Las detenciones de la semana pasada en la denominada operación Volhov han venido a corroborar lo que algunos llevamos mucho tiempo diciendo: en determinados sectores del Estado se criminalizará cualquier tipo de actividad que pueda ser asociada al independentismo.

Con ese propósito y descartada, por ahora, una nueva rebelión o sedición, los delitos estrella serán la malversación de caudales públicos y el blanqueo de capitales. Dos tipos penales que, por su amplitud e indefinición, sirven de cajón de sastre para encajar casi cualquier comportamiento y, además, conseguir un doble efecto: criminalizar y enlodar.

Hasta ahora, lo que vamos sabiendo apunta en esa dirección y, sobre todo, en un uso desmedido, desproporcionado e indebido de los recursos públicos con la finalidad de engordar y engordar unas actuaciones que distan mucho de ser las normales de cualquier proceso penal en un estado democrático y de derecho.

De aquello a lo que hemos podido acceder, que no es todo ni mucho menos, se pueden extraer ya algunas notas características: primero, no se investigan hechos sino personas y, segundo, lo que se pretende es conocer sus actividades políticas más que cualquier otra cosa.

Estamos, pues, ante una investigación prospectiva que, más temprano que tarde, veremos que solo servirá para enlodar la reputación de los afectados y, de pasada, hacerse con un completo conocimiento de sus respectivas intimidades a través de sus teléfonos móviles y sus ordenadores.

Desconozco si el momento elegido para “explotar” la operación tiene alguna relevancia o no, pero es evidente que, a la vista de otros detalles, pronto terminaremos descubriendo que sí la tiene.

Anécdotas aparte, lo que sí resulta muy preocupante es el criterio o descriterio interpretativo de hechos y normas seguido en esta causa y eso es algo que marcará no solo la actualidad, sino el devenir de la propia investigación.

Que se considere plausible que Rusia haya siquiera pensado en enviar una fuerza expedicionaria para el caso de que se declarase la independencia es ya un hecho grave que merece un análisis sobre el tipo de personas que han dirigido tal investigación y alcanzado esas conclusiones

Mucho se ha dicho al respecto, pero creo que siempre conviene insistir en que el tema de los 10.000 soldados rusos no es un dato menor a la hora de analizar el proceso deductivo, intelectivo, el juicio de inferencia que ha realizado el juez instructor a la hora de adoptar medidas restrictivas de derechos tan gravosas como las detenciones padecidas, las entradas y registro sufridas o las incautaciones de teléfonos móviles y ordenadores.

Que un cuerpo policial considere que es plausible que una potencia mundial como Rusia haya siquiera pensado en enviar una fuerza expedicionaria a territorio catalán para el caso de que se declarase la independencia es ya un hecho grave, ajeno a cualquier racionalidad, y que merece un serio análisis sobre el tipo de personas que han dirigido tal investigación y alcanzado esas conclusiones.

Ni en medio de una ácida noche de delirio ninguna persona cabal podría pensar que Rusia va a entrar con 10.000 soldados en un país ubicado en la retaguardia de la OTAN sin que ello signifique, de entrada, una suerte de tercera guerra mundial.

Pero si esto es grave, mucho más lo es la actuación del juez de instrucción que no sólo asume tal delirio como un “indicio de criminalidad”, sino que es capaz de elaborar un razonamiento, lo llama jurídico, sobre dicha estrafalaria ensoñación.

Es el titular de la función jurisdiccional quien da carta de naturaleza al desvarío cuando, al referirse a los 10.000 soldados rusos, razona que: “De haber aceptado, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el Estado con un incierto número de víctimas mortales".  Además, como si eso no fuese bastante, este razonamiento lo califica de “indicio de criminalidad” que, luego, sirve de base para autorizar las entradas y registro.

Podemos estar de acuerdo que, en medio de una psicodelia, una invasión rusa en la retaguardia de la OTAN habría “conllevado un conflicto armado”, pero hay que matizarlo, porque no habría sido “en el Estado”, sino a nivel planetario y no “se habría producido un incierto número de víctimas mortales”, sino que las mismas se podrían calcular por millones.

Llegados a este punto debemos plantearnos: ¿qué es un indicio de criminalidad?

Debemos comenzar a preguntar cuánto dinero está costando esta guerra al independentismo, si esos recursos están siendo controlados y debidamente auditados, y, sobre todo, de qué partida presupuestaria sale y bajo qué criterios

Sin entrar en grandes explicaciones teóricas, basta con remitirse a la que, a estos efectos, nos aporta el Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española que lo define como: “Circunstancia que apunta a la existencia de un hecho probablemente delictivo («indicios racionales de criminalidad») y justifica la incoación de la investigación, su continuación o la exigencia de prestación de fianza para asegurar responsabilidades pecuniarias”.

Siguiendo esta definición, el incluir el desembarco de 10.000 soldados rusos en Catalunya como indicio de criminalidad no es ya un error sino un claro indicador de que en este procedimiento cualquier elemento indiciario que se pretenda usar ha pasado por el mismo filtro de irracionalidad que llevó a alucinar con un grupo de cosacos desfilando por la Diagonal.

Más claramente: si alguien es capaz de creerse y estructurar sobre la base de un delirio cualquier otro elemento que se exponga, tendrá la misma credibilidad… ninguna.

Llegados a este punto, y por mucha hilaridad que nos produzca, el tema es serio y lo que realmente tenemos que plantearnos es cuántos recursos públicos, bajo qué tipo de control y por parte de quién se están gastando en este tipo de procedimientos que solo persiguen una finalidad: reprimir en los juzgados aquello que no se consigue cambiar en las urnas.

Son ya muchos años, muchas causas penales y muchas investigaciones policiales teñidas todas del mismo sesgo y en las cuales ha existido un gasto ingente de recursos públicos que, por definición, son escasos y, por obligación, han de ser destinados a fines lícitos, no espurios.

Si de lo que se quiere hablar es de malversación, creo que debemos aceptar el desafío y comenzar a hacerlo abiertamente y hasta las últimas consecuencias.

Debemos comenzar a preguntarnos y, sobre todo, a preguntar cuánto dinero está costando esta guerra al independentismo, si esos recursos están siendo controlados y debidamente auditados, si están siendo asignados a actividades legales o ilegales y, sobre todo, de qué partida presupuestaria sale y bajo qué criterios.

Perseguir delitos reales es una finalidad legítima y a la que todo estado debe asignarle suficientes medios, perseguir personas es una actividad ilegítima y, por tanto, el destinar medios a ello no es otra cosa que la tan maltratada malversación de la que cada día se habla más.

Una causa, entre otras muchas, como la de los 10.000 soldados rusos nos cuesta una fortuna y es urgente, necesario y proporcionado averiguar cuánto dinero público se ha dilapidado en sus cuatro años de instrucción, especialmente teniendo presente que, al menos hasta ahora, no he visto a un solo cosaco desfilando por la Diagonal.