Uno de mis lectores más fieles (amante de la tercera vía y responsable parcial de mi existencia) me acostumbra a reprochar que en los artículos insista tan a menudo en la matraca de la fuerza y la persistencia del 1-O. Pensaba en ello este fin de semana leyendo la prensa rosa de los cronistas políticos barceloneses. Según parece, la ley de amnistía del PSOE y Junts está prácticamente redactada (traducido al lenguaje común; el mundo convergente-puigdemontista se tragará el hecho de acatar de nuevo la legalidad española), pero hay un detalle que ni la esforzadísima mediación de Jaume Asens parece poder desenganchar: el elemento en cuestión, no lo diríais nunca, es el 1-O. Para no aburriros, vamos al grano: Junts querría que el texto final respetara la validez del referéndum y el PSOE no lo consideraría como tal, y querría calmar el tema limitándose a describirlo como una consulta ilegalizada por el Constitucional.

La política española siempre acostumbra a tener una sintaxis barroca (por lo tanto, con cierta tendencia a la autorreferencialidad) francamente adorable. La posición del PSOE tiene un sentido muy básico: el equipo negociador de Pedro Sánchez querría asegurar el plácet del Tribunal Constitucional a una ley que (en eso tienen toda la razón los conservadores españoles) representa una hostia descomunal hacia la autoridad de la judicatura. Según esta lógica, no habría mejor forma de acariciar las togas que dándoles la razón con la enmienda total del TC al 1-O. Pero aquí radica el cachondeo del tema, porque la sentencia del procés redactada por el juez Marchena (y, de hecho, la mayoría de causas pendientes relativas al proceso de independencia) no focalizan el delito en la organización del referéndum, sino en el proyecto de secesión del Parlamento que el mismo magistrado definió de forma genial como una ensoñación.

Si la judicatura española considerara que organizar una votación no refrendaria y simbólica sobre la independencia de Catalunya constituye motivo de delito, ¿por qué las condenas de Puigdemont y compañía no se aplicaron a Artur Mas y al resto de organizadores del 9-N?

Si la judicatura española considerara que organizar una votación no refrendaria y simbólica sobre la independencia de Catalunya constituye motivo de delito (más todavía; si una tal infracción se tuviera que juzgar bajo unos tipos penales tan bestias como los de conspiración sediciosa), ¿por qué las condenas de Puigdemont y compañía no se aplicaron a Artur Mas y al resto de organizadores del 9-N? Dicho de otra manera; si se considera punible desplegar urnas desde una administración autonómica con la intención de preguntar sobre la secesión de un estado, ¿por qué el 9-N se acabó juzgando como una simple "barbacoa" (por delitos más bien relativos al uso fraudulento de dinero público) y el 1-O como un peligro monstruoso capaz de romper la unidad de España? Si la intención de ambas consultas (y la mini-DUI de Puigdemont) era la de no aplicar el resultado del voto, ¿a santo de qué el 1-O tiene que ser más punible?

En el fondo, todo este vodevil jurídico se deriva —vuelvo a insistir— de la fuerza misma del referéndum. Volvamos, a riesgo de hacerme pesado. Si la judicatura española considerara el 1-O un hecho a castigar, ¿por qué motivo se habría metido en prisión a sus organizadores y no a sus responsables políticos y ejecutores finales? ¿Por qué, al límite, no se multó a todos los parlamentarios que votaron la ley del referéndum y de la transitoriedad en el Parlamento? ¿Por qué, puestos a hacernos los legalistas, no se condenaron todos y cada uno de los responsables de los colegios electorales durante el 1-O? Pues la respuesta es bien sencilla: porque una revuelta democrática de masas (y todavía más si resulta totalmente pacífica) no es punible a nivel jurídico. Los españoles pueden inventarse todas las sentencias que quieran al respecto, pero la organización de un referéndum nunca podrá subsumirse a un sistema penal.

Los españoles pueden inventarse todas las sentencias que quieran al respecto, pero la organización de un referéndum nunca podrá subsumirse a un sistema penal

Eso también explica que el PSOE (inteligentemente, añado) no quiera entrar en el batiburrillo de la discusión sobre el 1-O. Pero también muestra el cinismo mayúsculo de Junts en toda esta historia. Porque si Puigdemont, como no se cansa de repetir y de tuitear, reivindica la vigencia y legitimidad del 1-O, ¿cómo es posible que acepte la amnistía que lo acabará pintando como ilegal, aunque sea de manera velada? ¿Cómo explicará Puigdemont al pueblo que pide la absolución por un acto que tendría que considerar criminal? Y, puestos a preguntar; ¿si el presidente 130 considera vigente el 1-O, a santo de qué ha renunciado a su aplicación durante todos los años de excursión a Waterloo? Todo eso, en definitiva, muestra que ni la burocracia española (política y jurídica) ni el catalanismo pactista ha podido deshacerse del fantasma del referéndum. Y ninguna amnistía pondrá paz al escapismo de los nuestros.

La política española quiere la amnistía porque tiene que cerrar la carpeta del tema catalán y evitar que las tensiones que ha producido el 1-O acaben haciendo estallar el deep state de Madrid: fijaos en que incluso Feijóo ya empieza a aflojar con Puigdemont (el líder del PP firmaría encantado el texto de la amnistía, dicho sea de paso). Mientras tanto, la política catalana (y sus altísimos representantes) no han querido nunca responder los interrogantes que pueblan este artículo porque tendría que asumir que ha perdido totalmente la conexión con los electores del país. Por fortuna, la gente no es imbécil y seguirá escribiéndolos en el futuro. Y por eso mismo persistiré con la tabarra del referéndum hasta que me reste un átomo de vida, sobre todo porque no quiero que los (teóricamente) míos me lo acaben hurtando. Habrá amnistía, pero no habrá paz. Y mi lector insistente se tendrá que fastidiar... aparte de seguir pagando las comidas.