“La judicatura también puede desplegarse para llevar a cabo tácticas duras”
Levitsky y Ziblatt

El golpe diabólico de las derechas a los órganos constitucionales del Estado se ha cerrado sobre sí mismo, en un círculo demencial, en el que el Partido Popular está siendo apoyado por todos los peones que previamente ha colocado en las instituciones. Las democracias “se erosionan lentamente, en pasos apenas apreciables”, dicen los afamados politólogos norteamericanos autores de Cómo mueren las democracias y también que los partidos políticos son los guardianes de las democracias, los encargados de que esto no suceda. Es evidente que el Partido Popular, con Casado o con Feijóo, ha renunciado a jugar ese papel y se ha convertido en un actor más en la subversión del orden constitucional que afirma defender. Dime de qué presumes…

La Constitución Española ORDENA que en este mes de este año se renueve un tercio de los miembros del Constitucional cuyo mandato ha caducado. Lo ordena. No es un derecho que asista a aquellas instituciones llamadas a hacerlo legalmente, sino que es un mandato que deben cumplir. Ese mandato exige que el Gobierno designe a dos nuevos miembros y el CGPJ a otros dos. Volveremos a repetir que esto no es un reparto de cromos, que el TC aunque se llame así, no forma parte de los tribunales de justicia ni del Poder Judicial, que es otra cosa: un órgano creado por la Constitución para su interpretación, es decir, un órgano que con reflejo de la sociedad interprete en su contexto los artículos de la carta magna. Esa interpretación es política, reflejo de la sociedad y del tiempo que se vive, y por eso los designadores son directamente el Gobierno, el Congreso, el Senado y el CGPJ, es decir, los tres poderes del Estado. No hay nada que discutir aquí.

Pues bien, la derecha y sus antenas colocadas en las diversas instituciones han decidido que esa renovación que por mandato corresponde al Gobierno de dos magistrados —lógicamente con una visión del mundo y una sensibilidad acorde a las mayorías que votaron los españoles— no se va a producir, excepto que se cumplan sus condiciones que, además, son diabólicas, ya que consisten en que el CGPJ —el órgano constitucional que mantienen secuestrado y congelado en su mayoría conservadora desde hace más de tres años— pueda volver a nombrar, según su criterio conservador, a más de 60 cargos judiciales que deberían haber sido nombrados constitucionalmente por un CGPJ renovado. En resumen: que el PP decidió en su día que no iba a “entregar” el CGPJ a la mayoría resultante de las elecciones generales y ahora tampoco va a “entregar” el TC a la mayoría progresista a la que corresponde. En resumen: que el PP ha decidido sojuzgar y violar los mandatos constitucionales para que no lleguen a las instituciones aquellos que por derecho deberían hacerlo. Para ello se está valiendo de las más arteras de las trampas y de una pinza de chantajes institucionales que sus terminales togadas están contribuyendo a hacer.

El PP ha decidido sojuzgar y violar los mandatos constitucionales para que no lleguen a las instituciones aquellos que por derecho deberían hacerlo

Así es como el presidente saliente del Tribunal Constitucional González-Trevijano está usando de forma soterrada el poder que aún mantiene para impedir la renovación en la que saldría él y otros tres magistrados con mandato caducado. Síganme en el círculo diabólico. El Gobierno está dispuesto a nombrar los dos magistrados que le competen en tiempo y forma, aunque el CGPJ en principio no podía hacer lo propio. Surgen entonces las voces jurídicas que dicen que “la Constitución dice que se renovará por tercios así que si no se nombra a todo el tercio, a los cuatro, no puede haber renovación”. El Gobierno tiene un informe jurídico que apoya que no tiene por qué ser así —y una sentencia del propio TC que así lo recoge— y estaba dispuesto a tirar para adelante con el nombramiento, pero según las fuentes internas que bien lo saben, el propio González-Trevijano le habría hecho saber al Gobierno que si hacen esos nombramientos no se va a permitir que tomen posesión. Para ello podría utilizar un par de maniobras aparentemente legales pero que suponen un bloqueo institucional con condiciones, un chantaje, vamos. Una sería no convocar pleno para recibir a los designados hasta que el CGPJ no hiciera sus dos designaciones —que van a bloquear— y la otra sería convocarlo, pero no darles el placet. La ley sólo contempla que el pleno del Constitucional revise los requisitos formales de los candidatos pero no que el pleno decida si un órgano constitucional como el Gobierno puede ejercer su potestad de nombrar sin “pactar” su agenda con un Poder Judicial con un mandato caducado.

Así que el Gobierno no ha aceptado el reto y parece haberse plegado a la imposición, y va a legislar para levantarle la prohibición al CGPJ de hacer esos dos nombramientos. Y ahí es donde sigue el golpe y el chantaje: el CGPJ, su presidente caducado y su mayoría conservadora caducada, se niega a hacer esos nombramientos si no se desbloquea la posibilidad de seguir nombrando magistrados para los tribunales de justicia.

Véase la okupación de las instituciones decretada por el PP. No han permitido la renovación desde hace tres años del CGPJ y no van a permitir la renovación ahora del Tribunal Constitucional, consiguiendo que ambos órganos constitucionales continúen con las mayorías conservadoras derivadas de las elecciones que en su día ganó Mariano Rajoy. Porque el PP ha decretado que los magistrados que puedan designar las fuerzas que componen el gobierno no son dignos ni deben entrar en las instituciones y que sólo los que comparten su visión del mundo pueden hacerlo. ¿No es eso un golpe soterrado? Es tanto como afirmar que gane quien gane formalmente las elecciones, las instituciones del Estado sólo pueden contener a los próximos a una ideología conservadora, así que los ciudadanos con otras sensibilidades (progresistas, izquierdistas, soberanistas, nacionalistas) nunca podrán ver cómo su visión del mundo obtiene mayorías en los órganos que supervisan el funcionamiento de las cámaras y hasta del propio gobierno. El resultado es que sólo una forma de ver la sociedad tiene posibilidades reales de entrar en las instituciones puesto que hay un ejército de altos funcionarios dispuestos a llevar a cabo “tácticas duras constitucionales” para impedir el juego de relevos y alternancias que la propia Constitución prevé.

¿Qué más da quién salga de las urnas si todos los contrapesos institucionales previstos son secuestrados por una única ideología que cerrará el paso a cualquier reforma o gobernanza que no sea la que ellos determinen?

Así es como mueren las democracias y la nuestra está en un proceso cada vez más preocupante. Apuesto a que el PP no tiene ninguna intención de permitir los cambios en ninguna de esas instituciones hasta que no haya unas elecciones que piensan ganar ellos. Si eso sucede, perseguirán y acosarán al PSOE, con un alto coste, para que entonces sí, se pacte una renovación que les vuelva a ser propicia y el tiempo en el que los electores decidieron que fueran los progresistas quienes gobernaran habrá sido neutralizado. Al PP no le pasa factura pero a los socialistas se la pasaría. Esa es la diferencia.

Lo más jodido es que no hay muchas formas de solucionarlo. El tema es complejo y no alcanza en su profundidad y anomalía a la mayoría de la sociedad que está en sus cosas. Por eso ahora los golpes se dan así, porque gran parte de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que está sucediendo. 

Es diabólico, es indignante, es peligroso. Al menos hay que decirlo.