El Gobierno ha apuntado esta semana la posibilidad de prohibir X en España. La medida, propuesta por la ministra Sira Rego (Sumar), se enmarca en la lucha que la Moncloa, el PSOE, sus socios de izquierdas, y especialmente Pedro Sánchez, mantienen contra las redes sociales y sus propietarios, a quienes despectivamente definen como tecnooligarcas. (Dudo que se refieran a Amancio Ortega como textiloligarca o a Ana Botín como bancoligarca) De todas formas, intentaré separar el grano de la paja.

El globo sonda de prohibir X en el Estado español ha llegado después de la propuesta de prohibir todas las redes sociales a los menores de 16 años, sea el antiguo Twitter, Instagram o cualquier otra. Uno de los errores del Gobierno (si es que ha sido un error) ha sido mezclar ambas cosas, porque el debate sobre el acceso de los adolescentes a las redes no debería tener nada que ver con la fijación de la Moncloa con X. La decisión de limitar el contacto de los menores de 16 años a estas plataformas es un debate pertinente, pero, sobre todo, tiene que ser transversal con los sectores educativo, médico, psicológico, además del tecnológico y el juvenil, entre otras cosas porque el principal inconveniente de esta medida es saber cómo se puede aplicar de manera real y evitar suplantaciones de edad.

Con una mano quieren prohibir el antiguo Twitter y con la otra abren cuentas de TikTok para captar el voto de los jóvenes

Ahora bien, una cosa es impedir —como medida de prevención— que los menores de 16 años puedan colgar historias en Instagram y otra muy diferente, ilegalizar una red concreta para toda la población. Entre otras cosas porque no se puede limitar un derecho tan fundamental como la libertad de expresión y menos por enemistad ideológica con el propietario de un medio de comunicación. La cosa está tan sensible que en este punto tengo que aclarar que detesto a Elon Musk (no vaya a ser que alguien piense que soy trumpista). Pero la democracia es algo más serio, y uno de sus pilares fundamentales es poder decir lo que a uno le plazca y como le plazca, y cualquier otra cosa es censura, con todas las letras. Todo ello, claro está, con una línea roja: el delito. Es eso lo que se tiene que perseguir y no el medio. De la misma manera que si aprovechara esta plataforma que me brinda El Nacional para amenazar de muerte a alguien, el Código Penal actuaría contra mí y no contra la empresa que la edita, con X tiene que pasar lo mismo

Si acaba prohibiendo X, el Gobierno entraría en una deriva de talante autoritario y, además, con un componente ideológico que lo situaría en una extrema izquierda más próxima a China que a Noruega (el país que lidera el ranking de libertad de expresión según el informe que publica Reporteros Sin Fronteras). Y la comparación con China no es casual porque mientras con una mano quiere prohibir X y el acceso de los menores a las redes, con la otra mano, Pedro Sánchez y sus ministros se han abierto una cuenta en TikTok para atraer el voto de los jóvenes. Como todo el mundo sabe, TikTok es una empresa de capital chino con sedes empresariales repartidas por diversos paraísos fiscales y legales como las Islas Caimán, con todo lo que esto supone de evasión de impuestos y de captación de datos de millones de ciudadanos, entre ellos, los del Estado español. No tendría sentido una persecución a ultranza contra X y que TikTok tuviera campo libre para absorber datos de usuarios, especialmente los más jóvenes. Pero lo peor que se puede decir de este posible veto es que sería absurdo: es como si para evitar pintadas en las paredes un buen día se decide prohibir la venta de espray.