García-Castellón, ese martillo de herejes al que Xavier Trias anima a hacer política directamente, dado que hacerla desde la justicia es una perversión delictiva del oficio, es la metáfora de la podredumbre de la democracia española, a unos niveles de principio de Peter que se superan día a día. No se trata solo de su obcecación al perseguir al president Puigdemont, a quien ha convertido en objetivo de una cacería obsesiva, sino de la complicidad que recibe de todas partes, desde el poder mediático hasta el poder político, pasando por una sociedad civil, que —como se demostró durante la represión del procés— ha perdido completamente todo sentido crítico. Lisa y llanamente, a casi nadie —con honrosa excepción de la vicepresidenta Teresa Ribera— le preocupa el enorme edificio de lawfare que ha construido este Joker con toga, que va sumando todo tipo de irregularidades severas, siempre en la misma dirección del españolismo derechista con ínfulas de justiciero.
Todo es una suma de despropósitos, o lo sería en una democracia seria, donde resulta inimaginable que un juez pueda acumular tantos indicios de decisiones ideológicas en detrimento de la justicia, no solo con respecto al independentismo, sino también a las posiciones de izquierda, siempre justiciero con Podemos y benevolente con la corrupción del PP. Pero en el caso de Catalunya, gana méritos a espuertas. Por una parte, ha tenido años congelado el proceso del Tsunami, a la espera de activar la bomba retardada en el momento políticamente más oportuno, tal como ha demostrado sin demasiados complejos. De hecho, ha llegado a reconocer la barbaridad de que empezó a investigar a Puigdemont cuando el PSOE y Junts negociaban la investidura, y seis días después de la famosa reunión entre Santos Cerdán y el president en el exilio. ¿En qué momento de la carrera judicial se explica que se pueden realizar investigaciones prospectivas forzadas por negociaciones políticas? Este sería el primer punto de la definición universal de lawfare: actuar en función del calendario y de la intencionalidad política, y no de la lógica judicial. Además, durante este largo proceso, según denuncia el abogado Gonzalo Boye, el juez ha agotado plazos, no ha respetado los procesos de instrucción —como, por ejemplo, no tomar declaraciones a los imputados durante el proceso de instrucción, o hacer aparecer testigos de la chistera, como si fueran conejos— y las prórrogas se han impuesto de forma irregular. Por este motivo, asegura Boye en su recurso que "todo lo que se ha acordado como diligencia de instrucción y actuado con posterioridad al 29 de julio de 2021 es nulo de pleno derecho". Y si nos atenemos a las últimas noticias, ha esperado a conocer el acuerdo de las enmiendas de la amnistía para buscar un nuevo argumento rebuscado que pudiera dejar fuera a Puigdemont y a su círculo, fuera de la amnistía. Realmente, es un Maquiavelo de pata negra.
A casi nadie le preocupa el enorme edificio de lawfare que ha construido este Joker con toga
Pero, ¿en España realmente importa que toda esta instrucción sea nula de pleno derecho, como asegura Boye? Si uno mira las portadas de la prensa, las dos posturas, a ambos lados del puente aéreo, se alimentan mutuamente: en Madrid, lo enaltecen y lo convierten en un guerrero frente a las pérfidas huestes independentistas. Y en Catalunya, salvo en este medio y en alguno otro honorable, optan por el silencio cáustico, como si las acciones del juez García-Castellón no fueran altamente preocupantes. Y si la prensa se mantiene en posiciones vergonzosas, como siempre en la cuestión que afecta al procés catalán, la política bascula entre las maniobras del PP, que ha convertido la amnistía en el enésimo anzuelo de votos —es la versión actualizada de las campañas contra el Estatut o el catalán en la escuela—, y una tenue y acomplejada censura del PSOE, tan nimia que parece una broma. El hecho es que los partidos políticos españoles, con la única excepción de Podemos —tan menguado como partido que no tiene ninguna influencia—, aceptan la cruzada contra Puigdemont que ha iniciado un juez de la Audiencia. Y finalmente no existe la masa crítica española, convertida en un rebaño y no en ciudadanía pensante. De la máxima institución del estado no hace falta mucha reflexión. Desde el 3 de octubre, los catalanes sabemos perfectamente que el rey avala completamente la represión contra el independentismo; de lo contrario, los Fernández Díaz, las cloacas y los jueces justicieros no habrían osado nunca llegar tan lejos.
Considerar el movimiento de protesta del Tsunami como un acto de terrorismo es una barbaridad equiparable a considerar rebelión el procés catalán. Y todos los movimientos a la desesperada que ha hecho este Joker con toga, congelando el proceso, ampliando plazos de cualquier forma, buscando muertos y heridos por todas partes, inventándose testigos aparecidos con fórceps y adecuando todas las decisiones de la instrucción al calendario político, con la única intención de impedir la amnistía, es el paradigma de la justicia convertida en un instrumento de represión. García-Castellón quiere cazar a Puigdemont a la embestida, arrasando con todo. El problema es que a una España no le importa, y a la otra le va bien. Apoyo y silencio, las dos caras de la complicidad.