El espectáculo que protagoniza la clase política catalana una vez conocida la sentencia contra Laura Borràs es digno de un auténtico vodevil. Que la presidenta del Parlamento suspendida sería condenada era cosa cantada desde el día en que la encausaron por presuntas irregularidades cometidas durante la época que dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Por tanto, que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la haya castigado con cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental no puede haber sorprendido a nadie, ni siquiera a ella misma. Lo que sí ha desatado la decisión judicial es una batalla partidista entre quienes quieren cortarle definitivamente la cabeza y la presidenta de JxCat aferrándose a un cargo que, aunque haya sido provisionalmente y muy a su pesar, en estos momentos ya no tiene.

A todos los partidos presentes en el Parlament les ha faltado tiempo —la proximidad de las elecciones municipales del 28 de mayo ha contribuido a la gesticulación— para reclamarle que se aparte de una vez por todas. El PP, Cs y Vox han ido directos al grano y han requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que le retire el acta de diputada, que es exactamente lo mismo que hizo con el diputado de la CUP Pau Juvillà y que, como antes había hecho Roger Torrent con el escaño del president Quim Torra, ella bendijo desde la posición aún de segunda autoridad de Catalunya. Una concesión que le hizo perder todo el crédito que hasta entonces había acumulado con el discurso de plantar cara al Estado español que a la hora de la verdad se deshizo como un terrón de azúcar. Otras fuerzas políticas como el PSC se han inventado a toda prisa una propuesta de reforma del reglamento del Parlament para poder apartarla automáticamente del cargo si ella no lo hace —y por ahora está claro que no piensa hacerlo— por voluntad propia. Y En Comú Podem aplaude toda iniciativa que sea echar a Laura Borràs.

Los partidos soberanistas tampoco están por la labor de mantenerla al frente de la institución. Tanto ERC —que ha aprovechado además el altavoz de la presidencia de la Generalitat y del Govern para redoblar la presión para relevarla— como la CUP se han manifestado abiertamente a favor de que dimita, y lo han hecho con argumentos en algunas cosas parecidos a las de la oposición, pero que a su vez esconden la pugna que tienen entre ellos por el control de un espacio que desde el fiasco de la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017 se les ha ido escapando de las manos. ¿Y JxCat? He aquí el dilema. JxCat, oficialmente, apoya a su presidenta, pero la situación interna de la formación es muy diferente de la que transmite en público. El hecho es que son muchas las voces del partido de Carles Puigdemont que la querrían fuera, no solo la de Magda Oranich, que ahora preside precisamente la comisión de garantías de JxCat. Y esto es así porque una parte muy significativa de la formación que encabeza Jordi Turull ha hecho una apuesta decidida por el retorno al autonomismo de toda la vida —solo hay que ver cómo se han articulado las principales candidaturas para las municipales, en coalición con el PDeCAT, del que se había separado de mala manera el 2020—, en el que la supuesta vía de la confrontación de Laura Borràs no encaja.

JxCat, de hecho, tiene planteado un doble problema en cuanto a la situación de Laura Borràs. Primero, debe hacer equilibrios para que no se note que, en el fondo, también quiere que deje de presidir el Parlament y que ya tiene preparada a la sustituta, la alcaldesa de Vic, Anna Erra. Y después tendrá que hacer aún más para ver cómo se las compone para que deje de presidir el partido. Sobre todo porque la presidenta del Parlament suspendida no está dispuesta a ceder en ninguno de los dos casos. Su justificación para no aceptar la condena del TSJC es que es inocente y que ha sido objeto de una persecución política por el hecho de ser, dice ella, independentista. Y tiene razón en una cosa: a un no independentista no le habrían procesado. Pero en nada más. Porque que el fraccionamiento de contratos sea habitual en todas las administraciones y en ningún otro lugar sea perseguido no la exime a ella de haber incurrido en una práctica irregular para beneficiar presuntamente a un amigo. Lo de “mal de muchos...” no sirve para exculparse, aunque a menudo dé la impresión de que este es el único argumento que le queda para defenderse, más allá de tecnicismos como que la sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

En este escenario, la inhabilitación de Laura Borràs parece bastante inevitable. Otra cosa es la cárcel, que ya se buscará la forma, vía indulto, vía reducción por la instancia judicial superior o vía lo que sea, para que no tenga que entrar. Y es que es cierto que el cargo de segunda autoridad de Catalunya no merece pasar por el vía crucis en el que se encuentra desde hace nueve meses. La culpa, sin embargo, no es exclusiva de la presidenta de JxCat. Todos los partidos soberanistas han contribuido a degradar la situación política de Catalunya, no solo la del Parlament, desde que en octubre del 2017 incumplieron las promesas que habían hecho y paralizaron el proceso de independencia en el que tanta gente había creído. Al respecto, un dato especialmente revelador certifica como lo que ocurre ahora es consecuencia de lo que no se hizo entonces. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), además de las proyecciones electorales que es bueno poner siempre en cuarentena, constata que todos los dirigentes políticos suspenden en la valoración que hacen los ciudadanos. No se salva ni uno, ni siquiera los integrantes del Govern, cuya gestión obtiene también muy mala nota.

Es la evidencia de que los catalanes no confían en sus políticos, y en el caso de las formaciones que se habían hecho pasar por independentistas es la demostración de que buena parte de su electoral ya las ha inhabilitado y las seguirá inhabilitando tantas veces como sea preciso, en las encuestas y en las urnas. Aprovechando que inhabilitan a Laura Borràs, pues, de paso que los inhabiliten a todos —políticamente, que penalmente algunos ya lo están—, los dirigentes que había en octubre de 2017 y los que les han sucedido, porque todos se han convertido en un freno, un lastre, para la recuperación nacional de Catalunya. Y esto significa un freno, un lastre, para el futuro de Catalunya.