Cuanto más se acerca el momento de conocer la sentencia que dictará el Tribunal Supremo en contra de una serie de políticos catalanes, más aumenta la ansiedad y, sobre todo, las especulaciones sobre diversos aspectos de la misma de entre las que cabe destacar su contenido, que solo lo conocen los magistrados de la Sala Segunda, y la fecha en que se dará a conocer la misma; fecha y circunstancias que, por ahora, solo conocen Marchena y sus más cercanos. Tampoco dejan de crecer las propuestas sobre cómo se ha de reaccionar ante esa sentencia y las consecuencias que tendrá en la vida política catalana y española.
Como jurista, entiendo que contra cualquier sentencia que genere un gravamen, una condena, se debe reaccionar de la misma forma jurídica: recurriendo y, en este caso, al tratarse de un procedimiento en única instancia, ante el Tribunal Supremo, no caben recursos en el ámbito de la jurisdicción ordinaria y solo es posible hacerlo ante el Tribunal Constitucional y, después, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pero, estoy seguro, esto ni es nuevo ni desconocido para la gran mayoría de lectores sino, más bien, una obviedad.
Dejando atrás lo jurídico, es evidente que una sentencia como la que está por venir conllevará una serie de consecuencias políticas y generará la necesidad de reaccionar políticamente ante ella. Es ingenuo pensar que una sentencia que castigará una actividad política, reprimirá a un movimiento político y condenará a unos líderes políticos no vaya a ser una sentencia igualmente política y, por tanto, no solo será atacada en base a recursos jurídicos; la respuesta será, igualmente, política.
Muchas son las veces que se me ha preguntado sobre cómo hay que reaccionar ante esta sentencia y siempre he dicho lo mismo, que cualquier actuación que se realice debe estar entre dos límites claramente definidos: ni han de buscarse salidas individuales ni ha de caerse en actuaciones violentas... el resto ya es cuestión de imaginación.
En el catálogo de reacciones posibles he escuchado de todo y, sin duda, es evidente que unas ideas parecen más acertadas que otras, pero no seré yo quien entre a valorar cuáles entran en una u otra categoría; sin embargo, sí hay un tema en el que creo necesario entrar y, ello, por las consecuencias que pudiese tener una respuesta consistente en la convocatoria de elecciones.
Pensar que el nacionalismo español se sentirá contestado con un adelanto electoral, en el cual el independentismo no se presente unido, es tanto como pensar que la sentencia será absolutoria o que portándose bien vendrán los indultos o las amnistías
Una convocatoria anticipada de elecciones en Catalunya podría ser una respuesta política a la altura de las circunstancias pero para que la misma lo estuviese necesitaría ser una contienda planteada en clave plebiscitaria, es decir, entre quienes apoyan a los presos –afectados directos por la sentencia– y quienes consideran que la sentencia es la respuesta que un Estado tiene que dar a quien ose plantear un nuevo marco convivencial o exigir el derecho de autodeterminación o el respeto a sus derechos como minoría nacional.
Unas elecciones planteadas en esos términos sí parecería una buena y adecuada respuesta a una sentencia que, como he dicho muchas veces, no gustará a nadie y, sin duda, serviría para establecer una base de discusión objetiva sobre las fuerzas que, cada una de las partes, aglutinan. Es decir, una contienda en la cual, de una parte, estuviese unitariamente representado el independentismo catalán y, de otra, aquellos que consideran que la indisoluble unidad de la nación española bien vale una sentencia como la que veremos, siempre a riesgo de dejar fuera de esos dos bloques a aquellos que no se sientan identificados ni con una ni con otra postura pero que, llegado el momento, estoy seguro que apostarán más por la libertad y los valores democráticos que por la represión.
Ahora bien, una propuesta de estas características no parece encajar en lo que alguno, solo o en compañía de otros, estaría planteando como respuesta asemejándose, mucho más, a una contienda electoral en términos tradicionales y partidistas que, si bien puede parecer atractiva desde una perspectiva electoralista, por definición, conllevará no una respuesta a la sentencia sino, más bien, a un reconocimiento de la misma.
Toda contienda electoral, por definición, es una disputa, una pelea, una refriega cuyo objetivo final es ganar obteniendo más votos que los demás y, como es lógico y racional, en el debate previo a la elección se genera un enfrentamiento del cual poco o nada de tipo constructivo se logra, con lo que abocar a los ciudadanos a un combate de estas características, justo después de conocerse la sentencia, malamente puede encajar con lo que ha de hacerse como país en un momento histórico tan delicado y en el cual el conjunto de la ciudadanía demanda algo muy sencillo: unidad.
Pensar que el nacionalismo español se sentirá contestado con un adelanto electoral, en el cual el independentismo no se presente unido, es tanto como pensar que la sentencia será absolutoria o que portándose bien vendrán los indultos o las amnistías; es decir, algo que no sucederá y, además, una batalla electoral, en la cual cada partido compita por unos escaños y por la hegemonía del espacio político independentista no es lo que atemoriza al nacionalismo español sino, justamente, lo que más desearía.
Convocar elecciones es sencillo, ganarlas puede que también, pero hacer de unas elecciones un hito político e histórico importante y que sirva de respuesta ante la judicialización de la política y la utilización del Derecho como instrumento de represión es cosa muy distinta y, para que eso suceda, solo se puede hacer desde una posición indubitada de unidad a través de la cual se deje claro que el resultado es algo más que el mero triunfo de unas siglas sobre otras o de unos líderes sobre otros.
Algunos piensan que lo relevante es la hegemonía dentro de los bloques y, en realidad, esa no es más que una visión mezquina y cortoplacista que dista mucho de ser la propia de los estadistas o de los padres de una patria cualquiera. En momentos como el actual la única hegemonía que ha de buscarse, si es que hay alguna que buscar, es la que pueda existir entre los distintos bloques pero no dentro de cada uno de ellos.
En definitiva, no estamos ante un escenario sencillo, nunca se ha planteado que fuese así, pero, sin duda, estamos ante una situación en la cual todo, absolutamente todo, si se quiere que funcione, ha de hacerse en clave de país y, qué duda cabe, un país se construye para todos y entre todos pero no contra todos.