Llevamos casi dos años poniendo en tela de juicio el trabajo y las decisiones de la Junta Electoral Central (la Junta) y, durante todo este tiempo, no nos hemos llevado más que críticas y ataques tendenciosos de todo tipo, cuyo único objetivo era desprestigiarnos y, de paso, restarnos cualquier credibilidad con tal de defender un statu quo que se hace cada día más insostenible. Ahora, y gracias a una investigación de dos periodistas de ElDiario.es, se ha logrado acreditar que efectivamente había una, o más, explicaciones del extravagante comportamiento que viene teniendo la Junta desde hace ya tiempo y cuyas consecuencias, sin duda alguna, trascienden las fronteras del estado español.

Todo apunta a que Andrés Betancor, vocal de la Junta y persona con gran predicamento entre el resto de los miembros de dicha junta, era juez y parte porque por un lado asesoraba y, presuntamente, escribía los recursos y denuncias de Ciudadanos en materia electoral y, de otra, se dedicaba a resolverlos como miembro de la Junta. Si su sueldo no era bastante, a su hijo le tenían fichado como asesor de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, que es donde se jugará el suplicatorio del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los casos en que Betancor y Ciudadanos o Ciudadanos y Betancor han participado son múltiples y variados, pero, tirando de memoria, destacan por su relevancia y orden de aparición:

  1. El ataque contra el president Torra: cuando Ciudadanos le denunció ante la Junta por una pancarta que colgaba en el balcón del Palau de la Generalitat. Betancor, con su Junta, acordó sancionar al president y denunciarle ante la Fiscalía que, sin dudarlo y por razones que algún día se conocerán, procedió a querellarse. De dicha actuación surgió el proceso penal en el que luego se le condenaría por parte de un parcializado Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que se negó, de manera sistemática, a que pudiésemos interrogar a los miembros de la Junta y a que cuestionásemos la falta de imparcialidad de sus mismos; ahora tocará pelear este argumento ante el Tribunal Supremo donde varios de sus miembros también forman parte de la Junta.
  2. El ataque a los candidatos al Parlamento Europeo: Ciudadanos, a través de Betancor, intentó dejar al president Puigdemont, a Toni Comín y a Clara Ponsatí fuera de la carrera electoral europea alegando que eran inelegibles. La denuncia/queja la interpuso Ciudadanos y la resolvió Betancor y la Junta. Esa maniobra conllevó una serie de recursos y gastos para, finalmente, ganar in extremis, lo que permitió, de una parte, poner fin a mi carrera política y, de otra, permitir que concurriesen a las elecciones europeas, que luego ganarían ampliamente.
  3. El engaño al Parlamento Europeo: La Junta, de la mano de Betancor, que al mismo tiempo era empleado de Ciudadanos, remitió al Parlamento Europeo una lista incompleta de eurodiputados electos y proclamados, de la cual excluyeron al president Puigdemont y a Toni Comín (un dato interesante: cuando se remitió dicha “lista”, el presidente de la Junta no firmó la comunicación, ¿por qué?). Este hecho conllevó que se interpusiesen una serie de demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que aún están pendientes de resolución. Con esta acción se privó, por espacio de más de 6 meses, a los eurodiputados de poder participar de la actividad parlamentaria y en multitud de votaciones, para la cual habían sido elegidos, lo que ha conllevado, además, unos gastos elevados pero muy cuantificables.

Betancor y Ciudadanos han llevado su “defensa de la democracia” a límites insostenibles dentro de la Unión Europea y la factura de una actuación así de tramposa la terminaremos pagando todos

Lo que ahora se ha descubierto sobre la actuación de Ciudadanos y Betancor es un escándalo de grandes dimensiones que afecta a la esencia misma de un sistema democrático del que tanto se vanaglorian aquellos que se autodenominan constitucionalistas y que no son más que nostálgicos del franquismo. Además, pensar que el caso Betancor es lo único turbio que puede afectar a la JEC, sobre la que el Tribunal Supremo dijo que venía actuando por más de cuarenta años de “una extraordinaria pulcritud y eficacia”, es de ingenuos.

Las implicaciones del caso son de tal calado que para muchos son difícilmente dimensionables, pero no perdamos de vista que lo descubierto respecto de Batancor no es un hecho aislado, sino que, más bien, parece corresponderse con una estrategia mucho más profunda. Decimos esto porque se situó a su hijo como asesor de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y, además, hay que tener presente que un miembro de Ciudadanos preside por ahora JURI, que es el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, encargado de tramitar los suplicatorios del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

Desconozco qué hará la justicia en España o qué hará el Congreso, pero tengo muy claro que el Parlamento Europeo no desconocerá la gravedad de los hechos y sus implicaciones, así como que el propio TJUE no ignorará que una parte de los litigios pendientes de resolver surgen de las actuaciones de la Junta, compuesta, entre otros, por Betancor, el empleado de Ciudadanos.

Los hechos son muy graves y, en mi opinión, aparte de las consecuencias políticas y diplomáticas, tienen implicaciones penales que deberán sustanciarse en un proceso con las debidas garantías, que es, justamente, aquel del que se ha privado, por ejemplo, al president Torra a partir de la denuncia de la Junta con el concurso de Betancor y a instancias de Ciudadanos.

Betancor y Ciudadanos han llevado su “defensa de la democracia” a límites insostenibles dentro de la Unión Europea y la factura de una actuación así de tramposa la terminaremos pagando todos. La cuestión ahora es determinar si se les va a proteger o no y si estamos ante un caso aislado dentro de la Junta o ante un sistema que hace aguas por todos lados.

Estos hechos o corresponden a un comportamiento concreto de Betancor y Ciudadanos o, por el contrario, a un problema sistémico en el cual la Junta, cuya composición es más que cuestionable, no es un órgano imparcial que, además, se dedica a hacer política sin que se les logre exigir ningún tipo de responsabilidad. Es otro de los poderes del Estado que carece de auténtico contrapoder.

En todo caso, en cualquier estado democrático, un caso de estas características implicaría una seria, rigurosa y exhaustiva investigación de un ente cuya “fundamental misión es velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral” y que no solo afecta a los procesos electorales dentro del estado español, sino, también, a los europeos. Si España no toma cartas en el asunto, lo terminará haciendo Europa y, seguramente, eso nos arrastrará a una situación en la que ya se encuentran países como Polonia.