Ahora que, con las últimas bombas en Irán, estamos ya todos, en pocas horas (esto cada vez es más rápido), debidamente polarizados (¿tú eres del ‘sí a la guerra’, del ‘no a la guerra’, o de la variante pedrosanchista del #No24h?) y te salen los expertos en geopolítica de debajo de las piedras, quiero hacer algo revolucionario, rompedor: trascender la inmediatez de la actualidad y viajar hasta un pasado tan remoto como… ¡la semana pasada! Seguramente no recordaréis, por lo lejano que nos suena, eso de la desclasificación de los papeles del 23F, ¿verdad? ‘Esto ahora ya no toca’. Pues yo sostengo, por el contrario, que sí toca, y mucho. Especialmente aquí, en tierras catalanas.
También hace unos días, a raíz de la desclasificación del 23F, nos polarizamos todos muy rápidamente. Como de costumbre, los bandos principales eran dos: a unos les parecía fantástico lo que se ha revelado (¡más transparencia!); a otros, muy pocos (¡una nueva maniobra de propaganda!). Muy pocos, sin embargo, resaltaron, pasándolo al primer plano (más allá de un añadido del tipo ‘está bien, pero…’) y, ¡anatema!, analizándolo un poquito (¡solo un poquito!) a fondo lo verdaderamente relevante: no el tema, sino el meta-tema: ¿cómo puede ser que en una democracia de un Estado miembro de la UE como la española (una democracia homologable, vaya) permanezca en vigor, con tanta desfachatez, una ley de secretos oficiales franquista como la de 1968 (si vais al BOE y la buscáis, veremos, al final, la rúbrica ‘Francisco Franco’)? Una ley que permite al Gobierno, sin ningún límite sustancial de tiempo, forma y contenido, hacer, con los secretos de Estado, lo que le dé la gana, cuando le dé la gana. ‘¡Esto no pasa en ningún sitio!’, hemos oído decir a los pocos que le prestaban atención. ‘¡Hay que remediarlo!’. ‘Ya hemos presentado una proposición de ley para avanzar en la profundización democrática en España’, decía el otro. Parece, no obstante, que estos intentos tan bienintencionados (como siempre, provenientes más de los nacionalismos ‘periféricos’ que ‘de las izquierdas’) se encallan en el trámite parlamentario madrileño. Ya es mala suerte. Siempre se encallan el mismo tipo de cosas, en la capital del reino.
¿Cómo puede ser que en una democracia de un Estado miembro de la UE como la española permanezca en vigor, con tanta desfachatez, una ley de secretos oficiales franquista como la de 1968?
¿Pero qué novedad voy a contar al lector que todo esto ya lo sepa? Pues un matiz nada menor (al diablo lo encontramos, siempre, en los matices; leed, si no lo creéis, El Doctor Faustus, de Mann): sostengo la tesis de que el hecho de que en 2026 (¡2026!) permanezca, en España, una ley ideada por los expertos franquistas del ‘legalismo’ (que no hay que confundir nunca con ‘legalidad’ entendida como Rule of Law) y que permite al ejecutivo abrir las compuertas del 23F cuando y hasta donde le conviene (¿cómo podemos saber que se ha desclasificado todo?) o cerrarlas bajo mil llaves con temas más recientes y espinosos como Pegasus (por eso decía que este tema debe interesar, y mucho, en tierras catalanas) no es, en absoluto, una fatalidad, un ‘descuido’ de la Transición. Es, por el contrario, marca de la casa, uno de los eslabones que han permitido que algunas palancas del régimen anterior a 1978 sigan funcionando a pleno rendimiento bajo un decorado aparentemente democrático.
Cuando empleo el plural al referirme a ‘eslabones’, lo hago con plena conciencia: hay más de uno, y de dos. Si os fijáis, las pocas veces que alguien aborda alguno, suele añadir ‘es extraordinario’, ‘no pasa en ningún sitio’, ‘hay que remediarlo’, como si fuera una fatalidad puntual susceptible de ser extirpada sin afectación para el resto del organismo. Casi nadie hace lo que habría que hacer: enumerarlos, de corrido (a la vez, al mismo tiempo), todos. ¿Lo hacemos? ¡Venga!: centros de poder económico heredados del franquismo, una constitución absolutamente imposible de reformar en los temas clave, un régimen electoral escandalosamente tendencioso, un Tribunal de Cuentas que nadie sabe exactamente por qué actúa o deja de actuar, las funciones exorbitantes y a menudo sesgadas del Constitucional, unos aforamientos desbocados, la imposibilidad de condenar a un juez por muy gorda que la haga, la existencia anómala de un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional… y sí, también, la ley franquista de secretos oficiales de la que hablo hoy. ¡Cuántos ‘descuidos fatales’ que se nos pasaron por alto! ¡Cuántos pequeños detalles que corregir! Pero la pregunta clave que debemos hacernos es esta: ¿cómo puede ser que un país se sienta cómodo, en pleno siglo XXI, y pueda seguir funcionando con normalidad con todo este lastre de anomalías en el zurrón? ¿Es necesario que conteste? Por todo esto, y mucho más, podemos decir —sin temor a equivocarnos ni a exagerar— que ha sido, de hecho, Franco quien, renaciendo de entre los muertos, ha desclasificado hace unos días parte de los secretos de unos hechos protagonizados por aquellos que, a su vez, lo querían también resucitar alrededor de 1981. El intento de 1981 fracasó, pero el de 2026 ha sido todo un éxito.