La reciente resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consistente, básicamente, en dejar en manos de cada órgano jurisdiccional las decisiones que se deban tomar en función de la situación existente a raíz de la propagación del coronavirus, no es más que un fiel reflejo de algo mucho más profundo: un escaso entendimiento y preocupación por el entorno en que se ha de desarrollar el trabajo jurisdiccional y, además, la más absoluta indolencia hacia la realidad que les rodea. Este tipo de indolencia no es nueva, pero sí un claro ejemplo de cómo piensan y actúan realmente las altas instancias judiciales.

Si las recomendaciones que están dando y las medidas que están adoptando las autoridades sanitarias son las correctas, cosa que no sé porque carezco de los conocimientos suficientes como para valorarlas, entonces lo que debió acordar el CGPJ era la suspensión de toda actividad jurisdiccional que no fuese urgente, delimitando muy claramente el concepto y extensión de lo que se ha de entender por urgencia. Las razones para ello son muy sencillas y a nadie que trabaje en el ámbito de la justicia se le escapan.

Los juzgados y tribunales son, primero, sitios cerrados y, además, y en la mayoría de los casos, espacios bastante pequeños en los que se suelen congregar personas de todo tipo, condición, estado y procedencia por tiempos nunca previamente establecidos. Se trata de lugares con escaso control higiénico, al menos del tipo de higiene que se necesita para combatir esta pandemia, y en los cuales la interactuación diaria, sin duda, puede generar focos de transmisión del virus.

Nada de esto han tenido en consideración en el CGPJ y ello por algo muy sencillo: les pilla lejos y les importa poco. Pero no nos confundamos, esta actitud no es sólo aplicable a temas de salud pública, sino que les delata sobre la actitud general hacia la realidad social sobre la que tienen que actuar y tomar decisiones. Dicho más claramente: viven en su mundo.

El coronavirus es un problema de salud pública grave, urgente y que debe ser afrontado con profesionalidad, diligencias y seriedad. El caso del CGPJ es, por el contrario, un problema de salud democrática, pero que requiere una respuesta de las mismas características

En las alturas del CGPJ tampoco parecen estar muy preocupados no ya por los ciudadanos, sino especialmente por sus propios pares, esos más de 5.000 jueces que hacen posible que el sistema judicial funcione, y por el resto de personal que trabaja en la administración de justicia de la cual los abogados somos colaboradores. Todos los que hacemos posible que “la justicia” funcione día a día nos vemos afectados por una medida indolente hacia la realidad y que contraviene los criterios y directrices que están impartiendo las autoridades sanitarias.

Si les importase “su gente”, si les importasen los fiscales, los funcionarios de justicia, los abogados y los ciudadanos que se ven obligados a comparecer ante la justicia, habrían adoptado medidas claras que permitiesen que todos pudiésemos seguir las pautas recomendadas por los especialistas. Y ello sería así porque no sólo de vistas orales (juicios y apelaciones) vive la justicia, sino, también, de multitud de otras actuaciones y trabajos que, mientras sigan corriendo los plazos, no nos queda más remedio que cumplir.

Es verdad que hay una parte del trabajo que se puede hacer a la distancia, de eso no cabe duda y creo que muchos despachos lo estamos haciendo todo lo bien que podemos. Sin embargo, y mientras sigan corriendo los plazos, hay otra parte del trabajo que no se puede hacer sin acudir físicamente a los despachos y/o a los juzgados.

No me pondré aquí a contaros las penas o penurias propias o ajenas, pero, sirva un ejemplo: si se nos notifica una resolución que ha de ser recurrida, en un plazo concreto, y en la misma se menciona algún documento que no se nos ha entregado (que es algo habitual), no cabe más remedio que acudir, dentro de ese plazo, al juzgado para conseguirlo y poder cumplir con nuestro deber de dar la mejor defensa posible. Este solo ejemplo sirve para imaginarse cuán errónea, si no errática, es la decisión del CGPJ porque, mientras no se suspendan las actuaciones y los plazos, todos los que estamos involucrados con y en la Administración de Justicia tendremos que seguir incumpliendo las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias.

La situación creada por esta pandemia que estamos sufriendo es excepcional y, como tal, requiere respuestas excepcionales que han de ser adoptadas con buen criterio, sentido común y ser seguidas con confianza en quienes están dirigiendo la lucha en contra de la misma. Los ciudadanos lo tenemos claro, los que trabajamos con o en la administración de justicia también, pero, para el CGPJ nada de esto resultó relevante y esto es así porque ellos lo saben todo más y mejor que nadie, incluso que los especialistas.

La decisión del CGPJ, que ellos denominan “instrucción”, no es más que, como vengo diciendo, un fiel reflejo de una forma de pensar y de actuar que, como se viene demostrando en los últimos años, dista mucho de corresponderse con la realidad que vemos, vivimos y sentimos el resto de mortales que componemos eso que se denomina “la ciudadanía” y, en situaciones de crisis como la actual, es cuando mejor se ven los problemas sistémicos y, sin duda, tanto el CGPJ como las altas instancias jurisdiccionales son parte de ese problema que, ahora como en otros casos, ha quedado perfectamente reflejado.

El coronavirus es un problema de salud pública grave, urgente y que debe ser afrontado con profesionalidad, diligencias y seriedad dentro de un marco unitario porque nos afecta a todos. El caso del CGPJ, y las altas instancias jurisdiccionales, es, por el contrario, un problema de salud democrática, pero que requiere, también y guardando las distancias, una respuesta de las mismas características.