Todo empezó cuando la Audiencia Nacional ordenó al juez instructor del caso Bankia que llamara a declarar como investigados a los que eran máximos responsables de los organismos supervisores del sistema financiero –Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores– cuando se autorizó la salida a bolsa de una entidad que –como después se supo– en aquel momento estaba ya prácticamente en quiebra.

Que todo lo relativo a la gestión de Bankia hasta su nacionalización fue un puro disparate, no lo discute nadie. Y que el Banco de España y la CNMV cometieron groseros errores de apreciación en ese y en otros casos, parece evidente. No obstante, sin querer enmendar la plana a los jueces de la Audiencia Nacional, inicialmente sorprende que eso se conduzca por la vía de la responsabilidad criminal. Primero, porque no conozco que exista en el Código Penal un tipo delictivo que castigue las decisiones equivocadas; y segundo, porque aunque Fernández Ordóñez y Segura no pasarán a la historia por lo brillante de su gestión, ninguno de los dos da el tipo del corrupto. Para mí que fueron más ineptos que delincuentes.

Por eso me pareció razonable la propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso. Tiene sentido que se revisen en el Parlamento las disfunciones y los errores que condujeron a la quiebra y nacionalización de una de las principales entidades financieras del país, con un coste multimillonario. Aunque sólo sea para mejorar los mecanismos de control y evitar que en el futuro se reproduzcan situaciones parecidas.

El propósito era evidente: transformar la comisión de investigación en un enjuiciamiento a la gestión del gobierno de Zapatero sobre el sistema financiero. De nuevo, la herencia recibida.

A partir de ahí, comenzó una disparatada sucesión de envites entre el PP y el PSOE (la creación, salida a bolsa y quiebra catastrófica de Bankia está a caballo entre los dos gobiernos). Los populares, poco dispuestos a comerse ese marrón en exclusiva, dijeron que vale, vamos a la comisión de investigación, pero no sólo sobre Bankia, sino sobre todas las Cajas de Ahorro, y no sólo sobre la fase final sino sobre todo el período de la crisis.

El propósito era evidente: transformar la comisión de investigación en un enjuiciamiento a la gestión del gobierno de Zapatero sobre el sistema financiero. De nuevo, la herencia recibida.

La respuesta de los socialistas ha sido aún más enloquecida: órdago a todo. Que se investigue todo lo sucedido en la economía española desde el año 2000. Se supone que con ello se trataba de resucitar la responsabilidad del gobierno de Aznar y Rato en la incubación de la burbuja inmobiliaria, que por una temporada fue El Dorado de la prosperidad y finalmente se desveló como el tumor más maligno de nuestro sistema económico.

Así, envite tras envite, lo que comenzó como una diligencia judicial sobre una actuación concreta (la salida a bolsa de Bankia) amenaza con convertirse en una causa general sobre la gestión de la economía española en lo que va de siglo. ¡Y todo ello impulsado por los dos partidos que comparten la responsabilidad por esa gestión!

Si la estupidez propuesta por los socialistas sale adelante, recordaremos, sí, que Rato y Aznar crearon la burbuja inmobiliaria con aquella indiscriminada liberalización del suelo. Pero recordaremos también que el primer gobierno de Zapatero, conocedor del problema (relean el programa electoral del PSOE del 2004), no sólo no pinchó la burbuja, sino que siguió cebando la bomba hasta límites delirantes: en el año 2007 se construyeron en España más viviendas que en los cinco países mas grandes de la Unión Europea sumados. Era la época en la que el presidente proclamaba, eufórico, que ya habíamos rebasado a Italia y ahora íbamos a por Francia y ¿quién sabe?, incluso a por Alemania.

Nos someteremos a una brutal dosis de recuerdo para que la sociedad española llegue a la conclusión de que la gestión económica de sus gobiernos durante los quince primeros años del siglo ha sido un desastre sin paliativos

Recordaremos que cuando estalló la crisis el Gobierno se pasó dos años cazando moscas, sin querer reconocer nada y sin saber de dónde le venían las bofetadas. Evocaremos los días en que, ya abrumados por la crisis, Zapatero nos consolaba diciendo que al menos gozábamos de un sistema financiero con una salud de hierro que era la envidia de Europa, y que ello se debía a la extrema eficiencia de nuestros sistemas de regulación y supervisión.

Recordaremos cómo las Cajas de Ahorro –esa peculiar creación española que ni eran bancos ni dejaban de serlo– fueron cayendo una a una entre quiebras fraudulentas y escándalos de corrupción, ante la impasibilidad del poder político –especialmente de los gobiernos autonómicos, que las habían convertido en sus juguetes particulares–. 

Evocaremos, en fin, la chapucera gestión de la crisis de Bankia en su fase terminal por parte del gobierno del PP, aquel rescate financiero a la desesperada que, según Rajoy, no era rescate sino “un crédito en condiciones muy favorables para España”. Y puede que finalmente reconozcamos que si comenzamos a salir del pozo no fue por las terapéuticas reformas del PP, sino porque el señor Draghi un día se cayó del guindo y emitió las palabras mágicas (“el BCE hará lo que sea necesario para sostener al euro”), que debían haberse pronunciado al menos dos años antes.

Sí, nos someteremos a una brutal dosis de recuerdo para que la sociedad española llegue a la conclusión de que la gestión económica de sus gobiernos durante los quince primeros años del siglo ha sido un desastre sin paliativos, una sucesión de engaños y autoengaños, medidas oportunistas, chapuzas para salir del paso y falta absoluta de previsión y de profesionalidad.

Alguna vez se enterarán el PSOE y el PP de que, en lo tocante a la crisis, ante la sociedad ambos van irremisiblemente de la mano

¿Quién saldrá ganando con eso? Desde luego, no la “marca España”. Y desde luego, no la imagen de los dos partidos que han gobernado durante ese período. Tampoco el crédito de nuestro sistema económico y financiero, del que se exhibirán todas las vergüenzas, carencias y deficiencias.

Lo alucinante del caso es que esta propuesta de juicio inquisitorial sobre los últimos 17 años no la ha formulado Podemos ni ningún partido antisistema. Nace de una insólita escalada de calentones verbales entre el partido que gobernó la mitad de ese período y el que ha gobernado la otra mitad.

Alguna vez se enterarán el PSOE y el PP de que, en lo tocante a la crisis, ante la sociedad ambos van irremisiblemente de la mano. Que cada vez que exhiben las culpas ajenas, muestran las propias. Y que no ninguno de ellos obtendrá la redención social hasta que la crisis haya quedado completamente superada –si es que tal cosa llega a ocurrir, lo que es altamente dudoso–. 

Mientras tanto, que sigan jugando a este irresponsable póker de la muerte mientras Iglesias y los suyos se frotan las manos: les están dando el trabajo hecho.