Todo comenzó mal, pero muchos no quieren darse cuenta, y no por mirar hacia otro lado la cosa dejará de ser grave. Las claves del tema, en todo caso, están en el auto del Supremo del pasado 14 de mayo por el cual se acordó, entre otras cosas, no tramitar el suplicatorio, no dejar en libertad a los presos políticos, autorizar una “salida controlada” de prisión y, además, remitir testimonio de dicho auto al Congreso y al Senado.

A estas alturas, todos hemos visto el lamentable espectáculo de la “democracia ejemplar”, asistiendo a como unos políticos electos han sido conducidos bajo custodia policial, ante las dos cámaras legislativas del Estado para tomar posesión de los escaños que han ganado en las urnas. Pero, como si eso no fuese bastante, esa “salida controlada” lo ha sido con una serie de restricciones que afectan no ya a los presos políticos sino, también e indefectiblemente, a la soberanía y autonomía de las Cortes Generales... Una vez más, el Tribunal Supremo no solo ha marcado la agenda política, sino que ha invadido competencias propias de otro poder del Estado.

El auto del pasado 14 de mayo, entre otras cosas, pero siempre dentro de la invasión de competencias propias de las Cortes Generales, se permite, además, interpretar los reglamentos del Congreso y del Senado, que es una atribución y competencia exclusiva de dichas cámaras, pero nunca de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Como si lo anterior no fuese bastante, se han permitido el lujo, si no el exceso, de establecer unos criterios restrictivos a la hora de interpretar las normas reguladoras del suplicatorio recortando, de manera indebida y a mi juicio inconstitucional, las prerrogativas no ya de los presos políticos sino de todos los diputados y senadores que, a partir de ahora, podrán ser perseguidos, sin necesidad de suplicatorio, hasta antes del procesamiento y a partir de la apertura del juicio oral.

Algunos dicen que la interpretación de las normas contenidas en la ley de enjuiciamiento criminal que hace el Tribunal Supremo es la más adecuada, por ser literal, pero el problema es que son normas “añejas” que se promulgaron antes de la entrada en vigor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la propia Constitución con la que tanto se abanderan algunos. Las normas siempre han de interpretarse sistemáticamente y, en este caso, más si cabe por estar ante un supuesto inédito.

El problema, el auténtico problema, es que siempre hay un mañana y cuando se cruzan determinadas líneas rojas, la vuelta a los límites resulta compleja, si no imposible

Es decir, en una resolución de menos de 26 páginas, el Tribunal Supremo ha hecho una auténtica “reforma legislativa”, para la que no tiene competencias, y se ha arrogado, incluso, la capacidad para establecer reglas de conducta aplicables a diputados y senadores dentro de las respectivas cámaras legislativas estableciendo, también, impedimentos para que se reuniesen con sus grupos parlamentarios o participasen de cualquier encuentro con los medios durante su presencia en el Congreso y Senado, respectivamente.

A mayor abundamiento, durante su estancia en las Cortes Generales los presos fueron, en todo momento, controlados por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, hemos de asumir, iban armados dentro de las sedes legislativas.

Claro, como solo se trata de los presos políticos catalanes, a ninguna de las señorías allí presentes, con la honrosa excepción de los diputados y senadores de Bildu y de Unidas Podemos, pareció molestarles que un órgano del poder judicial se entrometiese en la esfera de exclusiva competencia del poder legislativo... En el “a por ellos” y desde la perspectiva del “que se joda”, como dijo Hernando, todo es admisible sin medir las consecuencias de lo que algo así significa para la calidad y consistencia de la democracia en España.

El problema, el auténtico problema, es que siempre hay un mañana y cuando se cruzan determinadas líneas rojas, la vuelta a los límites resulta compleja, si no imposible. Esta semana, y a raíz del auto del 14 de mayo del Tribunal Supremo, se han cruzado muchas líneas rojas y todas en pos de una democracia cada vez más imperfecta e irremediablemente tutelada por un órgano al que nadie ha elegido como es la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Si miramos con cierta perspectiva, comprobaremos que no es la primera vez que el Tribunal Supremo hace política a lo largo de los últimos años y, miren por dónde, siempre en relación con vascos, catalanes y gente de mal vivir... La política el Supremo la hace, siempre, en contra de los derechos de las minorías y de quienes cuestionan el régimen del 78, como si eso fuese compatible con el Tratado de Lisboa.

Permitir que Marchena y compañía sigan haciendo política y entrometiéndose en esferas que no le son propias es un abandono de las responsabilidades que le incumben a cada poder del Estado

Permitir que Marchena y compañía sigan haciendo política y entrometiéndose en esferas que no le son propias, como son las del poder legislativo, sea estatal o autonómico, es no solo un error sino, además, un abandono de las responsabilidades que le incumben a cada poder del Estado. No nos olvidemos que tan graves son las interferencias políticas en la justicia como las de la justicia en la política, con el agravante de que, en el sistema actual, las altas instancias jurisdiccionales no tienen contrapesos para la exigencia de responsabilidades cuando se exceden de sus límites o, abiertamente, entran en el plano de lo ilegal.

El Tribunal Supremo lleva años haciendo dos cosas que no le corresponden: de una parte, legislando por vía de sentencias, autos y acuerdos del pleno no jurisdiccional, y, de otra, entrometiéndose en la política a través de decisiones que le afectan directamente. Pondré un ejemplo que lo explica todo: el 21-D del 2017, los catalanes votaron en las elecciones autonómicas y cada catalán que quiso introdujo un voto en la urna mientras que el Supremo votó, en las mismas elecciones, tres veces: primero en contra de Puigdemont, luego en contra de Sànchez y, finalmente, en contra de Turull... Si esto no es hacer política, entonces ya no sé qué es.

Los salvadores de la patria, para quienes la “indisoluble unidad de la nación española” lo es todo, lo que realmente están haciendo es cargárselo todo y dependerá de aquellos que se sientan auténticamente demócratas el impedir que esto siga sucediendo y, para impedirlo, una buena ocasión la tenemos este próximo domingo en que se les puede dar una respuesta contundente votando en unas elecciones europeas que no podrán manipular y sobre cuyas consecuencias tampoco podrán influir.

Votar masivamente y hacerlo por quienes representan la resistencia a estos atropellos y quienes han dado ejemplo de lucha y mantenimiento del espíritu del 1 de octubre es votar por reconducir esta deriva autoritaria que, desde hace ya tiempo, viene liderada por el Tribunal Supremo que abandonó el derecho para hacer política.

En mi caso, por todo esto, pero también por coherencia, por cariño, por respeto, por admiración, por creer que existe una Unión Europea en la que este tipo de atropellos no pueden suceder, por verles la cara que se les quedará a muchos cuando Puigdemont, Comín y Ponsatí tomen posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo y, por qué no decirlo, para que cuando Borrell hable en la Eurocámara sean sus propias víctimas las que le repliquen, yo les votaré.