El miércoles pasado, en el Arts Santa Mònica, la Plataforma "Som el 80%" de la mano de Òmnium emprendió una campaña por la amnistía de todos los imputados, condenados y exiliados por causa del procés. "Amnistia ara!" se llama.
Si, como finalmente se ha reconocido por parte del Gobierno, se tiene que desjudicializar la política, este es un paso esencial. Como todos los pasos que hay que dar en la buena dirección, serán pasos difíciles, llenos de paradas, de fuego amigo y, por encima de todo, de fuego enemigo. Muy y muy intenso, injustificado, sin ningún tipo de miramientos. Una muestra la tenemos precisamente en la judicialización llevada a cabo hasta ahora y que, de momento, no parece ni apaciguada. Judicialización siempre generosamente regada por medios que bordean la fallida o de ignota financiación.
El nuevo Gobierno judicialmente tiene poco margen de maniobra. Los jueces, pensados como garantía de los derechos y libertades, no se pueden ni tocar, aunque hayan rehuido su función, hayan tomado partido y hayan hecho de la ley un traje a medida de los intereses de los que es creen que son el estado, permanente, eterno. Dan de esta forma una vez más a la Historia de España una patada a la política, que para los patriotas de lata es pura contingencia. Cuando digo "los jueces", me refiero, y quiero dejar de una vez claro, a los poco más de dos centenares de jueces que ocupan las cúpulas de la justicia y otros órganos parajudiciales: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo al frente, con las respectivas fiscalías, Audiencia Nacional, JEC, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo... con algunas honorables rendijas, todo se tiene que decir.
Con la ley bien entendida y con una férrea voluntad política de diálogo el gobierno tiene en sus manos una mayoría en las Cortes que le permite legislar para modificar procedimientos y mecanismos de estos órganos, de limitar los mandatos de sus miembros, de diseñar un nuevo sistema de provisión de vacantes o de retirar a sus miembros con mandatos caducados, entre otras medidas. Y la reforma penal, procesal, orgánica y penitenciaria en toda su extensión.
Que algunas de estas medidas pudieran ser impugnadas ante del TC poco importa. Las leyes son ejecutivas desde el momento de su promulgación. Las estatales, además, no pueden ser suspendidas y los trámites ante TC, como sabemos, son largos. En definitiva, es devolver la pelota al africanismo de la última década y hacerle probar su propia medicina. Con una diferencia; ahora, a la persecución de la democracia y el bienestar.
Otras medidas las tienen en sus manos: la dirección de la Fiscalía, nada independiente a pesar de los que sesgadamente lo pregonan, la Abogacía del Estado y toda la administración general del Estado. No es poca cosa si de verdad se quiere hacer política.
En efecto, si se repite que hace falta dejar de lado la judicialización será porque la judicialización ha traído sólo mal, ningún bien. Si hubiera llevado el bien, no tendría sentido abandonarla. Parece que se deja de lado el ni quiero ni puedo del marianismo torpe y se entra en la etapa de diálogo, parece que abierto y con unas condiciones previas obvias, pero que no son más eso, previas y no finales. Nadie sensato podía pensar que el comienzo, si continúa y que no será breve, fuera de otra manera.
Dentro de este nuevo panorama, exigir por parte de la ciudadanía, para que sea vehiculado por los partidos políticos, una amnistía para todos los implicados en el procés es una premisa elemental y un objetivo difícilmente renunciable. Mejor dicho: nada renunciable.
En esta fase, la de la petición multitudinaria —en pocos días ya han firmado miles de ciudadanos— resulta primordial. La petición de amnistía tiene que ser un grito transversal de la ciudadanía. Así lo demuestran los primeros firmantes. No en vano impulsa esta reclamación una plataforma que lleva por nombre Plataforma "Som el 80%". No se trata de que un grupo de irreductibles indepes, inaccesibles a la moderación o a un prudente silencio, reivindique otra acción molesta en el estado. Nada de eso. El sujeto reivindicante es el 80% de los catalanes que quieren democracia, libertad y prosperidad. Es decir, quieren decidir su futuro, sea cual sea este futuro, que no está escrito, porque serán los ciudadanos con su inderogable voto quienes lo escribirán.
La amnistía, pues, no es una salida de tono de minorías encendidas y adoctrinadas. La petición de la amnistía tiene que ser, eso pretenden sus impulsores, el clamor más generalizado posible de la sociedad catalana. A ningún firmante se le pregunta —sería ilegítimo— qué vota, si vota o por la evolución de su voto... A los firmantes se les pregunta, si se encuentran concernidos por la forma de llevar el proceso contra el independentismo, si la injusticia legal vigente los golpea; se les pide que entre todos nos ayudemos a cambiar la situación. El cambio empieza indefectiblemente por la libertad de imputados, condenados y exiliados: libertad de todo tipo.
Para acabar, observe el lector que la petición de amnistía —es decir, borrar los delitos imaginarios de los procesos en vigor y en ejecución— no menciona el camino jurídico que haya que seguir para llegar. Le llaman amnistía, pero no se impone ninguna fórmula jurídica.
No se trata, hoy por hoy, de ofrecer una formulación legal concreta, negro sobre blanco, sino de manifestar la voluntad política de hacer tabula rasa con los castigos —reitero, injustos— que sufren una buena y significativa parte de la ciudadanía catalana. Cuando hay voluntad política, las formulas jurídicas están al servicio de la voluntad política. Para encontrar fórmulas adecuadas no hay que preocuparse.
Así pues, amnistía ahora!: haceos, por favor, el favor de firmar.