Sorprendió a propios y extraños la comparecencia, sin previo aviso, del president Puigdemont ante las autoridades belgas a fin de dar comienzo al nuevo procedimiento europeo de detención y entrega (OEDE) solicitado, por tercera vez, por el juez Llarena. Es evidente que ante la situación actual en Catalunya lo que no se podía, ni debía, era generar un nuevo foco de incertidumbre o tensión que agitase, más si cabe, la reacción ciudadana ante la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Guste o no, la forma en que realizamos todo fue un nuevo acto de responsabilidad.

El nuevo intento del juez Llarena abrió, desde el pasado lunes, un nuevo escenario jurídico, también político, que afectará, sin duda, a la actual situación en Catalunya. En cualquier caso, estamos no solo ante una nueva OEDE sino ante un procedimiento en el que se cuestionarán muchas cosas, incluso la base misma de la sentencia dictada por el Supremo, ya que no se trata solo de defender al president Puigdemont y evitar su entrega sino de algo mucho más amplio y de un recorrido del cual, tengo la sensación, el reclamante no es consciente.

Al igual que sucedió en las anteriores ocasiones, esta nueva OEDE viene con su carga de errores que, a estas alturas, resultan ya preocupantes. La base de la reclamación la sustenta el juez Llarena en dos resoluciones: el auto de procesamiento del 2018 y su propio auto de 14 de octubre pasado. En la primera se procesa al president por rebelión y en la segunda se le reclama por sedición; obviamente, los dos pilares de la OEDE son incompatibles como se pondrá en evidencia en el momento que corresponda.

La nueva OEDE, que de nueva no tiene mucho, marca la casilla de corrupción en un nuevo intento de inducir a error a las autoridades belgas haciéndoles creer que estaría reclamando por uno de los denominados “delitos catálogo” que no conllevan revisar la doble incriminación, es decir, que no obligan a analizar si los hechos objeto de reclamación son delictivos o no en ambos países.

Como si nada de lo anterior fuese bastante, en esta ocasión se cursa una OEDE solo en contra del president Puigdemont, pero en los hechos de dicha orden se recogen las actividades, supuestamente ilícitas, del conjunto de su gobierno, pero no se reclama al resto de sus miembros actualmente exiliados. El juez Llarena, una vez más, introduce el denominado “principio de oportunidad”, que está prohibido en nuestro ordenamiento penal.

Junto a todo lo anterior, el “nuevo hecho” en que fundamenta esta OEDE es el dictado de la sentencia por parte del Supremo, pero, miren por dónde, es justo lo que no acompaña a la OEDE, privando así a las autoridades belgas de la posibilidad de comprobar los hechos, los razonamientos jurídicos y la concepción que el Supremo tiene de la “sedición” y la democracia e, incluso, hasta de poder corregir las faltas de ortografía y errores de sintaxis que contiene dicha sentencia.

Estamos no solo ante una nueva OEDE sino ante un procedimiento en el que se cuestionarán muchas cosas, incluso la base misma de la sentencia dictada por el Supremo

La emisión de esta nueva OEDE ha sido jaleada ardorosamente por algunos medios y todólogos que ni tan siquiera se han parado a pensar si fue o no una buena idea actuar tan precipitadamente o si es correcto, en el plano de la confianza entre estados, el omitir datos fundamentales como son, por ejemplo, la existencia de la sentencia de Schleswig-Holstein o la elección y proclamación del president como eurodiputado.

Las prisas que movieron al juez Llarena a dictar esta nueva OEDE serían, según sus propias palabras, la presunta intención del president Puigdemont de abandonar el territorio de la Unión Europea. Obviamente, tal intención nunca ha existido, sino que, más bien, se correspondía con diversos bulos o serpientes de verano que algunos se dedicaron a esparcir hasta que el magistrado del Supremo terminó por creérselos. La no adopción de ninguna medida restrictiva de la libertad del president es el mejor síntoma de que las autoridades belgas no compraron ese bulo.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el escenario que nos ha abierto el juez Llarena es inmejorable, porque mientras en España aún no se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, en diversas instancias europeas sí que lo harán a resultas de esta nueva OEDE. Es de bien nacidos el ser agradecidos y lo estamos.

En el seno de este procedimiento, que nadie debe esperar que sea rápido, se debatirán cosas tan relevantes como las que no se ha permitido debatir en el juicio ante el Supremo y, además, se entrará, de lleno, en asuntos que han generado una gran preocupación en dicho órgano jurisdiccional como es la ya mencionada sentencia de Schleswig-Holstein que, si bien no fue esgrimida en el juicio sí que ha sido citada en la sentencia para, de una parte, criticarla y, de otra, asumir su tesis respecto a la inexistencia del delito de rebelión.

Cuando se haga un análisis desapasionado de estos incesantes procedimientos de OEDE en los que se ha embarcado el juez Llarena, se comprobará que el peor de los escenarios posibles para la sentencia es aquel que vendrá de Europa y, especialmente, cuando se contrasten las garantías de debido proceso, la imparcialidad de los jueces encargados del caso, la vulneración de la inmunidad de los eurodiputados electos y proclamados, la vulneración sistemática de la presunción de inocencia y, en definitiva, como ha establecido el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que estamos ante un proceso arbitrario o, dicho más claramente, ante una persecución política.

El resultado de este procedimiento de OEDE, si es que esta vez nos dejan llegar hasta el final, será uno que excede el ámbito personal del president Puigdemont, que excede del ámbito personal de los exiliados y que, como siempre ha dicho Toni Comín, será el auténtico instrumento de rescate frente a la situación generada en España a nivel penal.

Esta vez discutiremos todo y, estoy seguro, el resultado gustará poco o nada a quienes sostienen que el derecho penal es el mejor camino para resolver los conflictos políticos y a quienes creen que la indisoluble unidad de la nación española está por encima de los valores democráticos y de los derechos y libertades públicas que tanto ha costado ganar.  

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