Por ironías de la vida política catalana, mientras el presidente Puigdemont se dirigía la semana pasada a los lectores de El Nacional defendiendo veladamente su pacto con el PSOE (recordando —con acierto— que de haber investido a Feijóo no sufriría ninguna ofensiva judicial ni acusación de terrorismo por fanáticos como García-Castellón), el mismo líder el PP activaba pocos días después los puntos de convergencia (sic) con el universo juntaire. Tiene bastante gracia que, por poner un ejemplo visible del ámbito comunicativo, el boletín de Godó nos animara este pasado fin de semana con dos portadas que iban en este sentido, tituladas "El PP defiende su derecho a sentarse a hablar con Junts" y "Feijóo, abierto a un indulto condicionado a Puigdemont." En efecto, con Feijóo de presidente y la muleta de Junts todo eso no pasaría: pero el elemento clave es que la ley de amnistía se habría hecho igualmente.

Entiendo que líderes populares como Esteban González Pons, Elías Bendodo o nuestro competente concejal barcelonés Dani Sirera maticen sus contactos con el entorno del president Puigdemont; también es comprensible que el mismo Feijóo haya matizado su acercamiento a Junts con esta cabriola denominada "indulto condicionado" que se acaba de sacar del sombrero durante la campaña gallega. El líder del PP, un cadáver político en perpetua agonía, ha justificado el invento de una forma muy curiosa; ligando el indulto a Puigdemont al hecho de que aceptara el Estado de derecho español y que mostrara arrepentimiento por los hechos de 2017. La gracia de todo esto es que tales condiciones ya se cumplen a la perfección dado que, desde la suspensión de la DUI, Junts se ha adaptado punto por punto al marco constitucional español y el presidente ya se arrepintió del 1-O de la forma más clara posible: no aplicándolo.

Este retorno de Puigdemont al país no es problemático porque haya magistrados que lo acusen de terrorismo o de genocidio racial, sino porque PP y PSOE tendrán que explicar que la amnistía la necesitan para continuar vivos en la Moncloa

No es ninguna casualidad que el lema "podríamos perdonar a Puigdemont" haya sido parido en una campaña de tono regionalista como la gallega, muy alejada de las tensiones histriónicas que se viven en la República Independiente de Madrid. Por mucho que Puigdemont se haga el interesante acabando la citada carta a los lectores con uno "todo se sabrá", la verdad de todo este juego de coqueterías políticas ya es bien sabida. A riesgo de hacerme pesado, la repetiré nuevamente; a quien más interesa la amnistía es a España, porque (diga lo que diga un texto legal aprobado por el PSOE o por el PP) lo importante es que Madrid tendrá que tramitar un indulto especial para el antiguo Muy Honorable. Este retorno de Puigdemont al país no es problemático porque haya magistrados que lo acusen de terrorismo o de genocidio racial, sino porque PP y PSOE tendrán que explicar que la amnistía la necesitan para continuar vivos en la Moncloa.

En el fondo, Feijóo está viviendo en tiempo acelerado la misma transición de aquel electorado del PP que pasó de gritar "Pujol, enano, habla castellano" a "Pujol, guaperas, habla lo que quieras." En el caso del actual líder del PP, de hecho, no vivirá un trauma similar al de Aznar, porque él mismo conoce la persistente fuerza de una nacionalidad como la gallega. Por otra parte, es normal que Puigdemont se enfurezca a raíz de las acusaciones de los populares europeos entre el independentismo y Putin, unas invenciones bastante delirantes porque, como vemos a día que pasa, al zar de Rusia eso de desestabilizar el mundo a través de injerencias en países ajenos no le acaba de salir mal del todo. Pero su temor es otro: mientras Europa cuestiona su inmunidad parlamentaria, en España ya empieza a haber una lucha encarnizada por ver qué partido lo amnistía con más garantías personales.

Si el PP pierde la mayoría absoluta en Galicia y Sánchez va apropiándose cada vez más de la voluntad independentista, veréis rápidamente cómo este indulto condicionado sufre una dieta de condiciones envidiable. Como ya pasó con el régimen del 78, al final Puigdemont pasará de ser persona repudiada a ver cómo el Estado le acaba entregando un marquesado. En efecto, president; al final, todo se sabrá.