Seguro que alguna vez ha visto el clásico documental del Serengueti. Es la lucha por la supervivencia. Los animales se comen los unos a los otros usando todas las armas a su alcance. Los más fuertes y rápidos no tienen problema, pero las especie más lentas o más débiles se dedican a observar a las posibles presas y atacan a las que ven más vulnerables o despistadas. A ningún animal se le ocurre atacar una presa más fuerte o más rápida. Sería su fin.

Y eso es lo que ha pasado exactamente con el dictamen del Consejo de Estado sobre el pleno del Parlament donde tendría que ser investido Carles Puigdemont. Pero antes de desarrollar la idea, mirémonos quien lo forma y quien son los (y las) que se sientan en sus butacas para entender la magnitud de la depredación.

Para no alargarme mucho, citaré sólo algunos de los nombres: el presidente José Manuel Romay Beccaría (que en el año 1963 ya tenía cargo en el régimen de Franco), Landelino Lavilla, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Isabel Tocino, Ana de Palacio, José María Michavila, María Teresa Fernández de la Vega o Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Vaya, Estado en estado puro. Costra fetén total. 100% palco del Bernabéu. Y a esta lista añadimos más Estado: el director de la RAE, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa o el director del Centro de Estudios Políticos Constitucionales. Resumiendo, un organismo conservador con olor a rancio abolengo y con unas nulas ganas de complicarse la vida y donde el más joven tiene 70 tacos.

Pues bien, esta gente que nunca había dicho nada contrario a lo que le tocaba decir, le ha dicho al Gobierno, y más concretamente a la vicepresidenta Soraya txin-txin Afflelou, que "no existen fundamentos jurídicos suficientes para la impugnación de la propuesta de candidato a la presidencia de la Generalitat". Eso, traducido, quiere decir: "no podemos condenar por asesinato a alguien que todavía no ha matado a nadie". Una cosa que cae por su propio peso jurídico, pero és de una evidencia que sorprende mucho en el actual estado de la justicia española, donde la ley es de goma y envían a la gente a prisión por delitos que se intentan demostrar fabricando pruebas.

Y, decirle eso a Soraya txin-txin es una desautorización tan grande que sólo admite una lectura política: la han visto débil, han olido la sangre y han decidido ir a por ella. Como cuando el Estado vio débil al Rey emérito y decidió que tenía que abdicar. Y no paró hasta conseguirlo.

Que un grupo de venerables miembros del establishment con más pedigrí desautoricen el Gobierno en una cuestión relacionada con Catalunya y en el momento reciente de la historia donde más fuerte resuena el grito "todo por España" sólo tiene un nombre: golpe de estado interno. De momento en forma de pequeño aviso. Pero con bastante contundencia para que haya llegado donde tenía que llegar. Y, sí, la gran pregunta es "¿por qué lo han hecho? Cuál es el objetivo?". Bien, quizás el Estado empieza a dar por amortizado este Gobierno y explora otras opciones.

¿Quiere decir eso que habrá un cambio de rumbo? No. Como no lo hubo en el cambio de Rey. Estamos hablando de la propia supervivencia no de ninguna revolución. Es la serpiente que cambia de piel porque la antigua ya ha hecho su función. Aunque la serpiente se haya cambiado las gafas.