Me pregunto a qué estarán dedicándose Miquel Iceta y Xavier Domènech en ese espacio paralelo de conversación que decidieron abrir Iglesias y Sánchez para sacar la espinosa cuestión de Catalunya de la negociación sobre un posible acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos.

Aparentemente, sus conversaciones estarían destinadas a facilitar el apoyo de Podemos a la investidura de Pedro Sánchez. Puesto que el referéndum catalán es un obstáculo mayor, desviémoslo por una vía de servicio mientras seguimos hablando de todo lo demás. Una treta un poco tonta, porque cualquier solución que idearan Iceta y Domènech tendría que ser después asumida y refrendada por Iglesias y Sánchez. Pero además el planteamiento de esta maniobra de diversión encierra varias contradicciones, especialmente para el PSOE:

La primera es que los socialistas han defendido siempre que cualquier solución viable para el problema de Catalunya tiene que insertarse en un nuevo diseño del Estado autonómico, por lo que no es separable del debate general sobre la política territorial.

La segunda es que si Sánchez defiende un acuerdo a tres –PSOE, Podemos y Ciudadanos–, en esa conversación falta alguien: la representante de Ciudadanos. La idea de un diálogo bilateral PSC-En Comú responde mucho más al modelo de pacto de gobierno propugnado por Iglesias que al que dice defender Sánchez. Es evidente que se quería preparar el terreno para un plan B consistente en descolgar a C’s de la negociación central y establecer una cabeza de puente con los independentistas para ofrecerles algo que justificara su abstención.

Los socialistas han defendido siempre que cualquier solución viable para el problema de Catalunya tiene que insertarse en un nuevo diseño del Estado autonómico

Y la tercera es que al aceptar ese modus operandi, Sánchez avala implícitamente la idea –que su partido siempre ha combatido– de que el problema de la inserción de Catalunya en España es un asunto de catalanes que ha de resolverse en el ámbito de la política catalana. Más coherente hubiera sido incorporar directamente a Iceta a la comisión negociadora del PSOE (Domènech está en la de Podemos), donde su reconocida capacidad política habría contribuido con ideas valiosas sobre múltiples cuestiones.

En todo caso, si el objetivo era allanar el camino para un acuerdo de investidura, game over. Ya no habrá investidura ni acuerdo de gobierno, habrá elecciones, y supongo que en ellas cada partido volverá a defender su propia posición: los socialistas el federalismo y los podemitas el derecho a decidir.

Puede que la idea sea más ambiciosa: al margen de la investidura, buscar puntos de encuentro para la futura solución del contencioso. Si es así, ahí falta aún más gente. Porque Iceta y Domènech representan a 27 de los 135 diputados del Parlament y ni siquiera lideran a cada uno de los bloques enfrentados: el gobierno soberanista es de Junts pel Sí y la oposición unionista la lidera Ciudadanos. Y si se trata de trazar un camino transitable para Catalunya y para España, falta también el partido que hoy por hoy tiene el grupo más numeroso del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.

Pretender que la solución del conflicto vendrá de un guiso bilateral entre dos fuerzas subalternas en la política catalana, que además tienen posiciones de partida difícilmente conciliables, es peor que una fantasía, es un engaño consciente.

Iceta y Domènech representan a 27 de los 135 diputados del Parlament y ni siquiera lideran a cada uno de los bloques enfrentados

Sostiene Iceta –por el que tengo aprecio personal y la mejor consideración política– que la solución pasaría por una reforma constitucional; y si esa reforma fuera rechazada en Catalunya, entonces habría que convocar un referéndum. Una propuesta, a mi juicio, plagada de trucos de ilusionismo político. Señalo los más visibles:

No habrá reforma constitucional en España sin el Partido Popular. No es esperable que el PP apoye una reforma constitucional que abra la puerta a un referéndum de autodeterminación. Y no nos engañemos: las distintas versiones de lo que se ha dado en llamar “gobierno del cambio” coinciden en sacar al PP del poder a toda costa. Es posible y legítimo, pero hay que asumir que el precio es el sacrificio de cualquier consenso y el bloqueo de todas las reformas importantes, empezando por la de la Constitución.

Por otra parte, supeditar el referéndum a la derrota de la reforma constitucional en Catalunya equivale a poner un banderín de enganche en la Rambla para movilizar el voto NO contra el nuevo texto constitucional.

No explica Iceta en su propuesta qué situación jurídica se produce si la reforma constitucional es aprobada en toda España excepto en Catalunya. ¿Entra en vigor en el resto del país pero no en Catalunya? ¿Se suspende su entrada en vigor mientras se organiza el referéndum catalán? ¿Se otorga, pues, poder constituyente –o poder de veto constituyente– a un territorio?

Miquel Iceta dijo hace tiempo que, llegados a este punto, ya no hay solución al problema de Catalunya que no pase por las urnas. Coincido plenamente: antes o después, los catalanes tendrán que poder votar sobre su futuro. Es más, yo creo en la vía canadiense para la inserción de Catalunya en España. Pero lo que hoy propone Iceta –y se supone que está conversando con Domènech– no tiene nada que ver con lo que ocurrió en Canadá.

En Quebec se hizo en 1995 un referéndum permitido por la Constitución y amparado por una Ley del Parlamento Federal. El ajustado resultado fue 51% contra la independencia y 49% a favor (¿les suenan los porcentajes?). A continuación el Gobierno canadiense formuló una consulta al Tribunal Constitucional, y del dictamen de este nació la llamada Ley de Claridad, aceptada por todas las partes, que entre otras cosas estableció:

  • Que Quebec no tiene derecho a declarar unilateralmente la independencia;
  • Que cualquier futuro referéndum tendría que ser autorizado por el Parlamento Federal, que supervisaría la pregunta y fijaría la mayoría cualificada necesaria para autorizar la secesión;
  • Que todas las regiones del país debían participar en la negociación para autorizar el referéndum;
  • Y que, incluso en el caso de que se aprobara la independencia, la Constitución de Canadá permanecería en vigor en territorio de Quebec durante todo el proceso “hasta que los términos de la secesión fueran acordados por todas las partes involucradas”.

Todo lo cual no ha impedido que en 2006 el Parlamento canadiense reconociera a Quebec como una nación dentro de Canadá y que la Constitución Federal admita el “hecho diferencial” de Quebec en múltiples aspectos.

La vía canadiense exige una estatura política y una capacidad de compromiso histórico que está muy lejos del alcance de la actual

¿Puede abrirse aquí algo parecido a una vía canadiense para resolver el conflicto de Catalunya? Yo creo que, en teoría, sí. Pero en realidad estoy convencido de que no. Porque eso exige una estatura política y una capacidad de compromiso histórico que está muy lejos del alcance de la actual dirigencia española y catalana –a cual más chata y miserable–.

Exige un compromiso que incluya a todos. Incluida la derecha española. Incluida la gran mayoría del Parlamento español y del Parlament de Catalunya. Incluidas las fuerzas independentistas. Incluido el Tribunal Constitucional y el resto de las Comunidades Autónomas. 

Nada de esto nacerá de unas conversaciones de ocasión entre dos dirigentes respetables pero menores en cuanto a su representatividad, ni de una investidura exprés y excluyente de Sánchez prendida con alfileres, ni de la cultura política del “¿QUÉ-PARTE-DEL-NO-NO-HAS-ENTENDIDO?”

Así que, concluida ya esta temporada del juego de tronos de Sánchez e Iglesias, yo liberaría a Iceta y Domènech del spin-off que les endilgaron y les permitiría dedicar su tiempo a algo útil.