A estas alturas, me resulta difícil sorprenderme con los planteamientos que hacen algunos políticos, tal vez demasiados, para quienes la responsabilidad democrática es un concepto que les resulta absolutamente extraño. Son capaces de decir, también de hacer, cualquier cosa sin pensar, siquiera, sobre las consecuencias de sus dichos y sobre lo que puede llegar a representar aquello que van sosteniendo como si fuese normal, cuando no lo es.
Todos, como miembros de cualquier sociedad, tenemos una responsabilidad democrática, que no es otra cosa que establecer, de forma incluso reiterada si fuese necesario, cuál ha de ser el marco discursivo y dialéctico propio de un sistema democrático y qué es lo que se encontraría extramuros de una concepción democrática de la sociedad.
Pero es en momentos de crisis cuando más se tambalean los pilares de nuestra concepción de cómo ha de funcionar una sociedad que se pretenda democrática y cuando más exigentes debemos ser a la hora de aceptar los discursos vacíos, populistas y antidemocráticos de quienes, por profesión, tienen una responsabilidad democrática mayor si cabe que la del resto de los ciudadanos.
A los políticos no se les puede permitir deslices en temas de entendimiento democrático, porque las consecuencias de sus dichos, también de sus actos, son mucho más profundas y peligrosas que cuando los mismos son cometidos por ciudadanos comunes y corrientes que no tienen tales deberes.
Escuchar a políticos hablar con ligereza de derechos y libertades es algo que se está convirtiendo en habitual, cuando no lo es, y lo peor es que se les da una resonancia y difusión que termina sirviendo para instalar discursos tremendamente peligrosos, de los cuales, más temprano que tarde, terminaremos arrepintiéndonos y, entonces, seguramente será ya tarde para arrepentirnos y exigir las correspondientes responsabilidades.
También es grave escucharles hablar de temas que se supone entran dentro de su ámbito de competencias para, luego, terminar descubriendo que no tienen ni idea de lo que están hablando. Es lo que me acaba de suceder después de escuchar a todo un eurodiputado como Javier Zarzalejos, hablando con tanto desparpajo como ignorancia de un procedimiento en el cual él no solo participó, sino en el que jugó un papel relevante: el suplicatorio en contra del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Cada frase es una perla y, también, un ejemplo de lo que un político ni debe ser ni debe decir, porque, para centrar el debate, de entrada, se cargó la separación de poderes al afirmar que “es importante estar detrás del Tribunal Supremo”. Los políticos ni tienen que estar detrás ni delante apoyando o criticando a ningún tribunal, sino, simplemente, al margen… pero es claro que él de democracia sabe poco. Trataré de ir por orden.
Escuchar a políticos hablar con ligereza de derechos y libertades es algo que se está convirtiendo en habitual, cuando no lo es, y lo peor es que se les da una resonancia y difusión que termina sirviendo para instalar discursos tremendamente peligrosos
Le causa sorpresa que la Abogacía del Estado se haya presentado como parte en el procedimiento del suplicatorio. En realidad, a mí también, porque nunca lo ha sido, sino que es una “parte adherida” al Parlamento Europeo, que no es lo mismo… pero es claro que él, de derecho, sabe poco.
Pero no fue un desliz, siguió insistiendo en que el gobierno español decidió personarse como parte en el procedimiento que se sigue en contra de la decisión que acordó conceder el suplicatorio y lo que ya no es solo ignorancia, aunque, también, es afirmar que el objetivo de la personación del gobierno español era el de poder, así, afirmar que las euroórdenes estaban suspendidas. No seré yo quien tenga que salir a defender al gobierno español, pero sí ayudar a aclarar lo que es verdad y lo que es simplemente mentira.
No, Sr. Zarzalejos, la personación de España en el procedimiento en contra del suplicatorio no ha sido como parte de este, sino como adherido a la postura defensiva del Parlamento.
No, Sr. Zarzalejos, la Abogacía del Estado se personó en nombre del Reino de España y no del Gobierno del Sr. Sánchez y, sobre todo, no, Sr. Zarzalejos, la Abogacía no se personó para afirmar que las euroórdenes estaban suspendidas, sino que dentro de las incidencias propias de este procedimiento dijo que por imperativo legal las euroórdenes debían estar suspendidas desde el momento en que el juez Llarena cursó las prejudiciales que están aún pendientes de contestarse.
No, Sr. Zarzalejos, por mucho que usted tenga algún tipo de fijación freudiana, Italia no se basó en ningún escrito de la Abogacía del Estado, sino en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya lectura, junto con la de otros muchos textos, le recomiendo encarecidamente antes de seguir dando este tipo de espectáculos.
No, Sr. Zarzalejos, la posición española no se ha visto debilitada por la intervención de la Abogacía del Estado, sino por la forma en que usted y otros hispánicos miembros del Comité de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo han manejado la tramitación del suplicatorio que ha llevado a la consiguiente demanda de anulación interpuesta ante el Tribunal General de la Unión Europea.
No, Sr. Zarzalejos, lo que está en juego no es solo la inmunidad del president Puigdemont, de Toni Comín y de Clara Ponsatí, sino la forma en que debe interpretarse el derecho de la Unión, derecho del que usted sabe poco o nada o, simplemente, habla de oídas.
No, Sr. Zarzalejos, no estamos embarrando el procedimiento, sino haciendo una defensa muy técnica que está muy por encima de su capacidad de comprensión, pero, sin duda, estrictamente basada en el derecho de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ―se llama derecho de defensa―, lectura que también le recomiendo.
No, Sr. Zarzalejos, la Fiscalía italiana no se ha pronunciado sobre ninguno de los tipos penales por los cuales el juez Llarena persigue a los exiliados, simplemente se pronunció sobre la viabilidad o no de proseguir con una euroorden estando pendiente un procedimiento prejudicial.
No, Sr. Zarzalejos, los hechos por los que se persigue a los exiliados no son delitos en los demás países europeos; de hecho, así lo determinó hace ya 4 años el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, cuya sentencia también le recomiendo leer para que no siga haciendo el ridículo o, simplemente, mintiendo. Allí hicieron justamente el ejercicio que usted propone hacer y se llegó, justamente, a la conclusión opuesta a la que usted llega.
No, Sr. Zarzalejos, nadie dentro de la defensa ni del entorno del president Puigdemont está enredando nada; lo que enreda, distorsiona y, sobre todo, merma la credibilidad de cualquier sistema es apoyarse en nazis para conseguir los objetivos represivos que usted defiende.
Le recuerdo, Sr. Zarzalejos, que usted apoyó y se apoyó en el nazi Angel Dzhambazki para conseguir el suplicatorio del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí… Eso, sin duda, es apartarse de cualquier tipo de responsabilidad democrática y adentrarse por unos terrenos pantanosos en los que, sin duda, usted parece moverse a gusto.
Usted, Sr. Zarzalejos, que vive de la política, tiene unas responsabilidades que van más allá de aquellas que tenemos los ciudadanos de a pie y hacer las afirmaciones que con tanta soltura de cuerpo ha realizado recientemente conlleva una merma de la calidad democrática de cualquier país porque arrastra a los ciudadanos a creer lo que no es porque lo dice alguien que tiene, por su cargo, una clara responsabilidad democrática.
En cualquier caso, lo suyo, con un poco de estudio, algo menos de demagogia y con un poco de sentido común, igual se puede reconducir, por lo que confío en que haga bueno el sueldo que entre todos le pagamos y la próxima vez déjese asesorar antes de hacer un ridículo de este calibre que, además, ya queda en la hemeroteca para cuando las cosas no pasen como usted dice que pasarán.