(Carta abierta al director del Süddeutsche Zeitung)
Apreciado Director,
Resulta difícil expresar el sentimiento de decepción, cuando no de indignación, por el artículo que, firmado por Karin Junker, publican ustedes en el Süddeutsche Zeitung y que dedican íntegramente y de forma ad hominem al president de Catalunya, Quim Torra.
El artículo, más allá del tono peyorativo hacia el president de los catalanes, es un puñado de manifestaciones categóricas, basadas en hechos que se puede constatar que son falsos, e inexactitudes ciertamente llamativas en una profesional del periodismo.
Así, dice que el president de Catalunya muestra una tendencia al simbolismo, y como prueba de ello dice que llevaba, en su toma de posesión, "un lazo amarillo, símbolo de los separatistas". Estaría bien no caer en este tipo de reduccionismos, pues es público y notorio que el lazo amarillo y los distintivos que reclaman la liberación de nuestros presos y el retorno de nuestros exiliados son compartidos por fuerzas no independentistas, como es el caso del partido Comuns, que, por cierto, forma parte de la coalición de gobierno en Madrid, al lado de los socialistas del presidente Sánchez.
Más adelante, se refiere a "gestos provocativos", porque "ha tenido lazos amarillos colgados en centros oficiales", obviando que estos lazos figuran en miles de edificios públicos a lo largo y ancho de toda Catalunya (y fuera de Catalunya también), colocados allí por representantes legítimos de la ciudadanía, y los lucen asimismo centenares de miles de personas anónimas. Yo mismo, en Madrid, luzco un lazo amarillo en la solapa de mi chaqueta para mostrar mi solidaridad con presos, exiliados y represaliados.
Pasan ustedes, en cambio, de puntillas sobre el origen de la pretendida inhabilitación del president Torra, que no es otro que la acusación por parte de la Junta Electoral (ha leído usted bien, una junta electoral), que pide inhabilitar al president catalán por el hecho de haber colgado una pancarta en el Palau de la Generalitat. Una pancarta que no es de partido y que, dicho sea de paso, decía lo mismo que lo que ya en dos ocasiones ha dicho el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que ha pedido que sean liberados los presos. Es de suponer que usted no considerará que Naciones Unidas es una perversa institución independentista catalana.
Hay más: la Junta Electoral que dictaminó que el president tendría que ser inhabilitado estaba formada, entre otros miembros, por una persona a sueldo del partido Ciudadanos, que fue precisamente el partido que pidió su inhabilitación. Lo sorprendente es que, en lugar de desestimar esta demanda claramente inspirada por un partido o sin que se apartara al miembro de la Junta Electoral que cobraba de aquel partido, se admitiera la demanda de inhabilitación, después acordada por el Tribunal Superior de Catalunya (instancia claramente conexa con la derecha más extrema y el Tribunal Supremo). Es la misma Junta Electoral que, muy al contrario, impuso sólo 500 euros de multa al Partido Socialista español de Pedro Sánchez por instrumentalizar el Palacio de la Moncloa para las intervenciones desde esta sede de la Presidencia del Gobierno en plena campaña electoral. La desproporción entre una medida y la otra no es sólo evidente; es vergonzosa.
¿Qué dirían hoy si en Alemania el Tribunal Supremo alemán hubiera sido el legítimo heredero del Tribunal de la Alemania nazi, el día siguiente de caer el sistema nacional-socialista? ¿Qué les habría parecido que los miembros de la Stasi pasaran a ser honorables y democráticos policías de la Alemania reunificada?
Tres comentarios, para finalizar y para no extendernos en la serie de inexactitudes y discutibles valoraciones del artículo.
1) Dicen ustedes que el president Torra, cuando recibió el requerimiento de la Junta Electoral, "cambió los lazos por otros símbolos separatistas". No sólo es falso, como ya hemos señalado, que fueran "símbolos separatistas", sino que la pancarta fue sustituida por otra que reclamaba "Libertad de expresión". Curioso "símbolo separatista", el reclamo de libertad de expresión.
2) Afirman ustedes, en relación a la gestión de la pandemia por parte del Govern de Catalunya, que "Torra impuso el cierre, pero después se reabrió demasiado rápido y tuvo que volver a hacer frente a un brote difícilmente controlable". Lo que no dice es que, desde el principio de todo, el Govern de Catalunya reclamó lo mismo que los länder alemanes, es decir, poder gestionar la pandemia en su territorio; primero, porque somos capaces de hacerlo y, segundo, porque venimos ejerciendo las competencias en Sanidad desde hace 40 años. Y los hechos han dado la razón al president Torra: fue un gravísimo error no cerrar Madrid y fue un gran acierto cerrar varias zonas del territorio catalán (particularmente zonas como Igualada, Lleida y el área metropolitana de Barcelona) e imponer restricciones en varios ámbitos, como se ha hecho, por ejemplo, en Italia, que no ha vuelto a abrir las discotecas. A día de hoy, aunque no podemos bajar la guardia, los datos epidemiológicos de Catalunya son abiertamente mejores que los de Madrid.
3) El artículo que publica en su prestigioso diario rezuma una opinión contraria a la causa independentista, y añade, por todo argumentario, que es algo no previsto en la Constitución. Son ustedes muy libres de pensarlo. Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. La causa de la independencia de Catalunya no es un capricho. A lo largo de los tiempos son ya cuatro las declaraciones de independencia que se han producido en Catalunya: las de Lostau (1873), los presidents Macià y Companys (1931 y 1934) y el Parlament de Catalunya (octubre del 2017). Millones de personas se han movilizado la última década, los partidos independentistas tienen la mayoría absoluta del Parlament e, incluso, el problema catalán se ha considerado el problema político más importante de España. Y en vez de diálogo o negociación (como en Quebec en Canadá o en Escocia en el Reino Unido, estados en principio con constituciones tan cerradas como la española), lo que sufrimos es subyugación, persecución y represión. Y —algo sobre lo que quizás usted tendría que pensar— todos nuestros representantes, que se han presentado ante la justicia en Escocia, Bélgica y... ¡Alemania!, han tenido una justicia que se les niega en España. Pero, claro, en estos países tienen una justicia democrática en la cual es impensable que se condene a nuestros líderes políticos y sociales a las penas que se les ha impuesto en España, un estado en que los comentaristas hablan del Tribunal de Schleswig-Holstein como "un tribunal de segunda". Resulta paradójico que desde Alemania se defienda, como se hace en el artículo del Süddeutsche Zeitung, la línea centralista española, y que después se encuentren en el Tribunal Supremo español y los partidos del régimen, Partido Socialista incluido, en el Parlamento Europeo criticando la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein.
La solidaridad interestatal no tendría que esconder la realidad del origen de la cúpula judicial española y los aparatos del deep state español. ¿Qué dirían hoy si en Alemania el Tribunal Supremo alemán hubiera sido el legítimo heredero del Tribunal de la Alemania nazi, el día siguiente de caer el sistema nacional-socialista? ¿Qué les habría parecido que los miembros de la Stasi pasaran a ser honorables y democráticos policías de la Alemania reunificada? Pues eso es lo que pasó en España, y todos los sucesivos escándalos de las cloacas políticas y policiales del Estado utilizadas contra la minoría nacional catalana, y la actuación de la cúpula judicial amparada por la derecha extrema y que se muestra en rebeldía ante la justicia de la UE, son la consecuencia de ello. En España hay una justicia democrática, pero una cúpula judicial absolutamente desviada a la derecha y que está dispuesta a todo bajo la excusa de la "unidad nacional".
Como dijo Willy Brandt: "Permitir una injusticia es abrir el camino a todas las que siguen". Por eso, porque no lo permitiremos, es, entre otras razones, por lo que buscamos la justicia que no tenemos en España en otros países de la UE, por ejemplo en Alemania.
Gorka Knörr, delegado del Govern de la Generalitat en Madrid