Ha llegado el momento de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Y que le demos la razón, porque la tiene, a Soraya Sáenz de Santa María. Si la mayoría parlamentaria independentista no sabe ponerse de acuerdo para restaurar en la presidencia a Carles Puigdemont, tal y como habían prometido a los electores, que lo dejen. Que terminen ya, porque el ridículo hace demasiado tiempo que dura. Hay una señora, la hija del policía, la fille du régiment, Doña Inés Arrimadas, que está dispuesta a asumir la presidencia de la Generalitat. Aunque no tenga suficientes votos en la cámara catalana, desde la Moncloa pueden imponerla legalmente, al fin y al cabo, y gracias a la genial idea de presentar a Esquerra Republicana separada de Junts per Catalunya, el partido de Ciudadanos ha sido, efectivamente, el más votado. Si el independentismo político ha decidido entretenerse en bizantinas discusiones legales porque tiene miedo y no se atreve a llevar a cabo lo que prometió a los electores, que el españolismo ocupe ahora la muy honorable silla de Pau Claris y de Francesc Macià. Si los diputados independentistas se dan por vencidos y quieren suplicar clemencia a Madrid, que se retiren y que molesten cuanto menos mejor. Que se encierren en casa y que hagan pucheros. Que colaboren con los que tampoco quieren ver a Puigdemont nuevamente en la presidencia. Incluso, como gesto de buena voluntad y de completa sumisión, podrían votar a la diputada Arrimadas para agacharse, aún, con más convicción a la legalidad vigente. Quizás así algunos mantienen el cargo. No sería la primera vez que la Generalitat es gobernada por el españolismo, como cuando después de encarcelar al presidente Companys en 1934, el Gobierno de España designó personalidades como Francisco Jiménez Arenas, Manuel Portela Valladares o Joan Pich i Pon como gobernadores generales de Catalunya. O cuando Alfons Sala fue nombrado presidente de la Mancomunitat de Catalunya durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera.

Si de lo que se trata es de gobernar una Generalitat autonómica dentro de la legalidad vigente, Doña Inés Arrimadas lo puede hacer mucho mejor, sobre todo porque cree en España y en la Constitución Española. Si Marta Pascal, a la que Carles Puigdemont no quiso en las listas de Junts per Catalunya, cree ahora, de repente, que el independentismo puede aceptar la legalidad vigente es que ni cree en el independentismo ni tampoco cree en la legalidad española. Y que, por lo tanto, es doblemente indigna de confianza. La legalidad española tal y como hoy se entiende es la pura y simple arbitrariedad y el Gobierno absoluto de Moncloa en nuestro país. Nunca había sido neutral, ciertamente, pero ahora la legalidad española ya es otra cosa mucho más temible. Quiere que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se pudran treinta años en prisión. Quiere castigar a Carles Puigdemont peor que a un terrorista para escarmiento público. Persigue sin disimular al independentismo político, el devastamiento de la escuela catalana, de tevetrés y de los otros medios de comunicación públicos, persigue la protección y preeminencia de la lengua catalana, la capacidad legislativa y política del Parlamento catalán, la construcción de un Estado Catalán que no gobierne en contra de la voluntad mayoritaria de los catalanes. Para que suceda esto sin que nadie haga nada positivo y, encima, tener que ver a Marta Pascal encogiéndose de hombros, mucho mejor la sonrisa satisfecha y vengativa de Inés Arrimadas. Al menos que el autonomismo sea gestionado por autonomistas. La legalidad española es precisamente lo que el independentismo político había prometido desobedecer pacíficamente y democráticamente ya que el derecho a la desobediencia cívica es la única respuesta digna y posible ante la persecución de Catalunya, de los derechos de sus ciudadanos y de la correcta administración de su dinero. Precisamente, por desobedecer cívica y pacíficamente esta legalidad española muchas personas salieron a la calle el pasado 1 de octubre, reclamando el derecho democrático a votar, a decidir civilizadamente cuál debe ser el futuro para nuestra nación. Y no para volver a la estafa de la autonomía. Si ahora lo que se trata es de regentar una Generalitat convertida en una simple gestoría, en una diputación general, Inés Arrimadas es la mejor opción. Además es una persona cabal. Y de orden, como aquellos viejos convergentes que nunca morirán. Cuando todo esté bien desmantelado y deshecho, tengan la seguridad de que, antes de cerrar la puerta con siete llaves, esta dama apagará la luz,