El Gobierno español ha desvelado sus primeras cartas en el nuevo escenario político abierto en Catalunya después de la presentación en el Parlament de una resolución que pretende ser el inicio del proceso de la desconexión con España. Una vez el Tribunal Constitucional ha autorizado el debate en el pleno del Parlament del próximo lunes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que la resolución del TC deja margen suficiente para considerar que la presidencia de la Cámara catalana ha vulnerado la legalidad al permitir que se incorpore al orden del día la votación de una resolución claramente inconstitucional y de desobediencia del marco jurídico español. Si hacemos caso a esta advertencia/amenaza, el Gobierno podría adoptar a principios de la próxima semana dos tipos de decisiones: que el TC suspenda la aprobación de la resolución, con el objetivo de dejarla en papel mojado. Y, en segundo lugar, instar al TC o a la justicia ordinaria a través de la Fiscalía General del Estado a actuar directamente contra los responsables de que la resolución haya ido al pleno del Parlament. En esta situación estarían los miembros de la Mesa del Parlament que la han aprobado (Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet, los cuatro de Junts pel Sí), no así los tres que se han opuesto de C's, PSC y Catalunya Si que es Pot.

En las últimas horas, los dos bloques en litigio han sacado músculo político para hacer evidente su determinación. Junts pel Sí ha sido capaz de acordar con la CUP un anexo de nueve puntos a la resolución que desarrolla los acuerdos en materia de política social. Es el segundo documento en la misma semana pactado entre ambas fuerzas políticas. El Gobierno español ha vuelto a dejar claro, por su parte, que su respuesta será contundente y que cuenta con el aval político del PSOE de Pedro Sánchez y también el de la fuerza emergente de Albert Rivera, Ciudadanos. Estamos, por tanto, en vísperas de decisiones muy importantes, seguramente trascendentes y drásticas, en el terreno político y judicial y a las que se ha llegado sin que el Gobierno español haya demostrado desde el 2012 ninguna voluntad de diálogo. Inicialmente ni sobre un pacto fiscal y más tarde ni sobre la aceptación de un referéndum, ni sobre la reforma de la Constitución que recogiera el derecho a decidir de los catalanes.

El ruido político y mediático va a ser muy alto. Y no deja de ser curioso que la edición internacional de The New York Times haya llevado a su portada, en la edición del viernes y en pleno conflicto, que la imparcialidad o profesionalidad de la prensa española está en riesgo o muy en duda fruto de las presiones gubernamentales. Claro, lo que dice el The New York Times, en este caso, ha interesado poco en la prensa escrita de Madrid y en los principales diarios de Barcelona.