La propaganda del régimen, instituciones oficiales y prensa adicta y endeudada hasta las cejas, no se priva de proclamar que España es un Estado de derecho con separación de poderes. El menos sutil de los observadores constataría lo poco acertado de dichas afirmaciones.

El lunes pasado supimos por informaciones periodísticas, en un tono nada crítico, como la vicepresidenta española instó al presidente del Tribunal Constitucional a captar la relevancia de impedir la investidura del president Puigdemont.

Fuese la desavenencia entre los magistrados del TC real o no, la llamada queda confirmada y el resultado también: retorcidamente se permite la investidura del president, pero sometida a una gincana imposible. Dejando de lado que, para ser investida, a una persona que no está privada de sus derechos no le hace falta ningún tipo de permiso de nadie. Si tanta es la confianza en la separación de poderes y en la solvencia y la sabiduría de los magistrados, ¿a qué viene que desde el Gobierno se recuerde lo que, según todas las apariencias, es obvio y estaba cantado?

Igualmente, el ministro de Justicia una vez más ha leído la agenda judicial, dando hechos y fechas. Si hubiera separación de poderes, ningún miembro del Ejecutivo tendría que saber nada de ningún tipo de procedimiento, nada más que lo que sabemos el resto de los mortales. Si sabe algo, habría que preguntarse cómo y por qué. Las respuestas serían más inquietantes que las preguntas. Y si lo que está haciendo el Ministerio de Justicia es dictar la agenda al juez, entonces el boquete democrático sería todavía más colosal.

La libertad de Forn se condiciona no a su comportamiento, sino al de terceros

Las mismas resoluciones del TC que establecen sin base legal un dédalo procedimental para la investidura del president Puigdemont, después remachado, están redactadas en un tono, diría que exculpatorio, especialmente la primera. La conciencia de operar en el vacío legal podría ser la causa de ello.

Finalmente, el auto por el que se deniega la excarcelación del conseller Forn pone negro sobre blanco que, mientras uno sea independentista, aunque abjure de cargos y manifieste un acatamiento constitucional no exigido en ninguna parte, siempre queda a los albures de lo que hagan otros. Sin nombrarlo queda señalado el president Puigdemont.

Además de criminalizar al soberanismo, aunque se reconoce que es legítimo –contradicción insalvable-, se atribuye ausencia de voluntad propia al conseller Forn. En efecto, queda como alienado a la voluntad de otro, el president. Esta afirmación, al fin y al cabo, viene a dotar al soberanismo de una nueva conceptuación: la de secta. Todos sometidos al líder. Pieza nueva en el argumentario oficial.

Y lo que es más grave. La libertad de Forn se condiciona no a su comportamiento, sino al de terceros. En una sola resolución hemos roto dos principios del derecho penal democrático: no castigar los pensamientos o creencias (el fuero interno es inaccesible al derecho y al derecho penal muy especialmente) y que cada uno responde por sus propios actos, no por los actos de los demás.

En relación con la Catalunya soberanista, la electoralmente ganadora, el Estado de derecho es una entelequia

Vistas solo estas pocas muestras –¡pocas para una semana quizás no!- queda patente que, cuando menos en relación con la Catalunya soberanista, la electoralmente ganadora, el Estado de derecho es una entelequia.

Como dijo al presidente del CGPJ en el acto de inauguración del año judicial en septiembre de 2017, la unidad de España es la base del Estado de derecho. Este disparate jurídico y político muestra claramente cuál es la fuente del derecho –o de la fuerza revestida con pobres harapos jurídicos-. En efecto, la unidad ha pasado de figurar entre otros bienes jurídicos a proteger y a contrapesar a ser el motor del Estado. Ni la democracia, ni la separación de poderes, ni la prohibición de la arbitrariedad, ni la libertad, ni la justicia, ni el pluralismo político, ni la igualdad ni los inalienables derechos fundamentales son ya la base del Estado de derecho.

Pero si consultamos tanto las leyes como la jurisprudencia y la doctrina académica, veremos que la unidad de la patria no es ningún principio jurídico de derecho. No hay que gastar mucha tinta para eso. Así las cosas, lo que se construye sobre la unidad de la patria, con olvido del artículo 1. 1. La Constitución será un Estado, pero no un Estado de derecho.