Si hoy usted hubiera estado de cuerpo presente en el Parlament durante la votación de los presupuestos, habría pensado que aquello era una batalla campal sin tregua.

En un bando los diputados (y diputadas) de Junts pel Sí y la CUP, que aceptaban el dictamen de los letrados de la cámara sobre las consecuencias de aprobar la famosa disposición adicional trigésimo primera. En otro bando los diputados (y diputadas) de Ciudadanos, PSC y PP que pedían, primero la reunión urgente de la Mesa y después la de la Junta de Portavoces, para debatir el dictamen. Y, finalmente, los periodistas que teníamos que entender lo que pasaba para poder explicarlo después y que se entendiera. Y eso es lo que intentaré a continuación. A ver si lo consigo.

Dentro de los presupuestos que hoy se tenían que aprobar gracias a los votos favorables de Junts pel Sí y de dos diputados de la CUP "prestados" (los otros 8 "cuperos" se han abstenido) y con el voto en contra del resto de grupos, estaba la ya famosa disposición adicional 31ª:

Finalmente esta disposición ha incorporado, con el voto favorable de Junts pel Sí, un redactado de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) que asegura la legalidad estatutaria y constitucional del referéndum, ya que pide que sea acordado con el Estado. Pero Junts Pel Sí también ha votado una enmienda de la CUP consistente en sacar parte de la última frase de la famosa disposición adicional, cosa que la deja fuera de la legislación vigente y, por lo tanto, de la doctrina que mantiene el Tribunal Constitucional:

Por lo tanto, esta enmienda dice cosas que ignoran lo que repetidamente ha manifestado el TC y que ha implicado la presentación de querellas contra la presidenta del Parlament, los miembros indepes de la Mesa y el miembro de CSQP, Joan Josep Nuet (hoy ausente del pleno por un viaje al extranjero).

Y esto nos sitúa ya en la discusión del famoso dictamen de los letrados, consecuencia del no menos famoso informe del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). El CGE dice: "ojo, señores JxSí y CUP, si aprobáis vuestra Disposición Adicional, incumpliréis la doctrina del TC". Y lo que han hecho hoy los letrados del Parlament ha sido recoger lo que dice el papel del CGE y avisar a la Mesa del Parlament de lo que les pasará si hacían lo que finalmente han hecho.

A partir de aquí ha venido el posturismo de todos los grupos para manifestar y, sobre todo, para que se viera cuál era su posicionamiento. Y aquí ha sido cuando PP, PSC y Ciudadanos han intentado retrasar la votación de las enmiendas y del presupuesto argumentando que hacía falta que la Mesa se mirara el dictamen de los letrados del Parlament. Y a partir de este momento ha empezado una discusión sobre el reglamento que ha derivado en la posterior demanda de que se reuniera la junta de portavoces, cosa que ha rederivado en otra discusión sobre si había empezado la votación o no, cosa que invalidaba la posibilidad de reunir nada ni nadie. La presidenta ha cogido una inmensa raqueta de tenis, ha rechazado todos los argumentos de la oposición para dilatar la votación, ha dicho que la votación estaba en marcha y los presupuestos se han acabado votando y aprobando. Eso sí, en el momento en que han tocado las dos enmiendas de la Disposición Adicional trigésimoprimera, sus señorías de Ciutadans y PP han levantado los brazos para que quedara claro que no votaban. Ni sí, ni no, si abstención, ni todo lo contrario.

Pero, ¿realmente aquello ha sido una batalla campal como podría parecer? A ver, sí, ha habido vehemencia. Sí, ha habido momentos de mucho movimiento de brazos. Pero todo era muy profesional. Nada personal. Todo el mundo era muy consciente de cuál era el papel que le tocaba hacer y lo hacía a la perfección. El aire era el de "un día más en la oficina". Yo defiendo A porque me toca A y tú defiendes B porque te toca B. Y hoy sí que nos toca y nos toca lo que nos toca. A ti y a mí. Y lo hacemos.

Total, que ya tenemos presupuestos, que ya está viniendo otra querella contra la Mesa del Parlament y que, a la misma hora en que en el hemiciclo de la Ciutadella pasaba todo eso, conocíamos la sentencia del Caso Homs. Bonita sentencia donde la justicia política ha decidido penas diferentes para un mismo delito, dependiendo de cuál era el tribunal. Y resulta que en Madrit (concepto) la cosa sale más baratita que allí donde se regaña a señoras que fuman. Interesante. Sobre todo porque sabiendo ya la primera sentencia, el Supremo no sólo ha decidido no igualar la del TSJC, sino ir a la baja. Quizás es que ellos (y ellas) también saben cuál es su papel. O, precisamente, lo que pasa es que algunos no saben cuál es exactamente su papel.