La gota china

Una de las peores torturas a las que puede ser sometida una persona es la denominada “gota china” —que no malaya— consistente en someter, durante horas y algunas veces hasta días, a un ser humano a un goteo permanente sobre su frente. No es tanto el dolor que termina produciendo como el marcado carácter de tortura psicológica que tiene. Cuando se inician campañas sistemáticas de desprestigio, suelo acordarme de esta forma de tortura porque día a día se abren diversos medios de comunicación a dar sus especiales, si no especialísimas, versiones de lo que hay o deja de haber en un determinado procedimiento judicial.

Esa sistemática, que es equiparable a la gota china —que no malaya—, es lo que se ha venido viviendo, en el caso catalán desde el año 2017, cada vez que un sumario secreto ve la luz y, como si no bastase con verse sometido a proceso, el daño psicológico a los afectados nunca suele medirse, pero ahí está, también a su familia y entorno. Forma parte del proceso de deshumanización del enemigo al que tan habituados estamos ya, sin que a nadie le parezca que es una práctica tremendamente antidemocrática, a pesar de que quienes más la usan se suelen autodefinir como constitucionalistas.

Esto es, justamente, lo que está sucediendo con las revelaciones surgidas de los procedimientos 104/2017 y 99/2018 del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sin que nadie se pare a hacer un frío análisis sobre tres aspectos que, al menos desde mi perspectiva, son esenciales: el daño que se causa con este tipo de dinámicas informativas, la credibilidad que pueden tener construcciones esotéricas fabuladas por quienes quieren ver delitos allí donde no los hay y la finalidad que se persigue con dichas diligencias policiales y judiciales.

Entre uno y otro procedimiento no han sido menos de 40 los investigados directamente y otros tantos de forma indirecta y a muchos de los afectados se les ha estado ventilando vida y milagros bajo el rótulo de terrorismo, como si el solo hecho de denominarlo así no formase ya parte de un proceso de criminalización impropio de países democráticos.

Después de leer varias veces las actuaciones y, con independencia de que nada de lo que ahí se describe tiene la más mínima apariencia delictiva, no dejan de sorprenderme algunos aspectos que sí podrían tenerla, pero que no son atribuibles a los investigados.

La constante tergiversación de hechos y dichos, así como el grave infantilismo de algunas de las deducciones de los investigadores son materia digna de estudio, junto con la forma en que se van abriendo en canal las vidas de las personas investigadas, accediendo a datos reservados y entrando por medios electrónicos en la intimidad de personas que ningún delito han cometido, al menos ninguno que conste en el Código Penal, sin perjuicio de que para algunos ser independentista sí que pueda ser un crimen.

En un caso de terrorismo la proporcionalidad de casi cualquier medida no se discute en ningún estado miembro… por ello el rótulo del procedimiento resulta tan importante después de que el de rebelión y sedición fracasase

La forma en que se autorizan las medidas invasivas en contra de los investigados también da para un manual sobre cómo no se pueden ni deben hacer las cosas en democracia, pero, seguramente, estamos lejos del momento histórico en que habrá un consenso sobre cuáles son los límites que no se pueden franquear si queremos seguir llamándonos demócratas, y ello por algo muy sencillo: contra los independentistas, sus aledaños e incluso sus abogados todo parece valer.

De todo lo que se va plasmando en los folios de las actuaciones están dando cuenta diversos medios que no parecen hacer ni el más mínimo análisis sobre la verosimilitud de los hechos descritos ni de las conclusiones que se van alcanzando por parte de los investigadores. Se asume acríticamente todo, sin ponerse a pensar si es posible estar ante una delirante visión de la realidad, como así es, porque, en el fondo, va bien para determinadas líneas editoriales sin que se aprecie cuál es la auténtica noticia detrás o dentro de dichos procedimientos y que no es otra que el objetivo perseguido.

Se trata de investigaciones muy centradas en perfiles muy técnicos —informático e ingenieros—, y cuyo hilo conductor, y de lo que nadie está informando, no es otro que la desesperada construcción de una realidad paralela que permita, bajo el rótulo de terrorismo, criminalizar la actividad del Consell per la República y, a partir de ahí, poder actuar en contra de una entidad no sometida al derecho español.

Dicho más claramente, parece evidente que se trata de buscar generar una causa que —aunque no resulte creíble— permita poder plasmar, negro sobre blanco, unos hechos que, marcando la casilla de terrorismo, permita solicitar el auxilio judicial a terceros países para poder no ya investigar sino destruir al Consell per la República, que, en definitiva, es el auténtico investigado en esos procedimientos y en otros que siguen bajo secreto.

Para poder acudir a este tipo de mecanismos de cooperación entre estados miembros se hace necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el de que la medida que se quiera poner en práctica resulte proporcional a los fines perseguidos; es decir que, por ejemplo, si se quieren obtener pruebas, acceso a documentos, oficinas, servidores informáticos, datos bancarios, etc., dicha medida debe resultar proporcional. En un caso de terrorismo la proporcionalidad de casi cualquier medida no se discute en ningún estado miembro… por ello, el rótulo del procedimiento resulta tan importante después de que el de rebelión y sedición fracasasen.

La directiva que regula este tipo de cooperación jurídica establece, de forma imperativa: “La autoridad de ejecución deberá reconocer una OEI, transmitida de conformidad con la presente Directiva sin requerir otra formalidad, y se asegurará de que se ejecute de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigación de que se trate hubiera sido ordenada por una autoridad del Estado de ejecución...”.

Instalar el relato de la existencia de una actividad terrorista no es nada nuevo, pero dar el paso decisivo de cruzar los Pirineos en la búsqueda de la criminalización, incluso destrucción, del Consell per la República, es algo que aún no se ha intentado

Las causas de denegación o de aplazamiento están muy tasadas y, en casos de terrorismo, dudo mucho que ningún estado vaya a acudir a ellas, por lo que bastará con presentar una solicitud, bajo el rótulo de terrorismo, para que los sueños húmedos de muchos se hagan realidad. Cosa muy distinta serán las consecuencias que, posteriormente, tal salto al vacío tendrá para lo que queda de reputación y credibilidad de España en Europa.

Dos procedimientos esotéricos, más las piezas separadas aún secretas que existen o las que lleguen a existir, serán la base sobre la cual unos auténticos e irresponsables aventureros, parapetados en las estructuras del Estado e imbuidos del ardor patriótico, pretenden actuar en contra del Consell per la República, pero sin medir sus consecuencias, que las habrá.

Banalizar esas causas penales no es más que un error o una inconsciencia, porque cuanto más avancen, y más vaya percutiendo la gota en la frente de los afectados a través de insistentes campañas mediáticas, más credibilidad se termina dando a unos hechos que, sin relevancia penal, terminarán sirviendo de base para un nuevo intento de engaño a las diversas justicias de los estados miembros de la Unión Europea.

Instalar el relato de la existencia de una actividad terrorista, para luego actuar como si de verdad se estuviese ante un delito de terrorismo, no es nada nuevo —ya se ha hecho con formulaciones imprecisas respecto a delitos de rebelión, sedición, malversación o blanqueo de capitales, tal cual recomienda que no se haga el reciente informe del Consejo de Europa de 6 de octubre pasado—, pero dar el paso decisivo de cruzar los Pirineos en la búsqueda de la criminalización, incluso destrucción, del Consell per la República es algo que aún no se ha intentado, pero que puede que no estemos lejos de ver si no surge nadie lo suficientemente sensato como para poner fin a una descabellada aventura policial-judicial como la que se desprende de los dos procedimientos de los que vengo hablando y que, seguramente, no son más que la punta del iceberg de lo que se está cocinando bajo el manto del secreto de las actuaciones.

La gota china —que no malaya— que está percutiendo las frentes de los afectados en realidad busca algo muy distinto al claro hecho de hacerles sufrir y de criminalizarles: pretende golpear en la frente de cada uno de ellos para usarles como trampolín de cara a cazar una presa mucho mayor… La cuestión está en saber si se les va a permitir o no.