No son pocos los que dicen que España le debe mucho a Juan Carlos de Borbón, seguramente, la historia esté más preparada para determinarlo, pero si hay algo en lo que puedo estar de acuerdo es que en materia de derechos y libertades procesales igual podemos terminar agradeciéndole mucho. Me explicaré antes de ser linchado en las redes.

Pocas veces, más bien solo en este caso, se está viendo tan exquisito respeto por las normas establecidas en la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 sobre presunción de inocencia. Unos por convencimiento, otros por genuflexos, los más están siendo extremadamente escrupulosos a la hora de referirse a los actos del rey emérito… Sinceramente, si esta costumbre ha llegado para quedarse, entonces bienvenida sea, y demos las gracias al depuesto monarca.

A este respecto, caben dos posibilidades: a) se ha interiorizado el sentido y contenido de la Directiva 2016/343 de forma generalizada, o b) estamos ante un caso único en el cual el atavismo servil hacia la monarquía puede más que las evidencias. Sea como sea, creo que debemos alegrarnos de lo que estamos viendo, porque ello permitirá, luego, exigir el mismo comportamiento que estamos viendo en el caso de Juan Carlos de Borbón.

Si una persona, contra la cual aún no se dirige ningún proceso penal, puede cambiar de domicilio e irse a vivir al extranjero sin que se le llame fugado y sin que esa mudanza conlleve un gravamen adicional a su situación personal en el caso de que, posteriormente, se abra un proceso penal en su contra, entonces habremos avanzado en materia de derechos y libertades de todos. De ser así, y consolidarse dicho criterio, entonces bienvenida sea, esta nueva visión social del derecho a la libertad ambulatoria y demos las gracias al exrey.

Llevo años escuchando y leyendo el término fugado para referirse a mis defendidos Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, pero, ahora y gracias al retirado monarca, descubro que eso no era más que una confusión fruto de la ignorancia o la maledicencia, porque cambiar de domicilio antes de que exista una causa penal en su contra no es más que un nuevo gesto de sacrificio por España y los españoles.

Si alguien que vive fuera del Estado, como ocurre con Corinna, es citado a declarar ante un juzgado en un procedimiento penal y puede comparecer por videoconferencia sin que se niegue tal posibilidad ni se curse una orden nacional e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, se habrá avanzado en la implementación de normas procesales y marcos jurídicos comunitarios existentes hace más de una década. De ser así, además, estaríamos encaminándonos a un auténtico proceso de modernización de la justicia y todos, una vez más, deberíamos de agradecérselo al rey emérito.

Sería interesante poder ver cómo se va a enfocar este tema a partir de ahora y, por qué no decirlo, ver cuál es la opinión de aquellos que desde las altas instancias jurisdiccionales plasmaron negro sobre blanco que no existía previsión legal para lo que ahora sí existe, sin que, por medio, se haya producido ninguna reforma legal.

Juan Carlos de Borbón debe tener los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos, y el trato que se le dé a su caso ha de servir de medida para el que deba recibir cualquier otra persona que se vea enfrentada a “acontecimientos pasados de su vida privada”

En cualquier caso, lo importante no es que se le dé este trato a los asuntos del anterior rey, sino que el mismo se generalice, para que avancemos hacia una justicia moderna, democrática y respetuosa de los derechos y libertades de todos, especialmente de aquellos que son sujetos pasivos de un proceso penal.

Este y no otro sí que sería un gran aporte de Juan Carlos I a la sociedad española y quienes con tanto esfuerzo viven en una constante genuflexión hacia la monarquía podrían interiorizarlo para, de esa forma, parecer más ecuánimes y democráticos.

Han sido años de sonrisas, risas, desprecios, asedios, insultos, amenazas, descalificaciones y persecuciones infundadas por haber dicho que el derecho preveía y permitía todo lo que ahora está haciendo Juan Carlos de Borbón. Nadie rectificará, pero se hace evidente que cuando lo dijimos e hicimos no solo había razones para ello, sino, también, derecho en el que basarse.

No se trata de llevar el ascua a la sardina, sino, simplemente, de realizar un repaso sobre cosas que han pasado, que están pasando y a las que se les ha dado y está dando un tratamiento muy distinto al que está recibiendo el emérito, que, en lo que a mí respecta, tiene el mismo derecho a la presunción de inocencia y a la libertad de movimientos que cualquier otro ciudadano… pero tampoco más.

Juan Carlos de Borbón, como digo, debe tener los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos y el trato que se le dé a su caso ha de servir de medida para el que deba recibir cualquier otra persona que se vea enfrentada a “acontecimientos pasados de su vida privada”. La igualdad ante la ley consiste en eso y no en las excepciones que luego se inventen para justificar lo injustificable.

Si realmente quienes tanto loan a Juan Carlos I, y nos hacen creer que debemos estar muy agradecidos por su aporte y entrega a España y los españoles, son honestos, harán de este caso un ejemplo de cómo han de respetarse los derechos y garantías de todos.

Pero el problema, el auténtico problema en una sociedad cortesana, es que se termina justificando lo injustificable y aplaudiendo lo reprobable.

No me cabe duda de que garantizar los derechos y libertades del exrey es una obligación de todos, tanto de los poderes públicos como de los ciudadanos en su conjunto; sin embargo, para que esa defensa sea legítima y no se transforme en un nuevo privilegio, habrá de generalizarse a todos, absolutamente todos los ciudadanos, con independencia de su origen y las causas por las que se vean enfrentados a “acontecimientos pasados de su vida privada”.

En cualquier caso, y como la realidad poco se asemeja a los deseos, seguramente se perderá la oportunidad histórica de avanzar hacia una justicia democrática en la cual los ciudadanos tengamos idénticos derechos que los monarcas y, también, se privará a Juan Carlos I de la posibilidad de prestar un auténtico servicio a España, uno que vaya más allá de la institucionalización del régimen del 78.