Han intentado engañarlo varias veces y varias personas, pero el Tribunal de Cuentas es demasiado listo como para caer en la trampa. Porque, como dijo al poeta: "La verdad es como un cagarro, siempre flota". Y en el caso que nos ocupa, todavía mucho más. ¿Y cuál es la verdad que nos ocupa? Pues que, por mucho que lo nieguen destacados indepes, los declarados y los infiltrados, el referéndum del 1 de octubre se pagó con millones de euros de dinero público. ¡O más!

Sí, sí, ya sé que un indepe como el entonces ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, compareció el 31 de agosto del 2017 en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar que desde el mes de julio su departamento "había intensificado el control sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para evitar que la Generalitat pudiera usar dinero público en partidas para la celebración del referéndum". Sí, porque en aquella época el Gobierno controlaba las cuentas de la Generalitat de manera tal que el Departamento de Economía tenía que presentar certificaciones semanales que eran repasadas por el Ministerio. Y sé que en aquella comparecencia, Montoro afirmó con rotundidad que era "imposible desviar ni un céntimo". Y también sé, porque en el vídeo que le enlazo lo puede oír perfectamente, que afirmó, también textualmente, que "ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha gastado en financiar el referéndum del 1 de octubre. Garantizamos que no se destinaría y no se ha destinado ni un euro".

Y también sé que otro peligroso indepe infiltrado como Mariano Rajoy dijo el 7 de febrero del 2018 en el pleno del Congreso, y a preguntas del entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Y añadió lo que se puede sentir en este otro enlace:

Por lo tanto, ya sabemos que Rajoy y Montoro, trabajando a las órdenes del prófugo de la justicia Puigdemont y del delincuente Junqueras, mintieron a España (¡VIVA!) para tapar que el gobierno del PP financió el 1-O a través de la Generalitat. Pero si se pensaban que podrían engatusar al siempre hábil Tribunal de Cuentas, estaban muy equivocados. Porque el máximo órgano fiscalizador del dinero de la administración ha descubierto la mentira y ha cuantificado la cifra de fondos malversados en 4,14 millones de euros. Y ahora exige a los golpistas (un total de 20 personas) que en 15 días ingresen esta cantidad o si no les embargarán sus bienes.

Y ahora usted me preguntará: "Oiga, señor juntaletras, ¿por qué la cifra es de 4,14 millones de euros y no de 3,27, de 5,69 o de 156.053 millones de euros con 31 céntimos?". Bien, es que resulta que los demandantes, Sociedad Civil Catalana, decían que se habían gastado 2 millones de euros y la Fiscafina decía que eran 8. ¿Qué han hecho los señores y señoras Cuentas? "¿Sabes qué? Ni tú ni yo. Lo dejamos en 4,14, que es una cifra bonita y, además, capicúa".

Suerte tenemos que para salvar España hay organismos como el Tribunal de Cuentas (¡BIBA!), siempre atentos a las trampas de los indepes. De los declarados y de los que lo son pero disimulan, como Rajoy y Montoro. Organismos que tienen que soportar campañas de desprestigio como esta que dice que se dedican a hacer pagar al independentismo un impuesto revolucionario detrás del otro para ir destruyéndolo a través del bolsillo, cosa que todavía les sabe más mal porque son catalanes (¡ja, ja, ja qué chiste más bueno!).

Pero, a ver una cosa... ¿Viendo la manera como el Estado ha afrontado el conflicto con Catalunya, cómo es posible que alguien pueda pensar que el Tribunal de Cuentas podría aplicar un impuesto revolucionario? ¿Pero oiga, han perdido el juicio o qué?

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