Parece como si de repente el país entero se hubiera estropeado y no se ve la manera de arreglarlo, porque todos los problemas reclaman tiempo y dinero, mucho dinero que no está o, mejor dicho, que no está al alcance del Govern catalán. Como suele ocurrir, la oposición denuncia la incompetencia del ejecutivo, cuando la sensación es más bien de impotencia.

Ahora mismo sabemos que hacen falta muchos miles de millones para resolver el problema de Rodalies, pero igualmente urgente es resolver el déficit de infraestructuras, que también asciende a miles de millones, como han puesto en evidencia los recientes temporales de lluvia y viento. La sanidad pública está al borde del colapso y los informes técnicos calculan que se necesitan 3.000 millones para cubrir el déficit anual. Los docentes ya se han encargado de poner sobre la mesa la falta de recursos para poder ofrecer una escuela pública de calidad. Los maestros no solo reclamaban la recuperación salarial, sino las dotaciones necesarias para atender a unas escuelas más diversas y con nuevas problemáticas.

El problema que más preocupa a la gente, según las encuestas, es el acceso a la vivienda, y la oferta de vivienda pública requiere una inversión pública que el propio Ejecutivo ha cifrado en 4.000 millones de euros solo para empezar. Y dado que Catalunya es tierra de acogida, habrá que dedicar algunos recursos públicos para que los recién llegados no nos avergüencen en plena semana de Navidad muriéndose de frío bajo un puente de la autopista.

Lógicamente, la insatisfacción se hace sentir en la calle y estos días se han manifestado y/o han hecho huelga maestros y profesores, médicos y sanitarios —todos trabajadores del sector público—, agricultores con tractor y, por supuesto, trabajadores y estudiantes que son usuarios de Rodalies. Afortunadamente, tras unas semanas de baja, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vuelve a estar al pie del cañón y debería poder liderar la respuesta del Govern ante tantas situaciones problemáticas. Es importante para el país y para él mismo: es el reto de su vida.

No es atrevido sostener que, en general, todos estos colectivos tan irritados suelen formar parte de la clientela de los partidos de izquierdas. Y esto está ocurriendo cuando en Catalunya gobierna un partido de izquierdas y en España, dos. Lo cual plantea un serio problema democrático si estos gobiernos no son capaces de resolver los problemas que afectan sobre todo a la gente que dicen representar. Dicho coloquialmente: si cuando gobiernan los nuestros nuestros problemas tampoco tienen solución, ¿querrá decir que nuestros problemas no se resolverán nunca? ¿Qué democracia tenemos?

Nunca Catalunya ha tenido un Govern tan declaradamente unionista y, al mismo tiempo, nunca el Gobierno del Estado ha necesitado tanto el apoyo del Govern catalán y del PSC, así que no habrá mejor ocasión para demostrar que es posible romper las viejas estructuras obsoletas, como Renfe, y establecer otras nuevas sin la necesidad de salir de España

La respuesta obvia es que el serio problema democrático reside en el sistema, un sistema que funciona de tal manera que, gobierne quien gobierne, impide los cambios estructurales necesarios para atender estos problemas. Las sociedades evolucionan, las circunstancias cambian, surgen nuevas necesidades y las viejas estructuras del poder institucional han quedado obsoletas, obsoletas para la mayoría, pero defendidas con uñas y dientes por los grupos de poder que pretenden mantener el statu quo que tanto los beneficia.

Más allá de la lucha por el poder, la razón de ser de la política es el progreso, que consiste en mejorar la vida de los ciudadanos cambiando las cosas que no funcionan. La segunda mitad del siglo XX fue, en el mundo occidental, un periodo de progreso en el que gobiernos democristianos y socialdemócratas ampliaron derechos y libertades e impulsaron un conjunto de políticas públicas que dieron lugar al estado del bienestar: sanidad, educación, vivienda, servicios públicos consagrados como derechos que propiciaron el ascensor social. Sin embargo, por diversos motivos, en este siglo XXI el progreso social ha bajado el ritmo y, en consecuencia, los representantes políticos convencionales han perdido credibilidad, bien porque se han conformado con mantener el statu quo, bien porque no han tenido el coraje de cambiar estructuras.

Aquí y ahora, el caso de Rodalies es un buen ejemplo de la pérdida de credibilidad en la política. Sobre ello hay un dato significativo de esta semana que debería hacer reflexionar a quien corresponda. Las protestas de diversos colectivos toman las calles reclamando medidas al Govern. El president Illa recupera el timón, hace una declaración institucional y concede una entrevista en la televisión pública. En un momento de máxima agitación, cuando todo el mundo pide respuestas al Govern, la entrevista al president registra una audiencia muy discreta (8,9% de cuota). Si la gente no lo escucha, ¿será porque no cree en él?

Efectivamente, el Govern catalán va haciendo discursos, pero todo el mundo sabe que no dispone de los recursos ni de la potestad para resolver el problema ni a corto ni a medio plazo. Y ojo: la independencia de Catalunya, como proponen algunos, tampoco sirve ahora como solución creíble para el problema de Rodalies. Ya han perdido suficientes horas los pasajeros esperando el tren como para alargar la espera una eternidad.

Salvador Illa tiene la gran oportunidad de demostrar que la dependencia no es intrínsecamente mala, siempre y cuando su prioridad sea la defensa de los intereses de los catalanes, aunque sea al precio de incomodar al PSOE ante los poderes fácticos del Estado

Así que no se trata de resignarse a la dependencia, sino de aprovecharla. Se ha visto como una evidencia que las empresas Adif y Renfe mandan más que el Govern catalán y continuarán mandando, sobre todo si se confirma que asumirá el traspaso de Rodalies una empresa mixta condenada a contratar a Renfe de por vida. Efectivamente, Renfe es una estructura de Estado, pero romper con Renfe no es romper España. La solución de Rodalies pasa indefectiblemente porque quien gobierne en Catalunya tenga el poder de decisión y ejecución y el dinero para hacerlo. Y se da la circunstancia idónea para conseguirlo. Nunca Catalunya ha tenido un Govern tan declaradamente unionista, es decir, para el Estado español, el menos sospechoso de la historia, y, al mismo tiempo, nunca el Gobierno del Estado ha necesitado tanto el apoyo del Govern catalán, del Partit dels Socialistes de Catalunya y de tres partidos catalanes más que lo sostienen en el poder. Así que no habrá mejor ocasión que la actual para romper las viejas estructuras, ya sea Renfe o la Agencia Tributaria, y establecer otras nuevas…sin salir de España. Es la gran oportunidad de Salvador Illa de demostrar que la dependencia no es intrínsecamente mala, siempre y cuando su prioridad sea el interés de los catalanes, aunque sea al precio de incomodar al PSOE ante los poderes fácticos del Estado.