La represión, actuando en círculos concéntricos, va avanzando sin miramientos afectando no solo al primer círculo del ejecutivo independentista liderado por el president Puigdemont, sino que, como estamos viendo con una serie de procedimientos entre los que destaco el del Tribunal de Cuentas, va dejándose sentir, de forma contundente y lapidaria, sobre todos aquellos que de una u otra forma han formado parte de dicho gobierno, de dicho proyecto político y, también, sobre quienes les han ayudado e incluso defendido.
La actuación represiva, por vía de círculos concéntricos, es algo que vengo advirtiendo desde hace ya varios años y que muchos no quieren ver. Incluso, algunos pretenden descartar como un escenario real cuando, en estos momentos, existen más de 3.000 personas represaliadas que ni han sido incluidas en los acuerdos previos a los indultos ni pueden verse beneficiados por estos.
Los próximos meses, y siento parecer agorero, serán duros, pero no nos pueden sorprender, porque las claves para entender lo que vendrá han estado presentes, ante nuestros ojos, desde hace muchos meses y lo que ahora está haciendo el Tribunal de Cuentas no es más que otro ejemplo de cómo se implementará la represión para intentar solucionar un problema que no es jurídico sino político.
Se entremezclarán causas penales con procedimientos sancionadores administrativos y, también, el que sigue el Tribunal de Cuentas que es de una naturaleza mixta y de un escaso o nulo rigor técnico-jurídico, lo que permite arrastrar el bienestar personal de una serie de personas al ámbito de la arbitrariedad.
A diferencia de lo que ocurrió en la primera etapa de la represión —la surgida directamente después del 1-O—, en este caso la misma no vendrá ni gestionada ni dirigida ni coordinada por el ejecutivo central. Se trata de una represión que surge desde núcleos de poder incrustados en las diversas estructuras del Estado y que, haciendo uso y abuso del poder y de los recursos públicos de los que disponen, intentarán por todos los medios reprimir al mayor número posible de independentistas catalanes y de sus círculos de confianza.
No veremos una represión coordinada, no veremos directrices políticas detrás de dichas actuaciones represivas, pero sí veremos cómo unos pocos pueden hacer tanto daño con los recursos de todos y, peor aún, en nombre de todos. Es por ello que no veremos grandes declaraciones en torno al actual proceso represivo y sí mucha incomodidad e inseguridad a la hora de abordarlo por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez.
Los distintos procedimientos son solo el andamiaje jurídico que permite revestir de causas penales, administrativas o contables el fenómeno de la represión
La que comenzamos a experimentar es una represión que ni controlan ni pueden reconducir desde Moncloa sin antes abordar el auténtico problema español: el estructural, que es el que surge de una Transición inacabada que, ahora y bajo la excusa de la posible “ruptura de España”, está permitiendo el resurgimiento de quienes ni aceptaron la Transición ni han interiorizado las reglas del juego democrático.
Pensar que sin abordar el problema estructural se puede generar un espacio de seguridad jurídica donde el independentismo sea tratado como un asunto político y no judicial es no entender ni el problema ni las posibles soluciones que nunca se encontrarán ni vendrán de la mano de los tribunales españoles.
Desde el otro lado del problema, es decir, desde quienes sufrimos las consecuencias de la represión, abordarlo requiere, entre otras cosas, determinar la esencia del mismo para no perdernos entre un mar de detalles que, en absoluto, entran dentro de las claves que permitirán solventar las distintas situaciones generadas en los diversos procedimientos penales, administrativos y de derivación de responsabilidades contables que se están sufriendo.
Entrar a discutir si ha existido el hecho delictivo, si ha existido la malversación, si ha existido el gasto indebido y, de existir éste, cuáles serían las cantidades malgastadas es tanto como asumir la existencia de una base lógico-jurídica para dichos procedimientos que, bien vistos, no son más que excusas para reprimir. Los distintos procedimientos son solo eso: el andamiaje jurídico que permite revestir de causas penales, administrativas o contables el fenómeno de la represión.
Se trata de una represión que surge desde núcleos de poder incrustados en las diversas estructuras del Estado y que, haciendo uso y abuso del poder y de los recursos públicos de los que disponen, intentarán por todos los medios reprimir al mayor número posible de independentistas catalanes y de sus círculos de confianza
Solo desde el momento en que asumamos que todos estos procedimientos no son otra cosa que actuaciones represivas, podremos abordarlos desde una perspectiva defensiva adecuada.
Solo desde el momento en que asumamos que el único delito existente es el que cometen quienes reprimen sin base alguna, podremos abordar la represión desde una perspectiva defensiva adecuada.
Solo desde el momento en que tengamos claro que hoy van a por unos y mañana irán a por otros, podremos abordar la represión desde una perspectiva defensiva adecuada.
Solo cuando nos distanciemos lo suficiente de cada caso, podremos, con una panorámica del problema, ver que no estamos en presencias de hechos delictivos ni de hechos sancionables ni de cuentas inadecuadas sino de represión pura y dura.
Dicho más claramente: ni el president Torra desobedeció, ni Laura Borràs malversó, ni Lluís Escolà se aprovechó de recursos públicos, ni Josep Lluís Alay ha prevaricado ni malversado, ni Anglada, Suárez y tantos otros han gastado dinero indebidamente… Todos ellos, y muchos más, no somos más que víctimas de un fenómeno represivo que dista mucho de estar coordinado o dirigido desde el gobierno central y sí desde círculos de poder de marcado corte franquista que están aprovechando el momento político —y el “caso catalán”— para reprimirnos de forma que se genere una serie de precedentes y se infunda el adecuado miedo general y, así, conseguir no solo reconducir al independentismo sino, igualmente, sentar las bases para que dentro del propio estado español nadie ose pensar ni actuar distinto a como ellos creen que debe funcionar España… una, grande y libre.
Entrar a discutir caso a caso es entrar a hacerles el juego a los represores y nos arrastrará a todos a una situación que nadie quiere, pero que bien se asimila al viejo dicho de “algo habrá hecho”… Entrar en ese juego, en otros contextos, se llamaba colaboracionismo.