Una vez que comprobemos que el desembarco de tropas rusas en Catalunya no es más que un delirante planteamiento que ha servido para sustentar una investigación policial de más de tres años y una serie de resoluciones judiciales enervadoras de derechos fundamentales, que pasarán a los anales de los dislates judiciales, podremos ver que, en el fondo, lo real y grave, aquello de lo que tenemos que cuidarnos es de la generalizada represión hacia todo aquello que hace y dice el independentismo.

El problema de los delirios es que mientras algunos terminan rápidamente, otros se transforman en forzadas realidades que afectan a la vida, la hacienda y la libertad de seres humanos cuyo único crimen no es otro que el tener un deseo de independencia inasumible por un sector poderoso dentro del estado español.

La represión no pasa exclusivamente por los nueve condenados del procés, que también, sino que, además, se extiende a un número muy elevado de personas que, en muchos casos, se enfrentarán a penas de prisión igualmente duras y, en otros, a una serie de penas no privativas de libertad, pero igualmente castrantes para sus vidas y trabajos.

En estos momentos, en el horizonte penal se otean procedimientos que afectan a más de 2.850 ciudadanos que, más temprano que tarde, terminaremos sentándonos en el banquillo de los acusados y deberemos afrontar acusaciones casi tan inverosímiles y delirantes como la llegada de las tropas rusas, pero con consecuencias tan reales como las generadas a partir de la sentencia del procés.

Los próximos en ocupar el banquillo serán un grupo de académicos —Jordi Matas Dalmases, Marc Marsal Ferret, Tània Verge Mestre, Marta Alsina Conesa y Josep Pagès Massó— cuyo crimen consistió en haber sido elegidos, por el Parlament de Catalunya, como vocales de la Sindicatura Electoral de Catalunya el 7 de septiembre de 2017.

Para que nos situemos, debemos recordar que se les acusa de un delito de desobediencia —del que podrían ser autores más de la mitad de los ciudadanos de Catalunya— y, alternativamente, de uno de usurpación de funciones. Solo desde una perspectiva represiva y vulneradora de derechos fundamentales se puede sostener una acusación de estas características.

Perseguir a académicos por realizar sus investigaciones, llevarlas a la práctica e intentar divulgarlas es algo impropio de un estado democrático y de derecho

Tanto las prohibiciones de actuar emitidas por el Tribunal Constitucional como la actividad acusatoria de la Fiscalía representan una clara contravención de los compromisos internacionales suscritos por España y reconocidos en el texto constitucional que tanto dicen defender.

En el caso concreto de estos represaliados, la cosa es muy clara y sencilla, porque entran en juego una serie de derechos que hacen que, ajustándonos a la legalidad, lo realizado por ellos se encuentre amparado expresamente por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, también, la propia Constitución española.

Se trata de académicos que actuaron no solo en cumplimiento del encargo que recibieron, sino que, sobre todo, lo hicieron en el convencimiento de estar amparados no solo por la libertad de cátedra, que lo están, sino también por la igualmente garantizada libertad de investigación científica y, además, por el derecho a la libertad de expresión entendida como el derecho a “comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas”.

Ha sido desde la más seria dignidad y coherencia profesional que estos académicos asumieron el encargo realizado por el Parlament de Catalunya y que, para ellos y entre otras cosas, era un ejercicio práctico de aquello sobre lo cual venían investigando muchos años. Lo sorprendente, lo aberrante, es que, ahora, se vean enfrentados a un tribunal por hacer, justamente, aquello para lo que se han formado.

Son múltiples las normas que amparan el trabajo realizado por los síndicos electorales, pero, sin duda, la que más me gusta, especialmente por cómo expresa el derecho que se les quiere violentar, es la contenida en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora".

Matas, Marsal, Verge, Alsina y Pagès son cinco de los más de 2.850 ciudadanos que nos sentaremos en el banquillo para responder de la osadía de haber hecho frente a la establecida sacrosanta unidad de la nación española

En este juicio hay mucho en juego, no solo la suerte procesal de cinco académicos, que también, sino la viabilidad de nuestros derechos, como ciudadanos, a recibir información veraz sobre ideas y avances científicos que, en resumidas cuentas, es lo que aquí se pretende coartar.

Matas, Marsal, Verge, Alsina y Pagès son titulares de estos derechos, como nosotros de recibir la información —por vía de divulgación— del trabajo que ellos realizaban. Perseguir a académicos por realizar sus investigaciones, llevarlas a la práctica e intentar divulgarlas es algo impropio de un estado democrático y de derecho y este juicio, próximo a su celebración, bien puede ser entendido como una suerte de prueba del algodón en materia de respeto de los derechos fundamentales.

De lo que no debemos olvidarnos, porque las páginas del calendario pasan a una velocidad de vértigo, es que Matas, Marsal, Verge, Alsina y Pagès son cinco de los más de 2.850 ciudadanos que, más temprano que tarde, nos sentaremos en el banquillo para responder no de nuestros actos, que no son delictivos, sino de la osadía de haber hecho frente a la establecida sacrosanta unidad de la nación española.

Perseguir a académicos es tan disparatado y delirante como otear el horizonte para ver por dónde aterrizarán las tropas rusas que liberarán Catalunya. El problema es que hay quienes creen que lo uno y lo otro forman parte de la actividad propia de un estado, seguramente tienen razón, pero no las de un estado democrático y de derecho. Al final, tanto da si son soldados rusos o académicos… Todo por la patria.