La justicia política española es el hazmerreír en los medios jurídicos europeos. Las desautorizaciones han sido permanentes y en Bélgica, Gran Bretaña y Alemania todavía ahora se tienen que aguantar la risa cuando recuerdan, por ejemplo, el nivel técnico de los autos presentados repetidamente por el juez Llarena relativos a las solicitudes de extradición. Naturalmente a ella (a la justicia política) y a él (a Llarena) eso les importa un bledo. Porque saben que no les peligra ni el sueldo, ni el puesto de trabajo, ni la pensión.

Si todos estos que afirman amar tanto España -y que la aman|estiman que expulsan a los otros del posible amor que pudieran intentar sentir- defendieran realmente la patria en vez de sus intereses personales y los de su estirpe, deberían estar muy preocupados. Ser la mofa y la befa en una cuestión como esta no les tendría que ser nada agradable. Pero a estos esto no solo les importa un bledo -también- sino que les lame un pie y las uñas del otro. Tamaño mejillón de roca.

Han usado la justicia, no ya como tercera cámara, sino para acabar con los derecho políticos y civiles de dos millones y medio de catalanes y encarcelar a quién hiciera falta y al precio que fuera para no permitirlos defender y expresar sus ideas políticas. Y lo más grave es que no pasará nada. Porque el árbitro que sube a rematar los córners nunca se saca tarjeta roja a sí mismo.

Las últimas horas hemos tenido dos nuevos ejemplos de esta manera de hacer tan descarada que incluso recibe collejas desde dentro mismo de la institución judicial: el caso de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el estado de alarma.

Sobre el archivo por parte de la Audiencia de BCN de la causa contra el ACM, la hostia se ha oído hasta Plutón. Concretamente ya en las afueras. Después de que el juez de instrucción del 16 y una fiscal hayan dedicado cuatro años de su vida y el dinero de todos nosotros a investigar un presunto caso de malversación y fraude por financiación ilegal del procés -con registros incluidos-, la Audiencia les dice que la tramitación llevada a cabo provocó la indefensión de los nueve investigados y la vulneración de su derecho a la intimidad. Del juez dice que a pesar de la resolución de la propia Audiencia pidiendo que levantara el secreto de sumario y entregar el material a los investigados, él lo prorrogó; que no hizo "un control efectivo de la investigación que llevaba a cabo la policía" y que los registros ordenados "no contenían una descripción de los indicios racionales". Sobre la fiscal afirma que "infringió principios esenciales expresamente recogidos en el estatuto del ministerio fiscal" como por ejemplo pedir datos a Hacienda "sin justificar la necesidad de obtenerlos".

El despropósito sideral lo explica perfectamente un informe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), al cual le dio veracidad la fiscal, y según el cual el ACM pagó 5 mil euros para empezar a organizar un hipotético ejército catalán. Pues bien, eran para formar a la policía local de Lleida. ¡¡¡SEN-SA-CI-O-NAL!!!

Y del TC y el estado de alarma, mejor que hable Cándido Conde-Pumpido, uno de los jueces que forma parte del pleno y que ha emitido un voto particular sobre la sentencia. Según él es antijurídica, arbitraria, instrumental, con motivaciones políticas y desarma el Estado para atender las reclamaciones de VOX. Para ser sábado y hacer este calor, no está mal.

El problema es que, una vez más, estamos en aquello de Plà: "¿Y todo eso, quién lo paga?". Y la respuesta es que ellos seguro que no y que la barra libre continúa abierta.