Una vez más cierta justicia. En este caso la que redacta sentencias que a la sociedad le cuesta mucho entender, por mucho que nos expliquen que son ajustadas a ley. Pero es que si una cosa hemos aprendido desde que la justicia y los jueces hacen lo que hacen es que la ley es de goma. Y ya se sabe que las cosas flexibles, se estiran o se encogen a conveniencia. O sea que eso del "ajustadas a ley", tiene días de todo. Ah, por cierto, también hemos descubierto que los jueces (y las juezas) tienen ideología. Aquí y en los EE.UU. Y que los tribunales deciden unas cosas u otras dependiendo de lo que piensan sus miembros. Y miembresas.

Es la misma justicia y los mismos jueces que después tienen actitudes personales y profesionales que desprestigian a todo el colectivo. Y cuando suceden estas cosas, incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene que imponerles sanciones. En el caso que nos ocupa "por falta grave de retrasos reiterados e injustificados". ¿Y sabe a quién han tenido que castigar? Pues a un magistrado y una magistrada que formaron parte del tribunal que dictó la sentencia de La Manada y que consideraron que aquello era un abuso sexual y no una violación en grupo. Vaya, qué casualidad, ¿no cree? O cuando los tiestos se parecen a las ollas y resulta que el tiesto y la olla son la misma persona. El tiestolla y la tiestolla.

Una de las multadas es Raquel Fernandino, que en la sentencia condenó a nueve años de prisión a los cinco acusados de la violación en grupo (uno de ellos militar y el otro Guardia Civil) y posteriormente defendió dejarlos en libertad hasta que no hubiera una sentencia firme (el Supremo acabó condenándolos a quince años). El otro es Ricardo González, mundialmente famoso por ser quien quería absolver a los agresores. El buen hombre se miró las imágenes que uno de ellos grabó y posteriormente colgó en la red y observó que aquello no era una violación. No, porque no había "dolor ni miedo" sino que "se podía percibir la pura y cruda excitación sexual". O sea, juez y también sexólogo e interpretador de intenciones y actitudes. Pero espérese, que ahora viene la excusa de los dos para justificar los retrasos y que está a la altura de "el perro se me ha comido los deberes y mi abuela ha muerto por octava vez".

A mediados del 2018 (o sea hace dos años y medio) tenían tres sentencias pendientes de dictar y cincuenta recursos de apelación que no acababan de terminar. En el caso de Ricardo González, pero, la cosa era una mezcla de Umtití, Démbélé y Griezmann porque en el año 2016 su productividad había sido del 63%, el 2017 del 72%, el 2018 del 69,5% y el 2019 del 75,5%. ¿Explicación del señor? "La repercusión negativa que tuvo a nivel personal y en el trabajo diario la reacción social a la sentencia" o "en casa no puedo hacer los deberes porque tenemos piscina y no puedo evitar la tentación de pasárme el día apalancado en la hierba". El problema de la jueza Fernandino era otro. Ella "estaba a punto de dictar las sentencias pendientes" o "no sufra que ahora le hago los deberes en un momento" pero resulta que había tenido que formar parte de la Junta Electoral Provincial y (¡OJO!) había tenido mucho trabajo encargándose de asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres. ¡ELLA! ¡Ella llevando temas de violencia contra las mujeres!. Caracoles, qué garantía cósmica. Y no precisamente para las mujeres. Pero ahora viene el repique de Fiesta Mayor.

¿Sabe el importe de las multas? ¿Sabe cuánto tendrán que pagar estos dos por los retrasos y la poca productividad? Ella mil quinientos euros y él setecientos. Y tema resuelto. Y a seguir haciendo de jueces. A su ritmo, no fuera caso. Y a los perjudicados por los retrasos que les den mocilla. Malagueña. Mucha. O si no, que se acojan a la justicia de otro país.

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