Grandes titulares y mucho nerviosismo, eso es lo que veo y, sinceramente, me preocupa, porque creo que, en resumidas cuentas, no han entendido nada de lo sucedido en las últimas semanas en relación con el exilio y lo que poco a poco se ha ido consiguiendo.
Algunos, quienes de la confrontación han hecho un modus vivendi, no parecen comprender que nada ha sido casual, que todo estuvo perfectamente planificado y fue, luego, adecuadamente ejecutado y que de lo que ha ido sucediendo se pueden aprender importantes lecciones que permitirían avanzar en una democratización del sistema y, sobre todo, de la forma en que se administra justicia.
La sentencia de Lluís Puig es un documento para estudiarlo.
Pero no todo ha sido exclusivamente jurídico, no nos confundamos. También, en cuanto a las forma de hacer política se puede aprender, especialmente después de las comparecencias del president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) que debería ser, y con independencia de cuál sea el resultado final dentro de la Cámara, un ejemplo a seguir.
¿Qué nos ha enseñado la sentencia de Lluís Puig?
Básicamente que el arrogarse una competencia judicial sin que exista una norma que la respalde es una vulneración de derechos fundamentales de tal intensidad que impide la ejecución de cualquier euroorden (OEDE). La competencia no se resuelve a capricho ni por intereses políticos y saltársela es detectable y revisable por cualquier tribunal de la Unión Europea. Además, esas trampas tienen consecuencias, como se ha visto.
Esta sentencia, lo quieran o no, también tiene consecuencias mucho más allá de Lluís Puig. Las tiene respecto de los presos y del resto de exiliados, tanto a nivel del suplicatorio como, en caso de concederse, en la continuación del proceso de OEDE contra el president Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Pero más allá de las consecuencias con “nombre y apellido” en materia de competencia, para mí, la más relevante es que, finalmente, alguien ha puesto los puntos sobre las íes en materia de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia en relación con lo que establece la Directiva de la Unión 2016/343.
Este es el principal logro y eso tiene que ver con la inveterada costumbre reinante en el estado español según la cual todo dios se puede apuntar a “sentenciar” a cualquier persona, afirmar cualquier tipo de barbaridad respecto de ella y, además, dar por condenada a una determinada persona que aún ni tan siquiera ha sido enjuiciada.
Sin presunción de inocencia no hay proceso debido, es decir, no hay juicio justo y cuando eso sucede, lo que nunca se podrá establecer es una verdad jurídica que resista el paso del tiempo y el peso de los recursos
El caso de los exiliados ha servido para poner sobre la mesa algo que es habitual: las versiones policiales, fiscales o judiciales en el marco de una investigación, que se asumen como verdades reveladas, se difunden por los medios de comunicación y generan contundentes pronunciamientos de políticos y autoridades de todo tipo.
En el caso de los exiliados hemos llegado, incluso, a ver como mayoritarias asociaciones de jueces y fiscales han emitido hasta comunicados pronunciándose sobre personas y hechos que aún no han sido enjuiciados.
Todas estas vulneraciones se fueron acumulando y se pusieron sobre la mesa de la justicia belga desde noviembre de 2017 y en ese proceso no se ha hecho otra cosa que ir incrementando las evidencias hasta que las mismas resultaron intolerables para la Cámara de Apelaciones de Bruselas.
Ahora bien, nadie, absolutamente nadie puede decir que no advertimos de ello, porque ahí están las hemerotecas para desmentirles. Siempre avisamos de este riesgo y todo lo que conseguimos fueron sonrisas, risas o, incluso, insultos… Ahora todo son reproches hacia nosotros y hacia la justicia belga, pero los autores de esa vulneración siguen sin entender que la estaban cometiendo o, peor aún, les importa muy poco.
¿Cómo no ha de vulnerar la presunción de inocencia que una indocumentada eurodiputada llame fugado al president Puigdemont? Claro que es una vulneración y las consecuencias, más allá de los titulares, se verán más temprano que tarde.
La Directiva de la Unión Europea 2016/343 de presunción de inocencia es ley tan española como cualquier otra surgida de las Cortes; sin embargo, y puede que sea un problema de cultura democrática, a muchos les importa muy poco y no entienden que, paso a paso, nos van dando la razón comentario a comentario y que, nosotros, todos estos exabruptos los vamos acumulando y archivando para usarlos en el momento adecuado.
Sin presunción de inocencia no hay proceso debido, es decir, no hay juicio justo y cuando eso sucede, lo que nunca se podrá establecer es una verdad jurídica que resista el paso del tiempo y el peso de los recursos. En el caso del procés ha ocurrido esto desde el comienzo y, poco a poco, se van viendo los resultados: el peso de los recursos va dejando todo en evidencia.
La justicia ha de ser discreta, ha de ser pausada, ha de ser respetuosa de las garantías de los afectados y no puede prestarse a enjuagues ni juegos políticos que en nada le ayudan en su función tutelar.
Solo en España es posible ver que un día, por ejemplo el 18 de diciembre pasado, una juez emita una resolución judicial y la difunda a los medios para, una semana después, emitir otra diferente que es la que termina notificando a los afectados.
¿A qué responde este tipo de comportamientos? ¿Entra esto dentro de lo que ha de ser la correcta administración de justicia? ¿Se trata de una resolución judicial o, más bien, de un acto de exhibicionismo vulnerador de la presunción de inocencia?
Digo todo esto porque, en mi actual condición de procesado, es, justamente, lo que me ha tocado vivir y sigo sin recibir respuesta a estas preguntas por parte de quien cometió un acto que no se puede calificar de desliz… sino de vulneración del derecho a un proceso debido, a un juicio justo y, sobre todo, al derecho a la presunción de inocencia.
El uso político de los procedimientos penales siempre termina destrozando, primero, a los afectados, pero luego a la propia credibilidad del sistema y ya va siendo hora de que algunos jueces dejen la política y se dediquen a impartir justicia o, si es lo que les gusta, dejen la judicatura y se dediquen a la política… Lo que tienen que hacer es decidirse.