho de la ciudadanía; el de los representantes es un derecho instrumental referido al derecho de participación de los electores. Cosa similar sucede con el derecho de información: el titular del derecho a la información es el ciudadano, a recibir y a emitirla; el periodista tiene este derecho de forma funcional, con el fin de servir y garantizarlo.

Con un inveterado sentido patrimonialista de la cosa pública, es decir, caciquil, los partidos alfa mantienen la estructura básica de la legislación electoral predemocrática

Con un inveterado sentido patrimonialista de la cosa pública, es decir, caciquil, los partidos alfa mantienen la estructura básica de la legislación electoral predemocrática. Si se observan las resoluciones de la Junta Electoral Central del 27 de marzo del 2019, la última disponible, sobre censo o financiación, no hay ninguna consulta. Aparte de unas pocas cuestiones sobre el voto de ciudadanos con capacidades sensoriales diferentes, todo tiene que ver sobre expresiones, públicas o privadas. El grado de infantilismo es enorme; y las ganas de perder el tiempo, también.

Esta censura que, vía una timorata JEC, ejercen los partidos sistémicos, es uno de los peores síntomas de la deficiente salud de la democracia española. Regeneración, ni en pintura.

Sin embargo, esta infantil censura en el tiempo de internet es mucho más que hacer el ridículo: demuestra un déficit de la capacidad para aceptar críticas y soportar el disenso. Pero es que la forma de acatar las prohibiciones es tan legítimamente variada que pueden convertirse en un altavoz todavía más potente de la prohibición, que no es más que un intento de querer meter, como san Agustín, el mar en un pozo excavado en la arena de la playa.

Al final pasará como aquella escena donde el obispo remata a enfermo en El discreto encanto de la burguesía, el antepenúltimo filme de Buñuel. Todo el mundo sabía que estaba censurada y, al llegar el momento que el rollo saltaba, el griterío en la sala era una mezcla de rabia y burla, sobre todo de burla.

Además, estas absurdas polémicas sirven de espesa cortina de humo para tapar vergüenzas antidemocráticas incasables con un sistema que quiera ser considerado así. Desde las bolas de los candidatos de la derecha (aborto, insultos, imposiciones inexistentes...), muchos con ganas de hacerse un lugar en tanto que paracaidistas en las listas, pasando por los pucherazos internos (y más bolas) para escoger a los candidatos, algunas ya en los juzgados, las fechorías criminales de la policía patriótica, de sus creadores y/o amparadores, o de la nueva oleada de corrupciones del Partido Popular, que abarca ya cifras ultramultimillonarias...

Así pues, mientras pueda: caca, culo, pis.