Entre las noticias de actualidad de los últimos tiempos en materia económica, ocupa un lugar preferente el volumen de ayudas de la UE y la discusión sobre cómo y desde dónde se gestionarán, ayudas que serán para el Estado de 140.000 millones de euros, divididos al 50% en ayudas directas y créditos.
En Catalunya y por todas partes se están movilizando entidades de todo tipo con el fin de seleccionar proyectos para optar a este dinero. Por ejemplo, el Govern de la Generalitat ha analizado el informe Next Generation Catalonia, el documento entregado por la Comisión para la elaboración del Plan para la reactivación económica y protección social (COPESO), que contiene la propuesta provisional de proyectos catalanes candidatos a obtener recursos del fondo Next Generation EU. Hay 27 proyectos emblemáticos seleccionados de entre las 542 iniciativas presentadas por administraciones (Generalitat y entes locales), empresas privadas, consorcios y entidades del tercer sector. Los proyectos se incluyen en estos cinco ejes, congruentes con los criterios marcados por la UE:
- Economía para la vida
- Transición ecológica
- Transformación digital
- Sociedad del conocimiento
- Vectores transversales
Dónde irán las ayudas
Sin embargo, ya hace tiempo que se escucha decir que gran parte del dinero de la UE puede ir a parar a las grandes empresas en general, y del Ibex, en particular, aquellas que conforman, en gran parte, lo que el profesor Sala-i-Martin, citando a Acemoglu y Robinson, denomina "la economía extractiva", aquella que vive de los favores del Estado y del BOE. El presidente de la CEOE se vanagloria públicamente de reuniones frecuentes en La Moncloa para hablar de este asunto, y el mismo presidente Sánchez, una vez acordada la primera desescalada de la pandemia, lo primero que hizo, el 31 de agosto, fue reunir en un acto a los dirigentes de las grandes empresas bajo el título "España puede". El Ibex ocupaba los asientos preferentes.
Las grandes empresas deben alrededor de 80.000 millones de euros a las pymes
Resulta escandaloso reunir a todo este grupo de empresas que deben miles de millones de euros a las pequeñas empresas, prescindiendo de las pymes, mientras se sigue incumpliendo la directiva europea de pagos y se aplaza y se aplaza sine die el reglamento sancionador que se tiene que aprobar en el Congreso de Madrid con el fin de hacer efectiva la transposición de esta directiva.
La deuda de las grandes empresas con las pymes
A estas alturas, y con datos contrastados en organismos tan poco sospechosos como la CNMV, las grandes empresas deben alrededor de 80.000 millones de euros a las pymes, de los cuales casi 57.000 millones corresponden a empresas no financieras cotizadas del Ibex y resto del mercado continuo. Son cantidades correspondientes al volumen de deuda que sobrepasa el plazo legal de 60 días.
El plazo medio de pago de estas empresas el año 2020 ha sido de 193 días, cuando el plazo legal es de 60 días (en 2019 era de 183 días). Pero es que si cogemos el sector de construcción e inmobiliario, su plazo medio de pago es de 270 días, el del sector de comercio y servicios de 261, el del sector industrial 195 y el del sector de la energía 109 días. Demoledor.
21 años incumpliendo una directiva europea
La directiva europea de pagos es del año 2000. Cuando se hizo (con dos años de retraso sobre los dos que marca la legislación europea) la transposición de la directiva europea (ley 3/2004), los lobbies de las constructoras consiguieron introducir que se podría pagar a más de 60 días si había acuerdo entre las partes. El movimiento de las pymes y autónomos en torno a la Plataforma Contra la Morosidad consiguió que se suprimiera esta estratagema de las grandes empresas (ley 15/2010). Pero todavía hoy, las grandes empresas siguen incumpliendo la ley, aunque el Tribunal Supremo (STS 668/2016) haya declarado nulos todos los pactos para hacer los pagos más allá de 60 días.
Puede ser que las grandes empresas que recibirán estas ayudas y créditos preferenciales contraten pymes a las que seguirán pagando en plazos ilegales
Sin embargo, como se sigue sin régimen sancionador (en trámite en el Congreso), se producirá la paradoja de que estas grandes empresas concurrirán a las ayudas europeas y dejarán fuera a tantas y tantas empresas que están sufriendo la morosidad de las grandes empresas. O encima, puede ser que se produzca una doble paradoja, que las grandes empresas que recibirán estas ayudas y créditos preferenciales contraten pymes a las que seguirán pagando en plazos ilegales, o, todavía peor, puede ser que algunas grandes empresas compren negocios pequeños que sufren esta morosidad mientras sus deudores reciben ayudas sin regularizar la situación de morosidad.
Las grandes empresas morosas deben pagar
Pues bien. Quizás ha llegado el momento de que pequeños empresarios y autónomos digan ya basta y, de la mano de nuestras autoridades, patronales y también los sindicatos que representan a trabajadores de pymes que sufren la posición de dominio ilegal de las grandes empresas, pidan a la Comisión Europea que no dé ayudas a grandes empresas que no sólo no cumplen con sus obligaciones legales de pago amparadas por una directiva europea, sino que exhiben impúdicamente sus ganancias mientras no pagan a sus proveedores.
Cualquier autónomo o pequeño empresario, cuando opta a una ayuda pública, tiene que presentar una declaración de estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. Pues ni un euro de ayudas europeas a las grandes empresas que incumplen la directiva europea de morosidad, amparadas por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE que han consentido esta situación. Lo que deben las grandes empresas a las pymes en pagos que rebasan el límite legal de 60 días son 80.000 millones de euros, más de 10.000 millones de euros más que todas las ayudas directas que se espera que lleguen de la UE. Ya va siendo hora de acabar con este escándalo mayúsculo.