Los ocurrentes de guardia han hecho su hallazgo: Madrid, confinado, pero con bares, y Catalunya, no confinada, pero sin bares. El tema no es este. El tema es si hay gobernanza, es decir, buen gobierno que, como hace tiempo que repito, es un derecho fundamental de la ciudadanía europea.

La cuestión, vista desde la buena gobernanza, es cómo y de qué manera se ha decretado el estado de alarma en Madrid y se garantiza el contenido del confinamiento y, en especial, del confinamiento perimetral. En Catalunya, desde la misma perspectiva, hay que saber si las restricciones grupales y el cierre de la restauración y otras actividades, la virtualidad de la docencia universitaria y reducciones en el acceso a instalaciones culturales son las adecuadas. Los detalles los dejamos para otro día. Ahora se trata de ver el objetivo perseguido.

Una respuesta fácil es decir: ya lo veremos de aquí quince o treinta días o cuarenta-y-cinco. Un poco gratuito. El esfuerzo corre de la parte de los ciudadanos y profesionales, y merecen algo más que un respeto formal y tronado. Para acordar lo que han acordado los poderes públicos se han basado en los consejos de epidemiólogos, ponderados con la incidencia económica, pero sin mucha base empírica, ya que nadie sabe qué pasará, pues no tenemos experiencia.

El tiempo dirá, ya que nadie puede ahora asegurar beneficios en la salud pública, ni cuántos ni cuándo. Un detalle: ¿quién había previsto cómo sería lo que ahora se denomina la segunda ola de la Covid? ¿Por qué Europa, toda ella, se enfrenta a una acelerón, si bien desigual, hacia esta segunda ola, tanto la Europa hormiga, como la Europa cigarra?

Ahora bien, pronósticos médicos y económicos, en apariencia sensatos, hemos tenido un montón. Muchos de ellos, sin embargo, no se han visto plasmados en la realidad. La culpa, quizás, sea de la realidad que es muy tozuda y no se lee nunca ni ningún pronóstico ni ningún plan. O se desconoce la realidad, más cuando esta es nueva y mutante, como la de la Covid-19. Lo que ha estado de más siempre, por parte de todos, salvo sanísimas excepciones, es la prepotencia de la cual hay que ponerse a dieta urgentemente.

Todo eso sin dejar de tener en cuenta que disfrutamos de una sanidad pública exhausta por una primera ola de campeonato. ¿La primera ola con la sanidad pública —la mejor sanidad del mundo, como la banca, ¿recuerdan?, pero con una calidad humana que la ha hecho superior— sin presupuestos, sin el personal mínimo necesario, sin epis —¿recuerdan las fotos con bolsas de basura?—, sin PCR, es decir, a pelo, esta estropeada sanidad superó la prueba gracias a un sobreesfuerzo personal de sanitarios y ciudadanos fuera del común.

Una vez superada la primera ola, empezaron a desmontarse los parches puestos a toda prisa, es decir, se empezó a despedir a los contratados en precario, los rastreadores todavía son esperados y no se han hecho los PCR que hacían falta. Eso sí, el ministro de Sanidad anuncia con fruición la compra de millones de unidades de vacunas que no existen todavía y su generosa dispensación muy pronto.

Dicho esto, la rumorología ha traído el rumor de que quizás la Generalitat pedía, en una progresiva línea de endurecimiento en favor de la salud pública, un estado de alarma autonómico.

Se ha abierto un debate obvio sobre qué es mejor: si acordar las medidas que permite la Ley Orgánica 3/1986 —que es sumamente generosa con el estado de necesidad que contempla en su art. 3— o mediante un estado de alarma llamado autonómico (art. 7 LO/1981). Dado que ambas posibilidades afectan derechos fundamentales, que no se suspenden, y que, como acuerdan los tribunales, el estado alarma sólo se puede aplicar con parámetros de proporcionalidad, la diferencia entre las medidas de emergencia sanitaria y del estado de alarma radica en un tema organizativo de máxima relevancia.

El estado de alarma, que decreta el gobierno central, supone siempre una concentración de poder: la dirección superior del presidente del gobierno central. Si se decreta un estado de alarma de ámbito autonómico, esta dirección superior puede ser traspasada al presidente de la comunidad autónoma que lo ha requerido, como prevé la norma citada.

Esta y no otra es la cuestión, según mi opinión. De nuevo, la gobernanza: ¿aceptaría pedir la Generalitat a Madrid un estado de alarma y aceptaría Madrid que la autoridad competente fuera el presidente de la Generalitat? Visto el desbarajuste del inicio del estado de alarma, comandado por quien no tenía ni competencias ni infraestructura, desde el punto de servicio a los ciudadanos, no tengo la más mínima duda de que la mejor solución sería un estado de alarma en Catalunya gestionado por Catalunya. Lo que no está tan claro es que la administración catalana fuera plenamente eficiente ni que el Estado le prestara sin pesares toda la ayuda que hiciera falta.

El sueño de la buena gobernanza no parece cerca. Me gustaría mucho equivocarme.