Miquel Buch y Neus Lloveras, ex presidentes de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), respectivamente, han tenido que ir a declarar hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Los acusan de haber promovido el 1-O en el mundo municipal.

Sí, esta parte de la noticia es relevante, pero lo que lo explica todo es que esta es la tercera vez que Fiscalia lo intenta. Primero lo probó llevando el caso al Supremo y allí Llarena (sí, sí, Llarena, el empleado del año del Estado) pasó de todo. Después lo probaron llevándoselo al famoso Juzgado 13 que nuestroseñor lo tenga a la gloria (al juzgado). Y como que allí también les cerraron la puerta en las narices, ahora estamos en el TSJC. Y, supongo, que si aquí también les dan un abrazo muy cordial, el siguiente paso de la Fiscalía será ir a Masterchef Celebrity, a ver si allí por fin alguien les hace caso.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha dicho hoy que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo cuando fue acusado de intentar reconstruir Batasuna. Por lo tanto, si no tuvo un juicio justo, quiere decir que España juzgó injustamente Otegi. Y, por lo tanto, la condena fue injusta y España tuvo Otegi seis años y medio en prisión injustamente. Pero esta barbaridad no nos tiene que hacer perder de vista el origen del caso. Otegi no quería reconstruir Batasuna. Lo que quería Otegi y otros destacados miembros de la izquierda abertzale era que ETA dejara de matar y trabajar para lograr el derecho a la autodeterminación pero a través de vías políticas y sin armas. Por lo tanto, Otegi fue prisión por querer acabar con ETA de una manera diferente a cómo lo quería el Estado dentro del Estado.

En los dos casos nos encontramos con el relato de un Estado que quiere exterminar el nacionalismo periférico y que deja la solución en manos de la justicia. Y si con la ley no es posible construir el relato, la justicia de este Estado dentro del Estado fuerza la ley. Porque sabe que no le pasará nada.

Europa le dice a España que tuvo encarcelada una persona el tiempo que le apeteció, como ahora tendrá encarcelados a 9 políticos catalanes el tiempo que le parezca conveniente para escarmentar a la mayoría de catalanes y para demostrarles quien manda aquí. Muy bien, le dice eso, ¿y qué? ¿España tendrá que pagar dinero? No. ¿Les pasará alguna cosa a los jueces que fueron injustos a propósito, que es lo peor que puede hacer un juez? No. ¿Alguien pagará por los seis años y medio de prisión injusta de Otegi? No. ¿Pasará algo, en general? No.

¿Y pasará que un Tribunal Internacional obligue a España a explicar por qué torpedearon un intento de acabar políticamente con ETA? ¿Que España explique que encarceló Otegi para boicotear el intento de la izquierda abertzale de rehacer el escenario político en Euskadi? ¿Que lo encarcelaron por sus ideas y, además, aplicándole la ley de manera prevaricadora? La respuesta es no.

Y los catalanes tendríamos que tener mucho presente estas preguntas y estas respuestas porque el mismo Estado que hizo aquello ahora nos está aplicando a nosotros la misma receta. Aquí le llaman rebelión.