Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, pero igual es bueno recordarlo: la próxima euroorden (OEDE) que cursen las autoridades españolas en contra del president Puigdemont y el resto de consellers en el exilio será la madre de todas las batallas jurídicas y tenemos razones para mostrarnos optimistas.

No es momento ni lugar para explicar cómo lo vamos a hacer, pero todos se merecen saber determinadas cosas que, de cara a esa próxima OEDE, son esenciales y que también han influido en las anteriores ocasiones.

En primer lugar, existe una lista de 32 delitos, entre los que sí se encuentra el terrorismo, que conllevaría la entrega del reclamado sin entrar a valorar la doble incriminación (principio según el cual hay que comprobar si un hecho es delictivo en ambos países). En esa lista no se encuentra ni la rebelión, ni la sedición, ni la malversación.

En segundo lugar, y a diferencia de lo que creen algunos autodenominados expertos, el que un hecho sea incardinable en un delito de ese catálogo, lista de los 32, no significa, ni mucho menos, que la entrega se produzca automáticamente. Sólo se producirá si se dan otra serie de circunstancias.

En tercer lugar, incluso marcándose la casilla de terrorismo, no implica, necesaria ni obligatoriamente, que los hechos objeto de reclamación sean susceptibles de ser incardinados en el delito de terrorismo. De hecho, en noviembre de 2017 la juez Lamela intentó colar un gol con la mano marcando la casilla de “corrupción” y eso tampoco coló.

Finalmente, es evidente que en la transposición de la directiva comunitaria reguladora de la euroorden no todos los países la han realizado de igual forma y en algunos, como sucede, por ejemplo, tanto en Bélgica como en Escocia, los derechos fundamentales también son causa de denegación de la entrega.

Es decir, por mucho que se pueda pretender construir una causa por terrorismo, eso no significa que la misma vaya a prosperar a nivel de OEDE. Incluso más, me atrevo a decir que el propio hecho de realizar una escalada a nivel jurídico para intentarlo por “terrorismo” bien puede ser un búmeran que se vuelva en contra de quienes pretenden manipular la realidad y el derecho con la exclusiva finalidad de conseguir la entrega del president Puigdemont y del resto de consellers en el exilio.

Si se plantea una tercera euroorden en base a unos delitos distintos de los utilizados en la primera y segunda OEDE, será de gran ayuda para la defensa del president Puigdemont y los consellers

Solo desde una perspectiva absolutamente provinciana o “nacional-obcecada” es imaginable que a unas determinadas personas primero se les persiga por rebelión/sedición y malversación para, posteriormente, reclamarlas por terrorismo, por cohecho, por pederastia o por lo que se les antoje y que, así y todo, vayan a ser entregadas. En realidad, una situación de esas características solo serviría para potenciar y apoyar nuestra tesis de que se trata de una persecución política.

Por cierto, calificar esta situación de persecución política no es un capricho, sino una simple asunción de lo constatado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que así lo ha determinado. Tema que estará sobre la mesa en la próxima OEDE.

Dicho de otra forma: si se plantea una tercera euroorden en base a unos delitos distintos de los utilizados en la primera y segunda OEDE, será de gran ayuda para la defensa del president Puigdemont y los consellers. Insisto, no importa cuáles sean esos nuevos delitos, pues el resultado será justo el contrario del esperado desde las filas “nacional-obcecadas”.

Algunos, siempre más ardientes que informados, están convencidos de que se puede jugar con el sistema de euroorden y que las mismas son de quita y pon o que un día se puede pedir por un delito y al siguiente por otro. El sistema funciona sobre la base de la confianza entre estados, pero nunca se ha dicho que sea una confianza ciega.

Llevamos días en que las “filtraciones” interesadas de una causa declarada secreta están sirviendo para alentar el imaginario de quienes creen que la indisoluble unidad de la nación española se puede defender a cualquier precio y siendo golpeados una y otra vez con relatos más y más fantasiosos que pueden servir, a corto plazo, para generar sensaciones que no se corresponden con la realidad.

Parece evidente que los “nacional-obcecados” están tratando de construir una causa por terrorismo en contra de los presidents Puigdemont y Torra y sus entornos y que, en dicho empeño, no escatimarán esfuerzos ni perderán la ocasión de hacer el ridículo. Todo por la patria, que siempre queda bien decirlo.

El objetivo esencial de la actual campaña de filtraciones y criminalización global del movimiento independentista busca, sobre la base de la rumorología, crear nerviosismo y miedo

El nivel de absurdo de las acusaciones que se van filtrando no tiene límite, pero no son más que una clara confusión entre deseos y realidad. Mientras no se levante el secreto de las actuaciones no podemos saber qué ha sucedido realmente, qué es lo que han podido o no hacer los hoy presos, a quienes, por cierto, les ampara la presunción de inocencia a pesar de lo que crean algunos.

Si los hechos son ciertos, sería grave y ajeno al conjunto del movimiento independentista, que, por definición y demostración es pacífico. Si los hechos no son ciertos, sería grave porque demostraría hasta qué punto se es capaz de retorcer la verdad y el derecho para criminalizar a una minoría nacional.

En cualquier caso, y por muy delirantes que sean las actuales filtraciones, si hay algo que debemos tener claro es que una OEDE no es algo que cursa ni la Guardia Civil ni la fiscalía, sino que lo hace un juez que tendrá que medir hasta dónde está dispuesto a llegar en una escala del ridículo que se encuentra en su punto más álgido.

Además, y sin que el delirio de lo filtrado nos nuble la vista, hemos de tener presente que el juzgado central de instrucción 6 no es competente para investigar ni al president Puigdemont ni al president Torra por lo que, evidentemente, lo que allí se esté o no investigando, junto con ser un ejercicio de pirotecnia, no tiene un efecto directo en ninguno de los dos presidentes.

Las OEDE se cursarán, eso sucederá en breve, pero lo serán en función de los delitos por los que han sido procesados los exiliados y con base en la sentencia que se dictará. El resto no dejan de ser especulaciones carentes de cualquier base jurídica y muy alejadas de la realidad regulatoria de las órdenes europeas de detención y entrega. Y, una vez cursada, demostraremos lo que siempre hemos dicho: el problema no es la forma sino el fondo, es decir, no son las calificaciones jurídicas sino los hechos. Y estos sabemos que no son delictivos, fuera de España.

El objetivo esencial de la actual campaña de filtraciones y criminalización global del movimiento independentista ―al margen de lo que exista de cierto o no en el proceso declarado secreto― busca, sobre la base de la rumorología, crear nerviosismo y miedo. Ante tal cúmulo de despropósitos, lo único acertado es mantener la tranquilidad y no abandonar la única forma de lucha válida: la no-violencia activa.