Lo que ha pasado, y seguramente está pasando, con la utilización de las vacunas contra la Covid por parte de un número no menor de autoridades y funcionarios públicos, no deja de reflejar un problema atávico y cultural respecto al uso que se les da a los recursos públicos… aparte de otros factores que se limitan al ámbito de la ética.
A nadie le cabe duda sobre la catadura moral de quienes, saltándose cualquier criterio médico y el turno que se nos ha podido asignar a todos los ciudadanos, se han vacunado. Lo importante, en este plano moral, es determinar cuántos y quiénes son los que han actuado de esa forma.
En lo que a la parte jurídica corresponde, creo que la búsqueda de una vía de exigencia de responsabilidades bien merece un análisis sosegado, serio y en el cual las normas, siguiendo los criterios establecidos en el Código Civil, sean interpretadas conforme al momento en que han de ser aplicadas.
Las complejidades técnicas, al menos en el ámbito penal, no son menores, pero habrá de comenzarse por establecer una serie de puntos de partida que puedan servirnos para alcanzar unas conclusiones adecuadas, ajustadas a derecho, democráticas y aplicables al caso.
La acción de colarse en los turnos de vacunación ha de ser analizada desde dos perspectivas: la propia vacunación y el cómo se consigue saltarse el turno adelantándose al resto de los ciudadanos.
Sobre el acto mismo de la vacunación, no podemos perder de vista que el hecho de que se trate de unos pocos miligramos de una medicina, en forma de vacuna, no puede desviarnos de la esencia del caso.
A efectos de determinar la esencia del caso, da lo mismo la magnitud de cada dosis inoculada a cada uno de estos parásitos sociales. Lo importante es tener claro que todas y cada una de las dosis de la vacuna tienen la consideración de recursos públicos que, claramente, forman parte del patrimonio público cuya administración, de una u otra forma, les fue encomendada en función de los distintos cargos que ocupan.
Dicho más claramente, quienes se han vacunado saltándose los criterios establecidos para la inoculación de la vacuna de la Covid lo que han hecho, entre otras cosas, es distraer recursos públicos de un uso determinado, en provecho propio y de terceros cercanos.
Lo sucedido es grave y no parece ser anecdótico, sino una forma de entender, asumir y abusar de los recursos y cargos públicos, solo que esta vez ni va del 3% ni de unos enchufes cualquiera, sino de la salud de todos nosotros, especialmente los más vulnerables
Además, en este caso debe tenerse presente no solo el valor económico de lo detraído, sino, también, el valor estratégico de cara a un programa de vacunación que, al menos según se nos ha dicho, sigue unos criterios que van en beneficio de la salud de todos los ciudadanos. Es decir, el valor de lo detraído no solo es económico, pero sí es cuantificable.
Las consecuencias de estos actos son mucho mayores que el costo económico de cada dosis detraída y basta para comprenderlo pensar, como ejemplo, en una persona concreta que se ha visto postergada en su vacunación por culpa de estos inmorales. Me imagino, en este caso, una persona de 80 años para la cual la vacuna puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
¿Lo pensaron ellos? ¿Pudieron representarse ese supuesto de hecho y sus consecuencias? En realidad, lo hayan hecho o no, lo cierto es que debieron y pudieron hacerlo.
El detraer unos concretos recursos públicos, destinados a unos fines específicos, no es la única incardinación que debemos tener presente en este caso, también es relevante pensar el cómo se pudo producir la acción de vacunación, porque es complejo imaginar que, por ejemplo, un cura, un general o un consejero de sanidad entraron a hurtadillas en un recinto público, sustrajeron unas dosis y se las inocularon.
Seguramente el proceso siguió otro curso de acción, lo que bien nos puede llevar a determinar la incursión en otro tipo penal.
Es perfectamente imaginable que quienes se han vacunado lo han hecho en uso y abuso de sus respectivas posiciones como autoridades o funcionarios públicos, que han ejercido dicha autoridad sobre funcionarios subalternos y que, además, lo han hecho en provecho propio y/o de terceros (familiares, amigos, etc.).
Pues bien, esa forma de acceder a las vacunas, saltándose el turno e imponiendo su rango o posición, sin duda que puede tener una relevancia penal y, para ello, no es necesario forzar ni la letra ni el espíritu de la ley; basta con interpretarla con sentido común y conforme al tiempo en que se demanda su aplicación. Cosa distinta es querer hacerlo porque, como digo, quienes se merecen esta sanción son personas con rango y/o autoridad.
Si se nos va a seguir pidiendo sacrificios a los ciudadanos, lo menos que podemos recibir a cambio es transparencia y que las responsabilidades que hayan de exigirse lo sean hasta las últimas consecuencias
Ahora bien, lo que no me cabe duda es que, de entrada, este tipo de comportamientos han de ser debidamente investigados, no pueden quedarse sin una mínima investigación, en un reproche moral genérico o solo en una exigencia de responsabilidad política.
Se trata de conductas graves en momentos complejos y que nos afectan a todos, absolutamente a todos los ciudadanos, pero cuyas consecuencias pueden ser muy graves para los más débiles, médicamente hablando, aquellos ante quienes tenemos una especial obligación de proteger como sociedad.
Excusas, razones y explicaciones para lo sucedido puede haber muchas, pero antes de recibirlas y mucho antes de aceptarlas, debemos conocer, hasta las últimas consecuencias, lo realmente sucedido, la dinámica comisiva y la magnitud del tema. Debemos, además, conocer todos los detalles y los nombres de todos aquellos que han actuado de esta forma porque, como poco, no son aptos para ocupar puesto público alguno.
Insisto, lo sucedido es grave y no parece ser anecdótico, sino una forma de entender, asumir y abusar de los recursos y cargos públicos, solo que esta vez ni va del 3% ni de unos enchufes cualquiera, sino de la salud de todos nosotros, especialmente los más vulnerables.
Hemos visto cloacas judiciales, policiales, políticas y periodísticas, pero ahora estamos ante una cloaca sanitaria, de la cual, una vez más, se han aprovechado los de siempre.
Al menos a mí, esta vez no me basta con unas concretas dimisiones, quiero datos, los quiero todos, y si se nos va a seguir pidiendo sacrificios a los ciudadanos, lo menos que podemos recibir a cambio es transparencia y que las responsabilidades que hayan de exigirse lo sean hasta las últimas consecuencias… Caiga quien caiga.