No estamos en Todos los Santos (Halloween para los entendidos). Sin embargo, a pesar de haber entrado en la primavera, la oferta del viernes pasado de la vicepresidenta del Gobierno sonaba a truco o trato, a trampa u oportunidad. La alteración del formato de la rueda de prensa posconsejo de ministros, dando paso a una declaración del Gobierno central es insólita. Y es insólito que Sáenz de Santamaría diga que el Gobierno español ha analizado en un informe la petición de Carles Puigdemont sobre el referéndum de autodeterminación de Catalunya. Y más insólito todavía, que, después del análisis, lo haya invitado a exponer su propuesta ante el parlamento de Madrid, el lugar, según la vicepresidenta, adecuado para hacerlo.

De entrada, sorprende el giro gubernamental. Por primera vez se deja de lado el "ni quiero ni puedo" de Rajoy y se acepta escuchar la propuesta pública de referéndum en Catalunya. Y se acepta hacerlo bilateralmente: el president de la Generalitat es invitado a acudir al parlamento español para presentar sus pretensiones [sic]. Resulte lo que resulte de esta particular convocatoria, el Gobierno central ha dado un giro de, como mínimo, 120º: ha abierto un resquicio en su muro de intransigencia, resquicio más que notable. Así empiezan todas las negociaciones: una de las partes cede. Cede, claro, la que es interpelada; aquí, el Gobierno de Madrid.

No es el momento ahora de poner medallas ni de despreciar esta ventana de oportunidad, tildándola de propuesta falsa o de ralentizadora del procés. Lo importante es la llegada con las mínimas pérdidas posibles; no llegar a puerto, incluso habiendo luchado bravamente, no sirve en política. El hito del 100 por 100 en política no existe: ni siquiera en el tradicional talante africanista, versión ahora marianista.

Una segunda etapa –no quiero hablar de victorias, porque la que importa es la última- es la constatación del ridículo de clamar la ilegalidad en una manifestación ante el Ayuntamiento de Madrid. En efecto, la conferencia que el lunes pronunciará el president Puigdemont para hacer pública su propuesta en Madrid, por invitación de la alcaldesa Carmena, ha levantado ampollas.

Esta ilegalidad, sin embargo, se desvaneció con la invitación del Gobierno de Madrid. Ni es asumible que el Gobierno invite a la presentación de una ilegalidad en el parlamento ni que, calificada la propuesta de Puigdemont de ilegal, esta se sanara en poco más de un kilómetro, distancia existente entre la sede del Ayuntamiento madrileño y la sede del parlamento, en la Carrera de San Jerónimo. De hecho, las protestas, atizadas por el mismo Partido Popular, contra Carmena y el president, ya antes del anuncio monclovita, habían pinchado.

Dicho esto, con una brizna de esperanza, empiezan a nacer las desconfianzas. ¿Por qué esta convocatoria? ¿Para demostrar su inviabilidad y por lo tanto hacer que Puigdemont vea en primera persona su fiasco, como parece avistar García Albiol por dos veces?

Si es así, el cambio se vende corto y no valdría la pena comprar el billete, se podría sostener. Este camino ya se anduvo una vez, el 8 de abril de 2014: los comisionados del Parlament de Catalunya recibieron la colleja de la inadmisión a trámite de sus tres propuestas de referéndum o consulta, o como se quiera decir, para Catalunya. En poco más de cuatro horas, el régimen dio por archivado un problema. Más fuerte todavía, en mi opinión, este rechazo, que la sentencia del TC de 2010: más ciego y más irritante. El otro cachete parlamentario se lo llevó el lehendakari Ibarretxe el primero de febrero de 2005: inadmisión a trámite sin debate de su plan.

¿Ir a la Carrera de San Jerónimo o a la Plaza de la Marina Española a recibir una negativa rotunda, ya sabida, tiene sentido? Es una pura comedia, es la primera respuesta. Pero detengámonos y pensemos. Podría tener sentido y quizás habría que aprovecharlo con un doble objetivo: por una parte, dejar patente, otra vez, ante la comunidad internacional la cerrazón del régimen. De la otra, demostrar a todos los procesos penales abiertos, cerrados –pero pendientes de ulteriores revisiones constitucionales- y por abrir –por no abrir, más bien- que el mismo Gobierno central no considera ilegal que el president Puigdemont vaya al parlamento del Estado. Así es: va previa invitación gubernamental, a exponer no una decisión suya, sino el mandato de un Parlament mayoritario e inequívoco prorreferéndum. Atentos, pues, a este esencial resquicio que la misma Moncloa ha abierto en su argumentario de ilegitimidad perpetua del quehacer prorrefrendario del Parlament de Catalunya.

De todos modos, en puridad, lo que tocaría es ir al parlamento español o bien una vez finalizadas unas negociaciones tendentes a la realización del referéndum, o bien para obtener la autorización seria para empezar estas negociaciones. Hacer visible el cierre ideológico y, al mismo tiempo, dejar sin efecto la ilegalidad del referéndum me parece esencial.

Días interesantes se acercan. Y más teniendo en cuenta que el Gobierno central solo tiene dos oposiciones serias, vista la evanescencia y la sobreactuación de la oposición parlamentaria, la de Catalunya, y la persecución judicial por la corrupción a todas luces sistémica del partido del Gobierno. Un gobierno asediado desarrolla mucha inventiva para la supervivencia.