Cuando se está iniciando una nueva ola represiva, esta vez liderada por el Tribunal de Cuentas que no es otra cosa que un reducto en manos de la ultraderecha más rancia, la auténtica batalla entre libertad o fascismo se dará no en las urnas madrileñas sino en los tribunales europeos que, como siempre he sostenido, es el único sitio donde es posible descarrilar un proceso abyecto que ha consistido en la judicialización de la política, como si eso fuese a solucionar el conflicto.

En la medida en que el Tribunal Constitucional vaya desestimando los diversos recursos de amparo de los condenados en el juicio al procés, los afectados irán acudiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en cuyas manos está establecer la intensidad y diversidad de las violaciones cometidas a lo largo de ese procedimiento.

Paralelamente, y en defensa de los exiliados, pero sobre todo de los derechos y libertades de todos los catalanes, la batalla judicial en Europa no solo continuará, sino que se adentra en un terreno cada vez más inexplorado, pero sobre el cual tenemos una hoja de ruta bastante definida… siempre a salvo de las sorpresas/regalos que se nos van haciendo en esa loca carrera en la que algunos siguen empeñados.

No son pocos los que me preguntan de manera constante cuál es el escenario al que nos enfrentamos y, sinceramente, les entiendo porque no es sencillo seguir la pista de un laberinto que tiene diversas zonas o bloques de caminos pero que solo tiene una salida.

Por una parte, tenemos lo que podemos denominar el “paquete” de las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) que son solo una parte de todo el puzle, pero que no deja de ser un ariete importante dentro de todo el proceso de desmontaje de la represión.

De otro lado, y muy relacionado con lo anterior, tenemos el “paquete” referido a la inmunidad de los eurodiputados y que en gran medida va tremendamente vinculado al tema de las OEDE.

Cuando iniciamos este camino, nos avituallamos con lo único que nos serviría para llegar hasta el final: una buena brújula que nos marca las coordenadas de los derechos fundamentales y el derecho de la Unión

Respecto a las OEDE, la cosa se complicó a partir de las prejudiciales cursadas por el juez Llarena que, sin medir las consecuencias de tal paso y cual “lost in translation” cursó siete preguntas que, sin duda, terminarán explotándole por el lado que menos espera pero que, entre otras cosas, nos han servido para ganar tiempo y para poder entrar a debatir, a nivel judicial europeo -ese que tanto les incomoda-, algunos aspectos que no podíamos plantear en la defensa de la inmunidad de los eurodiputados.

Mucho se ha argumentado sobre la admisión a trámite de esas prejudiciales; en realidad hay quienes siguen viviendo en torno a un relato, pues no existe un trámite de “admisibilidad” en materia prejudicial y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) solo le cabía tramitarlas o decir a Llarena que se trataba de una materia ya zanjada, con el bochorno que ello hubiese conllevado.

En cualquier caso, y a los efectos de lo que aquí me interesa, la tramitación de estas prejudiciales y por el cauce de los procedimientos ordinarios, es decir, ni acelerado -como pretendía Llarena, ni de urgencia como también permite el Reglamento del TJUE, solo este procedimiento prejudicial conllevará más de un año de tramitación.

Pero es que estas cuestiones prejudiciales conllevan, además, otros efectos que, estoy seguro, no fueron previstos por parte de quien haya diseñado esta “estrategia”, como es la paralización del procedimiento del que traen su origen; dicho más claramente, las OEDE quedan paralizadas desde la remisión de las prejudiciales sin que las mismas sean ejecutables en ningún sitio… bueno, en ningún sitio de Europa pero teniendo presente que el continente, en materia de derechos y libertades, comienza más allá de los Pirineos.

Es decir, no solo se nos abrió una ventana temporal con la que no contábamos -y que agradecemos-, sino que, además, se nos regala un espacio de libertad de movimiento amplio por igual lapso temporal, lo que nos permite, con la tranquilidad que ello representa, el poder continuar la batalla jurídica en lo que a la defensa de la inmunidad respecta y que se dará ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

La decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad a los tres eurodiputados, junto con ser extravagante o justamente por serlo, es recurrible en un procedimiento de nulidad ante el TGUE y, para ello, hay algo más de dos meses desde su dictado… pero tranquilidad, estamos en ello.

Ahora bien, resulta que el TGUE no solo tiene que dictaminar sobre tan arbitraria decisión, sino que, al mismo tiempo, tiene abiertos otros dos procedimientos que se plantearon ya en 2019 y que guardan directa relación con la defensa de la inmunidad de los eurodiputados, lo que implica que diversos aspectos de esa misma protección serán resueltos, probablemente, en sentencias distintas.

Mientras todo esto va sucediendo, como ya digo, las OEDE no serán ejecutables por mucho que el juez Llarena se haya olvidado de informar a sus colegas escoceses y belgas del innegable hecho de que ha cursado las mencionadas prejudiciales; como él no lo ha hecho, ya estamos nosotros para informarles de algo que, dentro del espíritu de cooperación leal y confianza mutua, era lo primero que debió hacer.

Los temas por discutir en el TJUE no serán pocos, incluso algunos serán de interés para muchos países de la Unión Europea cuyos ordenamientos pretende reformular el juez Llarena a partir de esas prejudiciales, pero, sobre todo, los temas a discutir en el TGUE no serán ni menos ni poco relevantes y entrarán de lleno a generar un escenario que en nada favorecerá a las expectativas represivas de quienes ven en los Tribunales la solución a los problemas políticos.

Si antes teníamos un circo con tres pistas, España, Escocia y Bélgica, ahora, y siempre gracias a los regalos que se nos van haciendo, tenemos uno con una multiplicidad de pistas (España, Escocia, Bélgica, Luxemburgo y Estrasburgo) que refleja, en cualquier caso, que la única vía para desmontar la lawfare generada a partir de la judicialización de la política era la internacionalización del problema.

Lo interesante de todo es que, seguramente, el mayor de los problemas de los “ingenieros” que han diseñado la estrategia represiva es que no han previsto una serie de cosas para las cuales llevamos años preparados y, más temprano que tarde, han sido ellos quienes nos han ido colocando las piezas del puzle allí donde las necesitábamos.

Cuando de niños montábamos puzles siempre lo hacíamos mirando a la foto de la caja; en casos como este ni hay caja ni hay foto a la que mirar para copiarla. Estamos ante un puzle sin modelo a seguir o ante un escenario inexplorado en el que lo único que sirve es una buena brújula, esa que algunos perdieron al judicializar la política y otros jamás han tenido.

Por nuestra parte, cuando iniciamos este camino, nos avituallamos con lo único que nos serviría para llegar hasta el final: una buena brújula que nos marca las coordenadas de los derechos fundamentales y el derecho de la Unión por lo que, a nuestro ritmo, saldremos del laberinto por la única salida que existe mientras otros se perderán irremediablemente en los vericuetos de sus propios relatos.

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