No somos pocos los que llevamos un tiempo largo insistiendo en que el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo es importante pero que no podemos olvidarnos de que existen otros escenarios jurídicos donde, también, está en juego mucho y que forman parte de un diseño más amplio, maquiavélico y complejo a través del cual ejercitar la represión. El auto de procesamiento dictado en el procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción 13 nos viene a dar, lamentablemente, la razón.

El concepto sobre el cual se está construyendo todo el andamiaje jurídico para reprimir al soberanismo catalán responde al concepto de “todo es el procés” que es el sucesor de “todo es ETA” aplicado con anterioridad. Se trata, simplemente, de actuar en función de círculos concéntricos e ir criminalizando la actuación de los distintos estamentos que, en el imaginario represivo, han jugado algún papel en el proyecto político soberanista.

En el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional se está actuando sobre el primer círculo, el de los más altos cargos de la administración catalana incardinando las acusaciones entre la rebelión y/o sedición y la malversación. Hablar más sobre esos dos juicios es repetirnos pero sí insistir en que son un primer estamento, fase o anillo.

Ahora, el juzgado de instrucción 13 procesa a quienes entienden que son el segundo de los círculos, aquel en el que se encuentran personas que ocupaban y/o ocupan relevantes posiciones en la administración catalana pero que no son los máximos dirigentes. Esta vez, y después de una prospectiva e ilegal investigación, se les termina procesando por una serie de delitos y, entre ellos, destaca el de malversación que, en esta ocasión, se lleva a unos niveles nunca antes mencionados en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo.

Como se trata de círculos concéntricos, lo que no nos puede extrañar es que, en esta ocasión, sean muchos más los procesados y que el “banquillo” se ensanche para dar entrada, cada vez, a más personas. El objetivo de esta estrategia es claro: si los líderes no aflojan, vamos a por sus segundos y, así, ir ampliando la represión revestida de respuesta judicial.

En todo caso, esta actuación no se detendrá con el procesamiento, y posterior enjuiciamiento, decretado por el juzgado de instrucción 13, sino que se irá viendo cómo, poco a poco, se irán concretando acusaciones contra más y más personas, con papeles de mayor o menor relevancia, hasta llegar a los ciudadanos de a pie, tal cual pretende ya la fiscalía con la imputación dirigida, hace pocas semanas, en contra de personas cuyo delito consistió en ir a votar.

No es bueno defender desde la individualidad. ¿Para qué discutir la participación o no de unos concretos individuos...? Si no hay delito, no puede haber responsables

Con independencia de si estas actuaciones criminalizadoras logran o no su objetivo, es decir, conseguir poner fin al soberanismo, las mismas ampliarán los círculos hasta llegar a límites insospechados como, en otras circunstancias y contexto, se vieron cuando se estableció la doctrina del “todo es ETA” mediante la cual se criminalizó, incluso, el derecho de defensa, lo que implicó que una serie de abogados terminaran en prisión y a fecha actual siguen pendientes de juicio.

Es difícil determinar cuándo surgió la tesis de “todo es el procés”, pero saber desde cuándo y quiénes pusieron en marcha su criminalización es algo que, como ya he contado en este mismo medio, sabemos gracias a la confesión de Tácito: esto comenzó en 2015 y fue a partir de las órdenes emitidas por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional; en esa época no se investigaban hechos concretos, sino, simplemente, una ideología o proyecto político.

Si lo que se comenzó investigando fue un proyecto político es entonces evidente que los hechos no son lo relevante, sino unos meros instrumentos o excusas para justificar la criminalización del proyecto. Los hechos no importan porque ya se buscará el encaje penal.

Si los hechos no son relevantes, entonces, seguramente, la mejor defensa consistirá no en discutir la participación individual en los mismos sino centrarse, especialmente, en la inexistencia de delitos porque esos hechos son eminentemente políticos y no criminales, pese a su forzado encaje penal.

Más claramente, podemos hacernos dos simples preguntas: ¿qué importa si hubo más o menos gastos cuando sabemos que no hubo malversación?, ¿qué más da si esos gastos se corresponden o no con un concreto departamento o repartición si todos sabemos que no hubo malversación? En realidad, la defensa pasa por una comprensión colectiva sobre cuál es la esencia de la acusación y no en el cómo se le recubre o presenta y, si somos capaces de verlo, entenderemos por dónde debemos avanzar en los juicios que están por venir.

La doctrina del “todo es el procés” no pretende reconducirlo, retrasarlo o desacelerarlo, sino destruirlo 

A nivel técnico, estamos ante una posibilidad única de una defensa colectiva de lo colectivo. No es bueno defender desde la individualidad porque, teniendo claro que los hechos no son delictivos, para qué discutir la participación o no de unos concretos individuos... si no hay delito, no puede haber responsables.

Por otra parte, y ante una actuación represiva tan bien orquestada y que avanza lapidariamente por medio de círculos concéntricos, cabe preguntarse cómo se puede parar tan perversa dinámica. La respuesta no es sencilla y las tentaciones, siempre simplistas, pueden ser muchas.

Es posible que algunos piensen que si se desiste del proyecto, incluso momentánea o tácticamente, entonces la intensidad represiva disminuirá y eso permitirá recuperar y consolidar, mediante la ampliación de las bases, la fuerza del soberanismo y no faltará quien llegue incluso a pensar que pidiendo perdón se consiga, pero eso es un error... mortal de necesidad.

La doctrina del “todo es el procés”, que como digo ya tiene precedente, no pretende reconducirlo, retrasarlo o desacelerarlo, sino destruirlo y, ante ello, solo hay dos opciones: dejarse aniquilar, como proyecto político y con el coste que ello tendrá, o, mediante el uso de todos los medios y mecanismos legales, enfrentarse y derrotar a una doctrina que adolece de algo esencial: falta de legitimidad democrática.

Cuando uno decide subir una montaña tiene que tener claro que será complicado, que habrá momentos buenos, malos y peores pero siendo el objetivo subirla, el éxito radica en conseguir bajarla y quienes deciden detenerse para recuperar fuerza, terminan muriendo congelados. En los procesos de democratización sucede lo mismo, solo que las consecuencias no son la muerte por congelación, sino más represión y menos democracia.