Estos días los medios hablan mucho de la renovación de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien por gentileza de sus patrocinadores, seleccionadores y guías ya se les ha dado hecha su primera tarea: elegir como presidente al actual presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena. Salvo sorpresas, que nuestros débiles corazones seguramente no resistirían, todo el pescado, de la cabeza a la cola, ya está vendido. Solo los candidatos propuestos por Juezas y Jueces por la Democracia llevan en su programa la negativa a seguir esta manipulación originaria.

Ante el abuso y la desviación de poder, cuyo olor a podrido se huele desde Dinamarca, no es extraño que el GRECO, en su último informe sobre la corrupción en España (hecho público el 3-1-2018), propusiera que fueran los jueces quienes escogieran a su órgano de gobierno: la desvergonzada y escandalosa partidización de los nombramientos del CGPJ, secuestrado por el bipartidismo reinante, invita a volver a esta fórmula. Por este sistema, endogámico, corporativo y nada democrático, ya se intentó. Lisa y llanamente: confunde un poder del Estado con una comunidad de propietarios, dado que los jueces se lo guisarían todo, al margen de cualquier control democrático externo. Y los poderes democráticos tienen que estar controlados democráticamente, no sólo jurisdiccionalmente.

El juez, como todo hijo de madre, no es un ser puro, sin ningún atributo pasional: amor, ambiciones, amistades... política. Los jueces son como el resto de ciudadanos, con sus vicios y virtudes; se distinguen, sin embargo, por el poder casi atómico de que disponen: poder decidir, en frase clásica, sobre la vida y la hacienda de los ciudadanos y sobre el comportamiento de todas las instituciones públicas y privadas.

Los elegidos por el bipartito no son necesariamente mejores que quienes los seleccionan. En efecto, si ahora existe partidización es porque los interesados en ser nombrados, los jueces, buscan su designación, en algunos casos, desesperadamente, de forma que duele verlo.

Pero hay más. Como es sabido, el artículo 122 de la Constitución prevé que en el CGPJ se integren dos bloques, el de jueces y magistrados y el de juristas. Llama mucho la atención que la reconocida competencia jurídica y una trayectoria profesional de como mínimo 15 años solo sea exigible a los juristas y no a los jurisdiscentes. Llama mucho la atención y eso podría explicar algunas disfunciones y algunas carreras de togas no precisamente en dirección a las sedes judiciales.

La solución no es volver a cambiar el sistema, sino cambiar la política. De entrada, sin embargo, hay que mantener el sistema de elección por parte del Parlamento, lugar donde reside cuando menos formalmente, la legitimación democrática. Entonces, ¿qué hay que modificar?

El cambio es hacer entrar por la puerta grande la decencia: empecemos por escoger a los mejores y no a los más amigos o, incluso, a los más proclives a fallar a favor de quien manda

Falla aquí, como falla la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y de todos los consejos y órganos de control habidos y por haber en cualquier rango: son sitios donde colocar a los afines. Así, los cortafuegos para garantizar la independencia de las funciones asignadas, aquí la del CGPJ, que es garantizar la independencia de los jueces, pasa, de hecho, a manos de quien puede laminarla a distancia. Así, los controles y los contrapesos desaparecen y la democracia se debilita a días vista.

El cambio es hacer entrar por la puerta grande la decencia. Empecemos por escoger a los mejores y no a los más amigos o, incluso, a los más proclives a fallar a favor de quien manda. El caso bien próximo de la revocación de la doctrina de la sección segunda de la sala tercera del TS que borraba un injusto privilegio fiscal a favor de los bancos con ocasión de la constitución de las hipotecas ha sido la última muestra. Pero vendrán muchas más.

La afinidad política o de amistad no puede ser nunca descartable; y, seguramente, para impulsar determinadas políticas de Estado no es intrínsecamente mala si respeta las líneas esenciales del sistema democrático, sin atajos ni deformaciones. Pensemos en políticas de género, de medio ambiente o de protección de derechos sociales o de minorías: ¿dónde quedaría el esfuerzo colectivo en manos de una administración judicial comitativa —sin legitimidad democrática de ningún tipo— contra dichas políticas? El rooseveltiano New Deal hubiera quedado en nada si no hubiera encontrado la complicidad del Tribunal Supremo norteamericano para mantenerlo.

Si pusiéramos la calidad delante y después la amistad o afinidad de los candidatos, el giro sería copernicano. Porque ahora mismo no es nada seguro que en nuestros órganos de control de los poderes públicos y de garantía de sus primigenias funciones estén los mejores. Sí es seguro que los más dóciles no andan lejos.

Un ejemplo para acabar. El anterior presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, a quien sus colegas le avalaron que hubiera ocultado su militancia en el PP, partido que lo propuso como magistrado, se presentó para convertirse en magistrado del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, incluso después de que la norma, que le hicieron a medida, fuera anulada judicialmente. Su currículum, formalmente, era impresionante: estudios de derecho, doctorados, cátedras en varias universidades, publicaciones en abundancia, miembro de diversos órganos de arbitraje laboral o consultivos, españoles e internacionales. Pues bien, este currículum, al cual añadió nueve años de magistrado del TC, del que los tres últimos fue presidente, no le permitió superar las audiencias, los hearings, de la comisión parlamentaria del Consejo de Europa, que es el órgano de selección de los magistrados para Estrasburgo. En la calificación obtuvo cero votos. En Estrasburgo, como en todas partes, existen presiones; incluso trapicheos políticos, como en todas partes. No son santos, ni falta que hace. Pero por regla general escogen a los mejores.

Para acabar, podríamos concluir que este estado de cosas que algunos osan calificar de regeneración —desde el 98!—, al fin y al cabo no tiene importancia, y que, a pesar de todo, a la gente —para el régimen, los ciudadanos son la gente— le da igual: el escándalo de hoy mañana se ha desvanecido.

No es seguro de que sea así. El marcador de la justicia elaborado anualmente por la Unión Europea sitúa España en la cola (entre los cinco últimos de 29) de los socios comunitarios en percepción ciudadana de independencia judicial. Es curioso que, una vez más, cuando la justicia española atraviesa las fronteras su reconocimiento baja en picado, ya sea en verificación de los derechos humanos en sede procesal, en colaboración interjudicial o en encuestas independientes. Curioso. O no.