Desde hace bastante tiempo vengo insistiendo sobre algo que es básico para entender el patrimonio de derechos que, en el ámbito europeo, tienen los catalanes y que se sustenta en su condición de minoría nacional.

El Tratado de Lisboa, en su artículo 2, establece: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías…”. Este carácter constituyente que tiene dicho tratado lo convierte no solo en una declaración de principios, sino en una norma de obligado cumplimiento a la luz de la cual han de interpretarse muchas otras reglas comunitarias.

No reconocer el derecho a decidir es tanto como negar el conjunto de derechos que como minoría nacional les asiste a los catalanes. Por tanto, reprimir, como se viene haciendo, por el solo hecho de pertenecer a una minoría nacional, es tanto como actuar al margen, incluso en contra, de la carta básica europea.

Solo desde una perspectiva de vulneración sistemática de los derechos que, como minoría nacional tienen los catalanes, es cómo se pueden entender las múltiples formas de represión que se han vivido estos años y se continúan viviendo.

Ahora bien, la vulneración sistemática de los derechos de las minorías nacionales no sólo es algo que sufren los catalanes y, día a día, vamos comprobando cómo uno de los principales problemas que enfrentará España ante la Unión Europea será, justamente, el trato que da a aquellas minorías que voluntaria o involuntariamente permanecen atrapadas dentro de la actual configuración del Estado.

Durante años, especialmente mientras ETA estuvo activa, los vascos han sabido mucho de cómo funciona la represión, pero en los últimos años, si nos fijamos bien, podremos comprobar cómo el maltrato a las minorías nacionales se va transformando en una práctica cada día más extendida y que ya afecta no solo a vascos y catalanes sino también a árabes de Melilla y, nuevamente, a canarios.

La dinámica comisiva es siempre la misma: judicializar situaciones, imponer penas y, a través de ello, bien llevar a prisión a los afectados o privarles de sus derechos políticos para que no puedan representar efectivamente a ese colectivo que lideran

Hacer un análisis detallado de los casos en que se pone en marcha la maquinaria judicial para reprimir a destacados miembros de minorías nacionales o de colectividades periféricas, como algunos querrán denominar a dichas minorías, es una tarea ardua, pero en algún momento resultará necesaria bastando en estos momentos unas someras referencias a casos que terminan siendo emblemáticos.

Ejemplos de dicho maltrato en Catalunya hay muchos y, por tanto, no es necesario detallarlos, pero no está de más el ver las otras represiones, que, finalmente, terminan siendo parte de un todo.

Superada la violencia en el País Vasco, tal vez el mejor ejemplo sea el de Arnaldo Otegi y cómo se le ha llevado a prisión y vulnerado sus derechos fundamentales para intentar anularle políticamente. Pocas personas, seguramente ninguna antes, han tenido que recurrir tantas veces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como Otegi, que, además, siempre ha terminado ganando.

Si la cosa se quedase en Otegi y los catalanes, bien se podría argumentar que el primero está vinculado a la violencia ejercida por ETA y los segundos a la “rebelión” propiciada por el president Puigdemont, pero es que los ejemplos no quedan limitados solo a estos dos supuestos.

Basta mirar al sur para darnos cuenta de que la sistemática de anular a políticos relevantes en los que concurren características similares a las del País Vasco y Catalunya para entender ante qué estamos.

La represión judicial en contra de los musulmanes de Melilla es otro ejemplo de maltrato a minorías nacionales. Casos como el de los “corderos” o del “voto por correo” son ejemplos claros de cómo un aparato judicial ideologizado es capaz de llegar a generar situaciones impropias de un estado democrático y de derecho sobre la única base de la pertenencia a minorías de los afectados.

Hay muchos casos y si los ponemos todos sobre la mesa, veremos que no se trata de simples casualidades, sino de una concepción del estado, incompatible con un sistema democrático y con la Unión Europea

La dinámica comisiva es siempre la misma: judicializar situaciones, imponer penas y, a través de ello, bien llevar a prisión a los afectados o privarles de sus derechos políticos para que no puedan representar efectivamente a ese colectivo que lideran. Es lo que sucede, por ejemplo, con Mustafa Aberchán en Melilla.

Vascos, catalanes, musulmanes de Melilla, ya son tres ejemplos a los que ahora ha de sumarse el de Alberto Rodríguez, diputado canario al que, después de siete años, le desempolvan unos más que dudosos hechos ocurridos durante una manifestación, criminalizan los mismos, le enjuician y, ante la falta de las más mínimas evidencias, se dicta una sentencia que no resistirá el paso de los Pirineos, pero que ha servido para ejecutarle como diputado privándole de su acta. Es un revival de la doctrina Torra, creada ad hoc para derrocar al president Torra y forzar unas elecciones en Catalunya con la esperanza de conseguir, para el nacionalismo español, un resultado más acorde a los intereses estatales.

Sí, mirar el caso de Alberto Rodríguez sin entrar en el análisis de su canaridad es no ver cuál es la esencia de esta nueva, anómala e ilegal actuación por la cual se priva a todo un pueblo de sus representantes; más aún cuando representa a un colectivo importante de ciudadanos canarios que tienen un alma, un origen, una historia, una cultura, unos sentimientos e, incluso, un hablar común y diferente.

Solo he citado algunos ejemplos, pero casos los hay y muchos, y si los ponemos todos sobre la mesa, que es lo que ya deberíamos estar haciendo, veremos que no se trata de simples casualidades, sino de una concepción del estado, incompatible con un sistema democrático y con la Unión Europea, que pretende una uniformidad en torno a una identidad nacional que ni abarca a todos ni representa a todos los que, voluntaria o involuntariamente, se ven atrapados dentro de la estructura actual del estado español.

En resumidas cuentas, el nacionalismo español, que es hegemónico dentro del Estado, no es que tenga un problema con los catalanes, que lo tiene, o con los vascos, musulmanes y canarios, que también lo tiene, sino que, sobre todo, deberá hacerse ver el cómo tratan a las minorías.

Ser demócratas y ser europeos suena bien, pero para poder serlo sin adjetivos calificativos o serlo de verdad, lo primero que deben plantearse y solucionar es el trato que se le da a las minorías, cuyos derechos están garantizados dentro del ámbito de la Unión Europea y, más temprano que tarde, será por ahí por donde la Unión dirá basta.