Ahora que se conoce la intensidad del espionaje practicado a través de la aplicación Pegasus y cómo ello ha estado orientado a vulnerar los principales derechos de aquellos sindicados como enemigos, los independentistas catalanes, su entorno e incluso su defensa, es un buen momento para reflexionar sobre dos temas que creo son la clave de todo este criminal asunto: cuáles son los límites del nacionalismo español cuando de reprimir a las minorías nacionales se trata y de dónde ha salido todo el dinero que este delictivo espionaje ha costado. Si el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones, el secreto a la vida privada, íntima y familiar, así como, en varios casos, el derecho al secreto profesional de periodistas y abogados, con implicación directa al derecho de defensa, no son derechos respetables para un sector determinado del nacionalismo español entonces bien cabe preguntarse ¿cuáles son los derechos que realmente están dispuestos a respetar?

Quienes hacen gala de ser, mal llamados, “constitucionalistas” deberían hacérselo ver rápidamente porque la Constitución, aquel texto con el que se abanderan y detrás de la que están justificando lo injustificable, protege, especialmente, justo aquellos derechos que en este espionaje masivo han sido vulnerados. Si para los “constitucionalistas” los derechos de los independentistas catalanes son modulables, violables e incluso suprimibles, al menos a quienes se definan como demócratas este espionaje masivo no debería parecerles ni normal ni digno de mirar para otro lado, porque con estas cosas se sabe muy bien dónde y cómo comienzan, pero no dónde acaban. Ante este tipo de crímenes no cabe ponerse de perfil, como vienen haciendo los “demócratas de toda la vida” arguyendo que bueno, son cosas que pasan o, mejor dicho, que les pasan a otros, porque el día menos pensado les pasará a ellos… si es que no les ha pasado ya, pues lo que ha salido a la luz, seguramente, es solo la punta de un iceberg.

Lo que se sabe hasta ahora no es poco, más bien bastante como para abrir los ojos de aquellos que incluso definiéndose como demócratas están dispuestos a hacer la vista gorda cuando de reprimir al independentismo se trata. Es más, la cosa es tan grave que nos asimila, y sitúa, al mismo nivel que países de los que nos creemos tan alejados como Baréin, Arabia Saudita o Marruecos, por solo citar algunos. Quienes creen que esto se va a quedar en unas cuantas noticias desperdigadas es que, simplemente, no son conscientes de la gravedad del tema, de la extensión de este criminal espionaje ni de las jurisdicciones afectadas. Sí, los delincuentes que se han dedicado a espiarnos o no estaban suficientemente asesorados o se han confiado en que el manto de la impunidad patria les cubriría en todos aquellos sitios en los que nos han estado violando nuestros derechos. Estoy seguro de que no me confundo si ya adelanto que esto traspasará las fronteras, se adentrará más allá de los Pirineos y terminará arrastrando a muchos delincuentes —algunos seguramente hasta institucionales o institucionalizados— a jurisdicciones donde no tendrán ningún miramiento con los delitos cometidos ni aceptarán la etiología de estos como dispensa para tales desmanes.

El espionaje masivo de ciudadanos es otra forma de corrupción y si en ello se han empleado recursos públicos o de inconfesable origen mucho más. Por ende, todos hemos de apuntar en la misma dirección y exigir saber lo básico: ¿quién lo ha orquestado?, ¿cuánto ha costado? y ¿de dónde ha salido todo ese dinero?

Ahora bien, y analizando las experiencias y los datos de otros países donde también se han usado estos mismos métodos delictivos, llega un punto en que es necesario preguntarse, de una vez por todas, ¿de dónde ha salido todo el dinero gastado en este plan de espionaje masivo? Se trata de un gasto ingente que supera, por mucho, el total de los fondos reservados que anualmente están presupuestados y no se encuentran en los presupuestos generales del Estado partidas de esta envergadura dedicadas a estos menesteres ni a nada que se le parezca. Dejemos claro algo para que nadie nos trate en engañar: los fondos reservados son limitados y conocido el montante total de los mismos —unos 30 millones de euros—, cosa distinta es que exista reserva o secreto sobre su uso o gasto, pero no sobre la partida asignada a estos y se trata de números que hasta alguien de letras como yo puede comprender. Pues bien, siendo eso así, es obligado que comencemos a exigir saber cuánto dinero se ha gastado en esto, quién lo ha manejado y, sobre todo, de dónde ha salido tan ingente cantidad y bajo qué supervisión se ha gastado, si es que ha existido alguna.

Quien quiera sentirse en el lado correcto de lo que ha de entenderse por democracia, solo tiene que hacerse unas cuantas preguntas para saber dónde estamos realmente y cuán bajo se ha caído; en realidad, la cuestión no es menor y algunos estarán tentados a tapar todo esto con cualquier otro tipo de noticia y dejar que el tema se desgaste, pero ya puedo adelantar que no dejaremos que esto ocurra y que si esto no lo investigan dentro de las fronteras del Estado terminará siendo investigado, seria y rigurosamente, en otras jurisdicciones donde la indisoluble unidad de la nación poco les preocupa.

Insisto: no existe partida presupuestaria para la comisión de este tipo de delitos y tengo serias dudas, por el volumen de gasto que ha implicado, que lo destinado a espiarnos provenga de los presupuestos generales del Estado… siendo esto así, van quedando pocas actividades, ninguna lícita, que permitan la generación de tanto dinero, de forma tan oscura y que, sin pasar por control alguno, pueda ser destinado a la comisión de delitos como los descubiertos ahora. Saber de dónde ha salido todo este dinero debería ser una prioridad porque, entre otras cosas, nos permitirá conocer a todos los ciudadanos cuán podridas están las alcantarillas de un sistema que insisten en presentar como si de una democracia se tratase cuando no lo es, y no lo será mientras en la investigación de estos delitos no se llegue hasta sus últimos responsables.

A mí siempre me ha parecido correcto investigar la corrupción y apoyo todos los esfuerzos por destaparla, sea por oscuros negocios de obra pública o de mascarillas, pero creo que es imposible estar contra la corrupción y, al mismo tiempo, silenciar unos delitos tan graves, a la vez tan corruptos, como los desvelados por New Yorker y Citizen Lab respecto del independentismo catalán, su entorno y su defensa.

El espionaje masivo de ciudadanos es otra forma de corrupción y si en ello se han empleado recursos públicos o de inconfesable origen mucho más. Por ende, todos hemos de apuntar en la misma dirección y exigir saber lo básico: ¿quién lo ha orquestado?, ¿cuánto ha costado? y ¿de dónde ha salido todo ese dinero? Despejando estas incógnitas sabremos a quiénes y por cuántos delitos exigirles responsabilidades, pero, sobre todo, hagámoslo por salud democrática.