Poco a poco se van conociendo detalles de la utilización del programa Pegasus, diseñado y comercializado por la empresa israelí NSO, para el espionaje de personas incómodas para las cloacas del estado. Digo cloacas porque el estado, entendido como un ente democrático y respetuoso del derecho, tiene mecanismos legales para intervenir las comunicaciones de aquellas personas a las que considera posibles responsables de un delito y aquí, lo sucedido, dista mucho de ser lo que corresponde conforme a derecho.
La NSO Group es una empresa israelí que desde hace tiempo se dedica a fabricar troyanos para móviles y ordenadores, pero que los vende exclusivamente a los gobiernos que lo solicitan y a un elevado precio. Cada licencia es activable en un único dispositivo, por lo que el costo de espionaje que poco a poco se va revelando ha tenido que ser ingente… seguramente procedente de “fondos reservados”.
NSO, pionera en su sector, utiliza sistemas propios, sofisticados y muy específicos para camuflar el troyano que, en cada móvil, lo ocultan de una forma distinta. Con independencia del estudio que está realizando Citizen Lab, será móvil a móvil como habrá de detectarse la presencia de dicho software espía que atacó, principalmente, a cerca de 1.500 personas en todo el mundo, en su mayoría, defensores de derechos humanos y personas vinculadas con Catalunya.
Esta no es la primera ni, seguramente, será la última vez en que se utilizan métodos ilegales, más bien delictivos, para investigar al independentismo, sus aledaños y todo lo que preocupe a las cloacas del estado, que, por mucho que digan, siguen a pleno rendimiento.
Igual es oportuno recordar que hace más de 2 años y medio se detectaron en el coche del president Puigdemont unas balizas de seguimiento instaladas de manera ilegal en Bélgica y que ese no ha sido el único episodio de guerra sucia que se ha vivido en torno al exilio y al independentismo catalán. No ha habido método que no se intentase, pero a muchos les sorprendió, a algunos hasta les molestó, que la justicia belga se tomase tan en serio la investigación de esas balizas.
También es bueno recordar que no sólo balizaron ilegalmente el coche del president Puigdemont, sino que habrían existido seguimientos por media Europa (unos reales, otros deseados, como el del ferry desde Finlandia), supuestas operaciones conjuntas con la policía alemana que terminaron desmentidas desde Berlín, etc. Todo eso, y lo que falta por saber, al margen de la ley, pero con fondos públicos.
Parece ser un buen momento para poner fin a este tipo de prácticas criminales que nada bueno dicen de un estado que está dispuesto a gastarse millones en reprimir, en lugar de solucionar un conflicto político
Lo investigado por Citizen Lab podría parecer algo de menor entidad, pero no lo es, y parece ser un buen momento para poner fin a este tipo de prácticas criminales que nada bueno dicen de un estado que está dispuesto a gastarse millones en reprimir, en lugar de solucionar un conflicto político.
Lo revelado en relación con el programa Pegasus tiene un encaje perfecto en el artículo 197.1. del Código Penal, que establece: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Y ya si se hace por motivos de ideología, según el apartado 5 del mismo artículo, "se impondrán las penas previstas en su mitad superior”. Y si, como es argumentable, este delito hubiese sido cometido en el seno de una organización o grupo criminal, la misma se impondría en su grado superior.
Pero no es necesario llegar a configurar a sus autores como parte de un grupo criminal, basta lo previsto en el artículo 198 del mismo Código Penal para el caso de que quien cometa el delito sea “autoridad o funcionario público”, ya que la pena se impondrá en su mitad superior y, además, conllevará “la inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años”.
La adquisición y utilización de un programa como el Pegasus, en cualquier país, no es decisión de un oficial operativo de inteligencia, sino de sus mandos y, por el elevado coste, la criminalidad de la acción y las consecuencias que de ello se desprendan, seguramente, de un alto mando de los servicios de inteligencia. Pero la alta posición de quien haya autorizado este tipo de operaciones no basta para sacarla del ámbito propio de las cloacas del estado; sí, esas que nos dicen que ya no existen.
Balizas, programas espías, seguimientos ilegales, intentos de secuestro, entradas y registro arbitrarias, clonados de móviles, incautaciones de correos electrónicos, etc. son solo una parte de una represión silenciosa, aun no sangrienta, pero no menos perversa que otras. En realidad, no se está combatiendo delitos, ni mucho menos al adversario, sino tratando de destruir al enemigo y esa lógica, junto con ser errónea, también resulta tremendamente perversa y criminal.
Se usa y abusa de los poderes del estado para intentar neutralizar al enemigo y, en dicho esfuerzo, el derecho, y su respeto, no es más que un estorbo que terminan saltándoselo de una u otra forma. Los casos vividos en estos años, y que poco a poco se van conociendo, no son más que la punta del iceberg del desviado uso de un poder estatal oscuro y descontrolado para, como digo, reprimir, que no solucionar, un problema eminentemente político.
Las evidencias sobre estas prácticas se van acumulando a ritmo vertiginoso y, poco a poco, también van trascendiendo las fronteras con el daño que eso hace para la imagen de un estado que pretende seguir presentándose como una democracia ejemplar cuando no es capaz de controlar y suprimir sus propias cloacas.
En las cloacas, y con sus métodos, podrán encontrar el placer de la represión, pero solo en la medida en que se asuma la etiología del conflicto, que es política, y se tenga la valentía de buscar una respuesta dentro de dicho marco, se habrá avanzado hacia una solución que sea conforme con los parámetros propios de un estado democrático y de derecho.
Ahora bien, y con independencia de lo que se haga de aquí en adelante, no cabe duda de que prácticas criminales como las reveladas con el uso del programa Pegasus y otros métodos, constituyen delitos previstos y penados en el Código Penal y, por tanto, lo que toca no es mirar para otro lado sino hacerlo directamente hacia el origen del problema, determinar los hechos, localizar a sus responsables y someterles a debido proceso… Justamente uno con todas las garantías del que han tratado de privar a sus víctimas.